Bensión reconoció "incompatibilidad" legal al propiciar salvataje a bancos

El ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, solicitó el pasado 3 de junio a las autoridades del Banco Central del

Uruguay -institución encargada de realizar los controles sobre el sistema financiero-, que antes de propiciar una decisión concreta sobre toda proyección acerca de los bancos Montevideo y Comercial debía tomarse «necesariamente un cierto tiempo de espera», aunque consideró que eso no era sencillo compatibilizarlo con el marco legal y reglamentario vigente.

A partir de la misiva del ex ministro Bensión a las anteriores autoridades del Banco Central, que obra en poder de integrantes de la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes, se confirman las «insuficiencias» en la labor de supervisión y controles que debió existir sobre el sistema financiero. La carta del ex ministro está fechada el 3 de junio de 2002, dos semanas antes de que fuera solicitada la intervención del Montevideo Caja Obrera.

Bensión señala en dicha misiva que en el caso del Banco Montevideo, toda forma de asistencia que pueda decidirse debe estar «condicionada a un compromiso explícito de capitalización por parte de sus accionistas con monto y fechas definidos». Mientras que para el Banco Comercial es su intención instrumentar «nuevas formas de cumplimiento del acuerdo celebrado con los bancos internacionales y accionistas».

Más adelante, resalta que «toda proyección sobre las instituciones bancarias en cuestión debe necesariamente tomarse un cierto tiempo de espera, antes de proporcionar una decisión concreta».

«Me consta que no es sencilla la compatibilización de este comentario con el marco legal y reglamentario vigente, pero en la medida de lo posible considero que es nuestra obligación hacer los mayores esfuerzos en este sentido», resalta Bensión.

A este respecto, el diputado Víctor Rossi sostuvo que «aparte de las limitaciones que pueda tener la norma hay una serie de insuficiencias en toda la labor de supervisión anterior al feriado bancario y las intervenciones, pero la supervisión que ejercía el Banco Central ha sido un tembladeral». «Esto demuestra que en algunos casos hubo vacilaciones y en otros la notoria directiva de demorar los procedimientos de contralor. A los problemas de la norma se agrega la lentitud que pueden llegar a la omisión», añadió el legislador encuentrista.

En ese marco, el actual ministro de Economía y Finanzas Alejandro Atchugarry reconoció el pasado 7 de noviembre, ante la misma Comisión Investigadora que no existen controles por parte del BCU sobre el sistema financiero en general.

Bonos argentinos

En tanto, en la tarde de ayer y por aproximadamente cinco horas compareció ante la Comisión Investigadora el presidente del Banco Central, Julio de Brun, quien aseguró que está recibiendo los informes de los servicios técnicos sobre los controles ejercidos por la institución sobre los bancos Comercial y Montevideo.

En ese marco, aclaró que los informes de los controles sobre el Comercial «habían sido solicitados por el Directorio anterior del BCU, mientras que sobre el Montevideo lo requirió el actual Directorio». «Esto recién se inicia y no sabemos cuándo tendremos los resultados finales, sin perjuicio de ello haremos seminarios y sesiones de trabajo en conjunto con la superintendencia, para tratar de entender qué fue lo que sucedió y ver qué modificaciones se pueden hacer en los procedimientos», aseguró De Brun.

Agregó que «todo ello estará reflejado en el plan de trabajo de la superintendencia con respecto a mecanismos de supervisión hacia el futuro, nuevos aspectos que se deben controlar en la operativa bancaria a diferencia de procedimientos aplicados en el pasado y todo en la línea de aplicar el estado actual en el mundo del arte de supervisión bancaria».

Por su parte, el diputado Raúl Sendic (Movimiento 26 de Marzo) objetó un procedimiento que realizó el 20 de mayo pasado el Banco Comercial a través del cual comercializó bonos argentinos para el Crédit Suisse First Boston, uno de los socios de la institución, con un valor nominal superior a los 220 millones de dólares, recibiendo del socio un valor de mercado de 54 millones de dólares. En ese sentido, De Brun explicó que a través del mecanismo, uno de los accionistas del comercial acercaba liquidez a la institución en un momento en que la misma lo estaba necesitando. «Se esperaba dotarlo de liquidez adicional al Comercial».

Si bien en los documentos del Comercial se califica a la operativa como «instrumental», el jerarca sostuvo que el cierre de esa operación «determinaría que se cancele ese crédito contra la realización de los valores argentinos que se ha mantenido dentro del valor que supone la garantía y, sin otro efecto más que ese». «Los 54 millones de dólares que recibió el Comercial debería pagarlos éste con la realización de sus activos, esos activos van a formar parte de la transferencia hacia el Nuevo Banco Comercial», agregó De Brun. Por otro lado, el Encuentro Progresista-Frente Amplio propondrá prorrogar de ahora hasta febrero, el trabajo de la Comisión Investigadora. *