Buscarán negociar por ambulantes del Chuy

Riet señaló a LA REPUBLICA que pese a ser un tema «muy complejo» estaba «dispuesto y obligado» –por su condicion de intendente electo– a proteger a quienes en definitiva son «víctimas de un proceso económico y social que los ha condenado al desempleo».

El problema se suscitó tras una decisión del prefeito del Chui, Mohamed Yomma, quien decidió expulsar a los vendedores ambulantes del cantero central de la avenida internacional, argumentando –según declaraciones públicas de los propios vendedores– que entre ellos había traficantes de drogas, armas y oro. Este argumento fue rechazado tajantemente por los vendedores (ver LA REPUBLICA del viernes 2) quienes a su vez acusaron a dicho jerarca de difundir noticias negativas contra ellos.

Lo cierto es que en un operativo inesperado y en horas de la noche la policia brasileña, con la presencia de algunos efectivos uruguayos, hizo «correr» a los vendedores de territorio brasileño hacia el uruguayo.

Futuro Riet Correa señaló que el problema pasa por atender las distintas realidades del Chuy, donde conviven comercios legalmente instalados y vendedores ambulantes. Para el gobernante electo este problema forma parte de la «necesidad de un reordenamiento urbano» de todo el Chuy para «insertarse en un proceso de integración y buscar un modelo de desarrollo.

Riet se reunió en las últimas semanas con el prefeito del Chui y señaló que en la decisión de sacar a los ambulantes uruguayos le asiste la razón porque «es su territorio».

Consultado sobre si el argumento manejado para tomar esa decisión fue que entre los vendedores había personas vinculadas con el tráfico de armas, drogas y oro, señaló que «he escuchado al propio jefe de Policía del lado brasileño en alguna intervención por los medios de comunicación, que ahí hay gente que ha cometido delitos y que inclusive algunos han sido perseguidos por la justicia brasileña. Pero se estarían amparando de este lado o sea del lado uruguayo».

De todas formas expresó que si eso es así «se deberá investigar» porque «no queremos proteger a quienes cometen ilícito».

En cambio estamos «dispuestos y obligados» a proteger a aquellos ciudadanos del departamento de Rocha que son «víctimas de un proceso económico y social que los ha condenado al desempleo».