Naturas contrataca

Cuatro empresas en Uruguay incineran residuos hospitalarios a pesar de no contar con autorización del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), otras dos están en trámite y la restante Naturas fue habilitada, a pesar de lo cual no está operativa.

El empresario de Naturas SA, Carlos Celis, denunció que su compañía está sufriendo un «complot» y lo relaciona con la competencia desleal que realizan las empresas «ilegalmente instaladas», las que en su opinión serán «clausuradas» una vez que su emprendimiento comience a operar en Canelones.

Celis señaló que los pobladores de la zona, en su mayoría productores, se enteraron de la instalación de la usina luego que apareció «una persona anónima» (que Naturas tiene identificada pero prefiere mantener su nombre en reserva). Fue algo similar, dijo, a lo ocurrido en el barrio Nuevo Capra de Montevideo donde «otro desconocido» provocó «alarma y conmoción» asustando a la gente, lo que en definitiva llevó a la Intendencia capitalina a no permitir la instalación de la usina procesadora de residuos hospitalarios.

El ejecutivo considera que los vecinos de Nuevo Capra como los productores de la zona de Canelones cercanas a las rutas 8 y 11 sufren lo que internacionalmente se conoce como «Síndrome de Nimby», sigla que en su traducción se traduce como «no en mi patio trasero». Esto se basa fundamentalmente, explicó Celis, en el «desconocimiento lógico» que puede tener la población sobre el tema. «Por otro lado hubo omisión nuestra y de las autoridades en brindar información y a esto se suma el complot de personas que conocen del tema».

En Uruguay no hay un estudio que determine la cantidad de residuos hospitalarios que genera el país. Sin embargo, Naturas SA estima que en Montevideo unas 7 toneladas diarias son residuos contaminantes.

La planta proyectada se ubicaría en un predio de 54 hectáreas en el Paraje Punta de Cañada Grande en Canelones. Los pobladores del lugar, igual que ocurrió en Montevideo iniciaron una campaña oponiéndose a su instalación preocupados por la afectación que la planta podría provocar en sus campos y también por el valor económico de la tierra que descendería.

En la zona se ubican dos escuelas, una dista 2.2 kilómetros del lugar elegido para instalar la planta y la otra está a 1.4 kilómetros.

La usina, una vez en funcionamiento, daría trabajo a 40 personas y desarrollará una inversión de U$S 3.2 millones.

Tratamiento

Emprendimientos como los de Naturas SA generan emisiones atmosféricas, líquidas y sólidas.

Las primeras son el producto que sale del horno de incineración. Esta planta en particular cuenta con tres cámaras donde se produce la pirólisis, otra donde se queman los gases y una tercera que a 1.200 grados centígrados recombustiona esos gases. Los humos que se producen pasan por 12 etapas que determinan que lo que finalmente sale por la chimenea es un vapor caliente. Los efluentes líquidos que produce la planta son los del lavado de las instalaciones y de los camiones que transportarán los residuos. El proyecto previó la construcción de una pileta de tratamiento de efluentes líquidos los que posteriormente son volcados a la tierra.

Finalmente los residuos sólidos que produce la usina son las cenizas del horno, las que son monitoreadas antes de ser dispuestas a un vertedero.

Sin permisos

Celis insistió en que cuatro plantas están funcionando en el país sin autorización legal.

Ellas serían Aborgama en Maldonado, Trenal en Salto, Oleocar en Cerro Largo y Coralus, en Paysandú.

El empresario de Naturas SA centró sus críticas en Trenal , ubicada en un predio municipal cedido por el intendente Eduardo Malaquina, y también en Aborgama, que, según dijo, tiene intenciones de instalarse en Canelones con un sistema de tratamiento «intermedio» de residuos tóxicos.

Basándose en informes internacionales, Celis señaló que la empresa de Maldonado (Aborgama) utiliza el sistema de Autoclave que permite la destrucción de residuos infecciosos y cortantes pero no tiene capacidad para tratar los desperdicios Anatómicos, Farmacéuticos, Citotóxicos, Químicos y Radiactivos.

«Las bolsas de residuos hospitalarios llegan cerradas por lo que el procedimiento no garantiza su destrucción y ahí sí no hay garantías para la población», afirmó Celis.

Por otro lado, el ejecutivo de Naturas SA recordó que en noviembre pasado el Poder Ejecutivo saliente, otorgó U$S 2.5 millones a todas las Unidades Ejecutoras de Salud Pública para el tratamiento de Residuos Hospitalarios, cuya mayor parte fue pagado a la empresa de Salto (Trenal) que se encarga de varios hospitales estatales, entre ellos los de Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Flores y Soriano.

Celis dijo además que la pasada administración del Mvotma recibió presiones políticas para favorecer a Trenal, la que a pesar de haber obtenido un permiso precario, a la fecha no tiene autorización para tratar con residuos hospitalarios.