Reproducción asistida en Uruguay, aprobada en el Parlamento por unanimidad
El Parlamento uruguayo aprobó el martes un proyecto de ley que obliga a los centros de salud a costear técnicas de reproducción asistida para parejas infértiles, al tiempo que prohíbe la clonación y la experimentación con embriones.
El proyecto ya había sido aprobado por unanimidad el mes pasado en el Senado.
La votación fue recibida por un entusiasta aplauso de varias parejas que siguieron el debate desde las barras.
La nueva ley obligará a los hospitales y prestadores privados del Sistema Nacional Integrado de Salud a costear los procedimientos de fertilización de baja complejidad y al Fondo Nacional de Recursos a financiar los de alta complejidad.
La norma habilita la aplicación de las técnicas a parejas biológicamente impedidas de concebir y a «mujeres con independencia de su estado civil».
El texto habilita la donación de gametos -en forma anónima y honoraria y por única vez- y permite que sean usados «con fines de investigación básica o experimental para la mejora de las técnicas de reproducción».
En cambio, se prohíbe la experimentación con embriones así como descartar embriones viables.
Tampoco se permitirá la clonación o «cualquier procedimiento dirigido a la transformación o alteración de la especie humana» a partir de material biológico obtenido mediante técnicas de reproducción asistida.
«Subrogación de vientre»
La ley prohíbe además el alquiler de vientre. Solo permite la subrogación de vientre si una mujer es infértil porque su útero no puede gestar un embarazo. En ese caso puede realizar un acuerdo para usar el vientre de otra mujer solo si ésta es familiar suyo o de su pareja en segundo grado de consanguinidad.
Se estima que entre 15% y 18% de las parejas uruguayas sufren algún tipo de esterilidad.
En su exposición de motivos, el proyecto recordaba que las técnicas de reproducción asistida se realizan en el país desde hace por lo menos dos décadas, por parte de servicios de salud especializados, pero a un costo que impedía a muchas parejas acceder a las mismas, lo que creaba «una inequidad insostenible».
La diputada Daniela Payssé dijo a El Observador que la norma representa un «avance importantísimo en derechos» ya que permite la universalización de este tipo de técnicas.
Recordó además que el primer proyecto parlamentario sobre este tema había sido presentado en 1996. AFP
Compartí tu opinión con toda la comunidad