Treinta años de lucha
Desde su creación, al menos 50.000 familias cooperativistas integraron el movimiento y la gran mayoría de ellas ya habitan sus viviendas, existiendo en estos momentos un 60% del total en trámite y en plena etapa de construcción.
Las causas del crecimiento registrado en las últimas tres décadas son variadas. En diálogo con LA REPUBLICA, el secretario general de la fundación, Gustavo González dijo que «el movimiento cooperativo en el Uruguay es un ejemplo claro e intransferible, pues recoge pautas propias del cooperativismo y otras características particulares que han surgido en nuestro país debido a la idiosincrasia del pueblo uruguyo y su cultura. Uno de los detalles más significativos es el tema del usuario, ya que la cooperativa es propietaria de todos los bienes y el socio hace usufructo de ellos sin llegar a ser dueño. El integrante tiene un contrato de uso y goce de su vivienda y de los salones comunales construidos».
Decenas de delegaciones de América Latina y de diferentes parte del mundo, han visitado la Federación buscando un aprendizaje y un intercambio de la experiencia uruguaya.
Factores múltiples
Existen una multiplicidad de factores que están directamente ligados a los altos alquileres, la imposibilidad de acceder a la vivienda por medio del ahorro o los reajustes semestrales, en unidades reajustables, realizados por el Banco Hipotecario del Uruguay.
Si bien el dirigente reconoció que a pesar de los logros existen aún dificultades por superar, resaltó como una «conquista» la última marcha organizada por los cooperativistas en rechazo al recorte presupuestal del gobierno.
En ese sentido, resaltó como «muy positiva» la movilización de más de 10.000 personas procedentes de todo el país. Afirmó que «desde el 30 de abril hasta el 8 de mayo, 52 compañeros iniciaron una marcha desde Colonia Hacia Montevideo en contra del recorte del 50% a las cooperativas en construcción y a las que ya tienen firmado por el ex ministro de Vivienda, Juan Chiruchi».
El dirigente cooperativista discrepó con lo afirmado por el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Carlos Cat, quien justificó la medida gubernamental aduciendo que existiría «igualdad» y el «menor impacto negativo» para los cooperativistas.
Por su parte, el presidente de Fucvam, Víctor Fernández recordó que el ministerio argumentó que el recorte afecta a todos por igual.
El dirigente expresó que desde el punto de vista de una empresa no cooperativa la situación es «preocupante», debido a que deberán enviar personal del seguro de desempleo, aunque pueden absorber los gastos fijos con capital propio.
Sin embargo, Fernández explicó que la situación de los cooperativistas es diferente, «porque no cuenta con capital de giro».
En esa hipótesis, la única forma de financiar los proyectos es «operar en contra del pago de los avances de la obra».
«Las cooperativas no podrán absorber los gastos fijos y que toda prolongación en el tiempo atentará contra la financiación de la obra.
«Debemos recalcar que el préstamo es único, tiene un máximo, y no hay manera de acceder a otros dineros», aclaró el presidente de Fucvam.
Obstáculos y desafíos
En una reunión mantenida con el titular del Mvotma y el director General de Vivienda, Bernardino Ayala, los jerarcas expresaron a una delegación de Fucvam que las cooperativas que verían recortados los préstamos en el presente año serían aquellas que tengan un avance de obra del 50%, lo que supone que la finalización de las obras se extendería al doble del tiempo programado. Víctor Fernández pronosticó que los recortes en torno a las políticas habitacionales y los créditos a las cooperativas, traerán aparejado un «caos social», debido a que existen otras diferencias con las obras licitadas por empresas.
Destacó que en estos programas, se llama a los futuros ocupantes de las casas luego de finalizadas. Sin embargo, en el caso de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, «la gente debió esperar 10, 12 y hasta 15 años para que se les otorgara el préstamo»,
Como ejemplo, citó el caso de las cooperativas «Tacuabé y Covisutel que fueron fundadas 1985 y recién hoy se están construyendo.
Otros casos son las doce cooperativas «Barrio 26 de Octubre», creadas entre 1989 y 1990″.
«El esfuerzo vale, el trabajo vale, no podemos concebir que se nos quiera quitar un 50% en un recorte presupuestal. Los cooperativistas no estamos dispuestos a dar un paso atrás en nuestra lucha», enfatizó.
Uno de los escollos más importantes que enfrentó Fucvam fue la obtención de la personería jurídica, alcanzada finalmente en 1991.
La obtención de estatuto legal por parte de la organización social, fue el fruto de una lucha iniciada en 1985, desde el momento mismo de la restauración democrática.
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