Violencia doméstica cobró este año la vida de 9 mujeres

Se estima que el preocupante aumento en el índice de violencia doméstica registrado representa sólo un 10% del total, involucrando a más de 70.000 familias en todo el territorio nacional.

El informe fue presentado ayer en el Parlamento por Red Uruguaya de ONGs Contra la Violencia Doméstica y Sexual, con el respaldo de la totalidad de la bancada fenemina de la Cámara baja.

Las representantes de la Red Uruguaya de ONGs exigieron que el Parlamento sancione la ley denominanda «Sistema nacional de prevención, protección y atención de la violencia doméstica». Asimismo, se demanda la regulación, control y prevención de casos de esta naturaleza.

El documento, denominado «Informe Estadístico de Violencia Familiar-Intervenciones en Unidades Policiales Especializadas de Montevideo e Interior», hizo público un relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Prevención del Delito.

Consultadas por LA REPUBLICA, las legisladoras de los diferentes partidos consideraron prioritario sensibilizar a la población sobre el preocupante aumento registrado en los últimos años, de la violencia intramuros, popularmente conocida como «violencia doméstica».

En ese sentido, sostuvieron que los hechos de agresión física en la pareja, ya sea contra la mujer o contra niños, continúa siendo un tema «tabú», aunque reconocieron que existen actualmente más herramientas, como es el caso de la Comisaría de la Mujer o líneas directas que funcionan con personal especializado en psicología, así como asistentes sociales que apoyan a las víctimas de las agresiones.

El documento expresa que durante el pasado año la Policía registró, en prácticamente todo el territorio nacional, 7.361 casos de agresión física, aunque se presume que la cifra es sensiblemente superior, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la mujeres agredidas no denuncian el hecho por temor a la represalia, falta de información o presionadas por la situación económica.

De la totalidad de los casos registrados por la fuerza pública, se infiere que 174 mujeres resultaron heridas, 41 denunciaron estar amenazadas de muerte, 112 denunciaron ataques sexuales, consumándose en 69 casos el delito de violación.

Nueve víctimas en cuatro meses

La declaración de la Red Uruguaya de ONGs revela que en los primeros cuatro meses del presente año fallecieron, como consecuencia directa del maltrato al que venían siendo sometidas, 9 mujeres. Asimismo, una decena fueron amenazadas y golpeadas por sus parejas o ex parejas. «Según las cifras parciales de que disponemos –sostiene el informe– en 1999 se recibieron 7.361 denuncias de violencia doméstica, 1.618 en Montevideo y las restantes 5.743 en 11 departamentos», al tiempo que se estima que las cifras manejadas representan apenas un 10% del total de las situaciones, involucrando a más de 70.000 familias en un drama que se repite a diario.

El caso Giménez

En ese sentido, las organizaciones no gubernamentales que atienden esta problemática recordaron el caso protagonizado en la zona de Cerro Oeste por Carmen Giménez, una empleada doméstica que baleó a su esposo luego que éste la amenazó con un arma blanca en reiteradas oportunidades.

El impactante hecho desnudó la situación que enfrentan miles de mujeres y niños en la intimidad de sus hogares, ante conductas agresivas de esposos o concubinos.

En la mayoría de los casos, la ingesta desmedida de alcohol juega un papel determinante en la evolución de los hechos.

El documento expresa textualmente que «cabe preguntarnos si como sociedad estamos haciendo todo lo posible para evitar las tragedias largamente anunciadas, y tantas otras, menos visibles pero igualmente dolorosas y destructivas. Las ONGs que formamos esta Red atendimos en 1999 más de 2.000 casos de mujeres maltratadas y realizamos actividades de prevención que alcanzaron a más de 1.200 personas».

Asimismo, se expresa que las tareas realizadas no alcanzan: «Se necesita un marco legal que habilite la prevención de estos delitos con medidas protectoras de urgencia, la atención de las víctimas, la sanción de los responsables y la rehabilitación de todas las personas implicadas, incluso los victimarios.

Que establezca las responsabilidades y cometidos del Estado para el ejercicio irrestricto de los derechos de todos, tanto ciudadanos como ciudadanas, tanto en el espacio público como privado».