¿Cuál será el candidato uruguayo a la Corte Penal Internacional?

Todas las consultas realizadas ayer fueron infructuosas y en ningún sitio oficial se anunciaba propuesta alguna, aunque eran insistentes la versiones señalando que el gobierno tenía su propio candidato y sería un destacado jurista de filiación nacionalista.

Las Organizaciones No Gubernamentales que han seguido de cerca todo el proceso de conformación de la CPI han expresado su preocupación por la falta de participación que han tenido.

En un extenso comunicado, que transcribimos textualmente explican la situación y los fundamentos de la candidatura de Artucio.

A continuación transcribimos textualmente el comunicado de las ONGS:

«La Corte Penal Internacional (CPI) entró en vigor el pasado 1 de julio después que 60 países ratificaran el Estatuto aprobado en Roma en 1998. Nuestro país, que colaboró en la creación del Estatuto, lo firmó en diciembre de 2000 y lo ratificó en julio de 2001.

La sociedad civil, en el ámbito mundial, estuvo representada en estos trámites por la Coalición por una Corte Penal Internacional.

Este organismo, constituido por mas de mil ONG, ha jugado un papel fundamental para que la Corte se concrete en esta difícil realidad contemporánea. Este papel ha sido reconocido por las Naciones Unidas, gobiernos mundiales y por múltiples personalidades y organizaciones.

Desde el año 1995, las ONG uruguayas se aglutinaron en una coalición que llevó adelante numerosas actividades para que Uruguay primero firmara y después ratificara el Estatuto. Pero nuestra tarea   en tanto Coalición uruguaya de ONG- todavía debe continuar.

Además de estar preocupadas y atentas al complejo proceso de implementación, tenemos el deber cívico de seguir colaborando con las tareas que la CPI tiene por delante.

Entre ellas, está la próxima elección (febrero de 2003) de los 18 jueces y del fiscal de la CPI. En el artículo 36 [(3,a)] del Estatuto de Roma se establece que «…los magistrados serán elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países». En el b) se sostiene que «… los candidatos a magistrados deberán tener: I) Reconocidas competencia en derecho y procedimientos penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrados, fiscal, abogado u otra función similar, o reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte».

En estos momentos, se acortan los plazos para que los países elijan las autoridades de la Corte (un fiscal y 18 jueces) que deberán tener representación proporcional geográfica y de género.

En julio de 2002, los miembros de la Coalición de ONG por una Corte Penal Internacional, hicieron un llamado a la consulta y la transparencia en la nominación de los primeros funcionarios a ser elegidos para la Corte.

Las elecciones para ocupar los más altos cargos judiciales internacionales se han caracterizado por la ausencia de transparencia.

Según miembros de la Coalición, estas nominaciones se producen de tal manera que en lugar de votar por el candidato más calificado, el comercio de votos, el soborno y los ajustes políticos dominan el proceso.

William Pace, presidente de la Coalición ha señalado que «Los primeros funcionarios elegidos enfrentarán la enorme responsabilidad de construir la credibilidad y la autoridad moral de la Corte», agregando también que «El apoyo público para la Corte se basará en gran medida en las condiciones y la representatividad que se perciba de los funcionarios elegidos y en el grado de transparencia de los procesos de nominación … Esto es particularmente importante a la luz de los nuevos y más agresivos esfuerzos del gobierno estadounidense para minar el apoyo a la primera institución judicial capaz de prevenir y castigar a los individuos por la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.» Christopher Hall, asesor jurídico del Proyecto de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, explicó que estas preocupaciones son relevantes para la nominación de los magistrados de la CPI.

«Es un asunto de particular preocupación el que algunos Estados Parte del Estatuto de Roma hayan adoptado a puerta cerrada, procedimientos para seleccionar a los candidatos a magistrados. Ellos no han garantizado que exista una consulta lo más amplia posible con participación de la sociedad civil en cada Estado lo cual permitiría una evaluación efectiva de los méritos de los posibles candidatos antes de que ellos sean seleccionados».

¿Qué sucede con Uruguay?

El plazo de presentación de candidaturas para la CPI vencía el 30 de noviembre (ayer), de manera de elegir a los candidatos en febrero de 2003. Nuestro gobierno no se ha pronunciado todavía públicamente sobre alguna eventual candidatura.

La Coalición de ONG uruguayas por una CPI propone la candidatura del doctor Alejandro Artucio, reconocido jurista de prestigio internacional que cumple a cabalidad todos los requisitos propuestos por él articulo 36 del Estatuto de Roma. Entre otros méritos, El doctor Artucio trabajó diecisiete años como Consejero Jurídico de la Comisión Internacional de Juristas CIJ (International Commission of Jurists  ICJ) en Ginebra, Suiza.

La CIJ es una organización internacional no gubernamental (ONG), con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, la Unesco, el Consejo de Europa, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) En la CIJ fue responsable del trabajo de derechos humanos en todos los Estados de América Latina y el Caribe, y también con respecto a España, Italia y Portugal. También asistió y participó en representación de la CIJ, en numerosas reuniones, conferencias, coloquios y seminarios, prestando testimonio o declaraciones orales, presentando comunicaciones por escrito sobre situaciones concretas de derechos humanos en diferentes Estados.

Ha trabajado asimismo en la redacción de artículos para textos jurídicos internacionales, tanto en el marco de la ONU (Grupos de Trabajo), así como bajo el marco de la OEA (redacción de Convenciones, Tratados, etc.)

En esta calidad participó asiduamente desde 1974 en muchos períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (ONU) , en diferentes ámbitos a saber:

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Comité de Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Comité contra la Tortura

Comité de los Derechos del Niño

Participó, representando a la CIJ, en reuniones de Grupos de Trabajo de Naciones Unidas sobre diversas temáticas: Desapariciones Forzadas, Pueblos Indígenas; Formas Contemporáneas de Esclavitud; Derechos de la Mujer; Detención Arbitraria. También fue integrante de Grupos de Trabajo convocados para elaborar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada; el Proyecto de Convención contra la Tortura; los Principios y Directrices sobre Reparación a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
*