Millonaria estafa dejó en la ruina al comercio de Fraile Muerto
Una gravísima situación enfrenta la mayoría de los comerciantes de Villa Fraile Muerto, en el departamento de Cerro Largo, luego de que se constatara una maniobra fraudulenta por parte de una gestoría que durante casi diez años no vertió los aportes de cerca de 140 pequeñas y medianas empresas, las que representan alrededor del 90% de los comercios legalmente establecidos en la localidad. Se estima que la deuda que enfrentan los desprevenidos comerciantes superaría los U$S 500.000.
El tema tiene incluso connotaciones trágicas ya que días atrás el presunto responsable de la maniobra se quitó la vida ante el inminente estado público de los hechos.
En las últimas horas los damnificados convocaron a los tres diputados por Cerro Largo, Gustavo Guarino (FA-EP), Gustavo Silveira (PC) y Alejandra Rivero (PN) a los efectos de explicar la difícil situación por la que atraviesan.
Los comerciantes y algunos productores también perjudicados plantearon la imposibilidad de hacer frente a las deudas generadas básicamente ante la DGI y el BPS.
El diputado Gustavo Guarino dijo a LA REPUBLICA que la mayoría de los perjudicados son pequeños empresarios de diferentes ramos que con muchas dificultades entregaban al gestor el importe de sus tributos, los que sin embargo pocas veces fueron vertidos a los organismos recaudadores del Estado. Esos mismos comerciantes hoy enfrentan deudas por impuestos impagos y los respectivos recargos que hacen absolutamente inviable la continuidad de sus negocios. Hay casos de empresas que habiendo solicitado la baja varios años atrás, actualmente mantienen voluminosas deudas al no cumplir la gestoría con el cierre de actividades.
Guarino se mostró preocupado por el delicado tema, manifestando que a pesar de las limitaciones legislativas para solucionar el tema de inmediato, junto a los restantes legisladores por Cerro Largo mantendrán contactos con autoridades del BPS y DGI a los efectos de buscar una salida a la situación.
Guarino dijo que es necesario buscar mecanismos que impidan estas maniobras y sus nefastas consecuencias, proponiendo el estudio de normas que hagan más efectivos los controles respectivos.
Durante la reunión los legisladores sugirieron al grupo de comerciantes que presenten la denuncia judicial a los efectos de lograr ampararse a normas que contemplan a damnificados por maniobras fraudulentas comprobadas.
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