Blancos consultarán a seis técnicos sobre contenido

El Directorio del Partido Nacional resolvió ayer encomendar a seis técnicos de la colectividad la realización de un informe respecto al proyecto del Poder Ejecutivo sobre la salida a los bancos suspendidos, y evalúa introducir modificaciones que garanticen «el derecho y la protección del ahorrista», y para aquellos que fueron engañados al trasladársele sus depósitos al TCB de las Islas Caymán.

Los informes fueron solicitados a Ignacio de Posadas, José Pedro Laffite, Rosario Medero, Daniel Hugo Martins, Mario Bucheli, y Eduardo Mezzera.

La idea del Partido Nacional es tomar una decisión definitiva dentro de dos semanas aproximadamente.

La reunión se desarrolló en un clima de cautela luego que el ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry informara de la iniciativa a la bancada blanca, como también lo hizo con el Partido Colorado y el Encuentro Progresista.

En los próximo días, los blancos mantendrán contactos con autoridades bancarias, con el sindicato bancario, entre otros.

«Queremos saber técnicamente cómo estamos parados y después hay una evaluación de carácter político que hay que hacer y es si esto es una buena salida o no y si hay alguna otra opción arriba de la mesa diferente a la que se ha planteado por el gobierno», manifestó el senador herrerista Luis Alberto Heber.

El legislador blanco estimó que es necesario saber «cuáles serían las consecuencias políticas de un cierre y de una liquidación lisa y llana».

Ahorristas y TCB

Heber señaló que «en forma especial, el Partido Nacional quiere ver como los depositantes a plazo fijo que son de alguna manera quienes hoy no ven una expectativa o panorama claro salgan lo mejor posible de esta situación».

«En función de ese parámetro el Partido Nacional va a juzgar si esta salida es buena o mala», agregó.

Estimó que «se debe premiar el ahorro nacional porque premiando el ahorro nacional podemos generar el crédito nacional. Si no hay ahorro, no hay crédito».

Heber señaló la necesidad de «dar garantías, certezas, y esfuerzos estatales como para poder generar la mayor posibilidad de que los ahorristas tengan y no paguen los platos rotos de esta situación bancaria».

Valoró como buena noticia de parte del ministro Atchugarry de que a su entender en este proyecto «los depositantes son los que salen mejor porque va a buscar tratar de cumplir hasta el 100% de los depósitos. Es una buenísima noticia si esto es factible».

Sobre el capítulo de los trabajadores, el ministro Atchugarry sostuvo que está elaborando las disposiciones al respecto y que una de las posibilidades es el retiro anticipado para parte de ellos.

El dirigente herrerista indicó que el Partido Nacional entiende que hay que hacer una diferenciación entre los depósitos relacionados a la institución TCB de las Islas Caymán. «La diferencia es de aquellos ahorristas que fueron directamente a TCB y los ahorristas que estando en el Banco Montevideo y algunos del Banco Caja Obrera, a mi juicio fueron estafados y pasados a TCB con mucha certeza de que fueron engañados», puntualizó.

Por tanto, «es una noticia muy fuerte y no podemos decir que estuvieron depositando en las Islas Caymán sino en el Banco Montevideo de Uruguay. Deberíamos incluirlos dentro de lo que son los depósitos a financiar».

Larrañaga, por su parte marcó la necesidad de convocar a todos los partidos políticos y pronunciarse en forma consensuada en este «trascendente tema», señaló.

Gallinal: «Positivo»

Por su parte, el senador nacionalista Francisco Gallinal consideró como «muy positivo» que el gobierno «le haya puesto un rumbo que no tenía al tema y que ofrezca un instrumento para solucionarlo», refiriéndose a los anuncios del ministro Atchugarry respecto a la banca suspendida.

Agregó que «si una discrepancia fuerte tuvimos en estas últimas semanas con el gobierno, fue que no daba señales claras de cuáles podían ser los caminos a recorrer». El legislador blanco señaló «una gran coincidencia» con los objetivos planteados por el titular de Economía, que, interpreta, es el de contemplar a todos los ahorristas, que éstos no se definan en ahorristas de primera y de segunda, sino que todos tienen derechos a recuperar sus depósitos en la forma en que se pueda lograr esto».

Añadió que también se defienden los derechos de los deudores, porque «no es lo mismo para el deudor verse enfrentado a su obligación con un banco liquidado que con un banco en funcionamiento». Asimismo, considera Gallinal que se defienden los puestos de trabajo, «y buena parte de los empleados van a estar trabajando en esta nueva institución», y que se instrumentan modalidades que logran que el Estado no tenga que invertir en la fusión. Señaló a este respecto que «el Estado ya puso lo que tenía que poner». *