MYSU: abuso de la objeción de conciencia supone una barrera de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo

El miércoles se realizó un evento denominado “Estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en las instituciones públicas y mutuales de Montevideo” en el Hotel Cristal Palace, con la presentación de un estudio sobre las condiciones de los servicios de salud y el acceso al aborto legal en tres departamentos: Montevideo, Cerro Largo y Rocha, que finaliza un trabajo ya realizado en Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Rivera, Florida, Maldonado.

El mismo fue realizado por la ONG Mujer y Salud Uruguay (MYSU) con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), International Women Health Coalition (IWHC) y Safe Abortion Action Fund (SAAF), e indica que en nuestro país existe violencia obstétrica y barreras ante la práctica de abortos.

El informe señala que si bien hay voluntad desde los centros para la aplicación de la ley que garantiza el aborto legal en el país, existen impedimentos prácticos de carácter problemático.

La directora de MYSU, Lilián Abracinskas destacó a la agencia EFE la importancia de que se hayan implementado los servicios previstos en la norma en todo el país, algo que no sucede en otros casos, pero resaltó que aún hay deficiencias importantes en ellos.

En ese sentido advirtió sobre el uso «abusivo» del recurso de objeción de conciencia por parte de los médicos ginecólogos, que quedó evidenciado en el estudio que analizó recientemente la situación en Montevideo, Cerro Largo y Rocha.

La directora de MYSU explicó que la cantidad de objeciones ante la práctica de abortos, que constituye un 52,9 % en centros públicos Montevideo, un 66 % en los de Cerro Largo y un 100 % en los de la localidad de Castillos en Rocha, es un problema ya que «agota y sobrecarga» a los profesionales que sí brindan el servicio.

En conversación con Desayunos Informales la directora dijo tras finalizar la fase de estudio en diez de los 19 departamentos del país, se puede decir que eso «ya es una tendencia. El alto porcentaje de profesionales objetores de conciencia se detecta como una barrera de acceso y que impide universalizar la práctica», explicó.

A su vez señaló a EFE que esa situación «a corto y mediano plazo» no permite «proyectar ni incorporar» mejoras para garantizar la universalidad de esta prestación de salud. Frente a eso MYSU plantea presentar su informe al Parlamento para que se considere modificar la norma vigente.

«La ley estipuló el aborto suponiendo que iba a ser quirúrgico y lo asignó solo a los ginecólogos pero después priorizó el aborto por medicamentos, entonces para evitar barreras de acceso queremos que se habilite a otros profesionales su prescripción», explicó Abracinskas.

Abracinskas también explicó que se hace imposible relevar el procentaje de médicos que se niegan a practicar abortos debido a un fallo judicial del 2016 que declara confidencial la identificación de los profesionales de la ginecología objetores de conciencia.

Además dijo que algunos prestadores de salud privados que brindan servicios públicos se niegan a dar información, lo cual repercute en los derechos de los ciudadanos.

Violencia obstétrica

MYSU también obtuvo testimonios de mujeres que fueron víctimas de violencia obstétrica en los centros asistenciales. «El destrato y abuso verbal a las mujeres en trabajo de parto, la presión por la lactancia durante el puerperio, el no brindar toda la información sobre los procedimientos a realizar, e incluso la negativa a que las mujeres sean acompañadas durante el parto, son algunos ejemplos de violencia institucional que experimentan algunas mujeres (y a veces sus parejas) de parte de profesionales y del personal de las instituciones de salud», explica el documento.

A eso se le suma la problemática preexistente del aumento de partos por cesárea, un procedimiento que Abracinskas calificó de «riesgoso».
Sobre las cesáreas la directora de MYSU destacó que los valores más bajos relevados están por encima de las recomendaciones realizadas por la OMS que recomienda que no más de un 15% de los casos se resuelvan por ese camino.

El informe de MYSU señala que «los porcentajes más bajos registrados corresponden al Hospital de la Mujer (25,3%) y al Hospital del Chuy (24%). El Hospital Policial tiene 51% de cesáreas superando el promedio nacional del sistema público (36,1%) y también el que registra las instituciones privadas (50,4%). Médica Uruguaya tiene 48% de cesáreas y COSEM, es de los más altos del país con 68,1%».

«Para cambiar cultura hay que trabajar mucho más con los dispositivos de difusión y entender la legitimidad de los derechos sexuales y reproductivos en práctica», concluyó.

Estado de situación de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva y aborto by LARED21 on Scribd