El Parlamento recibió con cautela el proyecto de creación del nuevo banco

La propuesta del gobierno implica el despido de más de 1.000 trabajadores bancarios y el remate de al menos 70 sucursales de los bancos fusionados.

La iniciativa fue recibida con cautela tanto por el Partido Nacional, como por el Encuentro Progresista-Frente Amplio y el Nuevo Espacio. La opinión generalizada en el Palacio Legislativo ayer era que en aspectos claves sigue habiendo incertidumbre.

En tiendas blancas y frenteamplistas hubo algunos aspectos que generaron preocupación y no fueron aclarados por ahora por el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry.

Las preocupaciones, según pudo saber LA REPUBLICA, pueden resumirse en los siguientes puntos:

1) El anteproyecto fue presentado sin exposición de motivos y sin completar la parte del seguro de desempleo para los mil bancarios afectados.

2) Falta el costo que insumirá el proceso de liquidación, posterior fusión y reapertura y quien lo pagará.

3) No está clara la situación en la que quedan los tres bancos extranjeros socios en el Banco Comercial: Crédit Suisse, J. P. Morgan y Dressler Bank. Atchugarry consultado en la reunión con la bancada del EP-FA dijo que estará a la expectativa y que «prefiere un mal acuerdo a un litigio».

4) Le preguntaron al ministro por el papel central de la Corporación para el Desarrollo en la financiación y gestión de la salida, justo en el momento en que esta institución está siendo investigada a nivel parlamentario. Según fuentes frenteamplistas el senador José Korzeniak estudiará modificaciones a los artículos que hablan de ello. Al respecto, el secretario de Estado se mostró abierto a estudiar una propuesta «mejor».

5) No se percibe como muy firme la propuesta de capitalización del Nuevo Banco Comercial, ya que exige fondos frescos a cambio de acciones de organismos internacionales (Banco Mundial, BID y Corporación de Fomento Andino) que aún están negociándose.

No obstante estas preocupaciones en todas las tiendas partidarias se destacó de la propuesta del gobierno el aumento del control por parte del Banco Central, tanto a entidades financieras como a grupos económicos.

Y hubo otro punto que generó también apoyo: la metodología aplicada por Atchugarry de reunirse e informar detalladamente a todas las bancadas parlamentarias. Ahora la palabra la tiene el Parlamento.

Interrogantes

El gobierno prevé que el «Nuevo Banco Comercial esté operativo en el correr del mes de enero, tras la aprobación de la ley, según informó anoche a Canal 12 el ministro Atchugarry.

El Banco Central decretará hoy la nueva prórroga para la suspensión de estas instituciones, cuya operativa fue suspendida el 5 de agosto pasado, la que será extendida hasta que esté sancionada la ley.

Las preguntas y las dudas fueron la tónica de las reuniones que mantuvo ayer el ministro de Economía Alejandro Atchugarry con los distintos representantes de los partidos Colorado, Nacional y Encuentro Progresista.

Desde el mediodía y hasta pasadas las seis de la tarde, el ministro mantuvo reuniones explicando el alcance del anteproyecto de ley referido al sistema financiero. Tanto Atchugarry, como el presidente del Banco Central Julio de Brun, brindaron después una conferencia de prensa.

Primero, la reunión fue con senadores y diputados del Partido Colorado y Partido Nacional, y luego, al caer la tarde, se entrevistó con los senadores del EP.

En los encuentros, las dudas que provoca el proyecto fue el hecho fundamental, en especial el futuro de los ahorristas. A esto se suma la complejidad del proyecto, que aún no fue del todo asimilado por los dirigentes. El secretario de Estado manifestó que en el caso de los tres bancos fusionados, los ahorristas recuperarán «cerca del 100% de sus valores por la venta de las acciones y mediante un complemento por la parte que le toca al Estado -que también es acreedor- cediéndole sus depósitos, sus acciones preferidas para tratar de llegar a la condición aproximada que ellos mismos han planteado».

Atchugarry dijo que aún no está definido qué porcentaje de los ahorros serán destinados para capitalizar a la nueva institución en forma de acciones, y cuánto recuperará y en qué forma el ahorrista. No obstante, estimó que, en promedio, será del orden del 30% para capitalización y un 70% para depósitos que «programados en un banco nuevo».

Para los adquirentes de eurobonos, tanto en el Banco Comercial como en el Banco de Montevideo, sostuvo que, al igual que el Estado y el resto de los acreedores, participarán por el porcentaje en los «activos buenos y en aquellos en situación de gestión en cada uno de los bancos».

Por su lado, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) Julio De Brun, indicó que los tiempos comienzan a partir que la ley esté sancionada, y que el marco legal le brinda al BCU «un alto grado de flexibilidad en cuanto a cómo puede operar en proceso de liquidación de manera de preservar el valor de los activos que entran en el proceso».

En el momento en que la institución entra en el proceso de liquidación, el BCU está autorizado para crear «los fondos de recuperación de activos, con los activos que pertenecían a cada una de las instituciones que entraron el proceso de liquidación».

«En este proceso de reestructura que estamos abordando se procura que ese pasaje del banco suspendido al banco en liquidación y de éste al fondo de recuperación de activos sea sumamente rápido. Donde los acreedores de las distintas instituciones son cuotapartistas de ese fondo el cual procederá a la venta de determinadas carteras de cada uno de los en un proceso también rápido», añadió De Brun.

En ese proceso de venta, en el cual participaría el Nuevo Banco encomendado a la Corporación Nacional para el Desarrollo, «se obtendrían los certificados de depósitos contra esos activos que adquiere la nueva institución, los cuales se distribuyen entre sus acreedores y el propio Estado».

Descartó liquidación

En las dos reuniones políticas, Atchugarry comenzó su intervención realizando un informe pormenorizado de la crisis bancaria desde agosto a la fecha, explicando los procesos de negociación que involucró a todas las entidades.

Luego se refirió a las alternativas ante las que se encontraba el gobierno: la liquidación «lisa y llana» de los bancos, la liquidación con venta de carteras, la liquidación, subasta de cartera y la creación de un nuevo banco.

Seguidamente explicó y fundamentó la inclinación por el tercer punto, presentando el anteproyecto de ley. También se refirió a un «principio de entendimiento» para lograr una salida para el Banco de Crédito.

A nivel del Partido Colorado la propuesta de Atchugarry fue bien recibida pese a las interrogantes que genera un proyecto con alto grado técnico. «Este es un esquema pensado, serio y responsable», afirmó el diputado del Foro Batllista, Ronald Pais, quien comprometió el apoyo del sector a la iniciativa. Según los participantes de las reuniones, Atchugarry no realizó consideraciones políticas, salvo expresar su deseo de que el proyecto contara con el mayor respaldo posible.

Además, dejó abierta la posibilidad de que la iniciativa sufra alguna modificación una vez que se analice la norma. También fue preciso al sostener que no habrá cuotificación política para integrar el staf gerencial del nuevo banco.

EP-FA estudiará proyecto

Los distintos sectores encuentristas prefirieron diferir una opinión definitiva, sobre el anteproyecto de ley de liquidación de los bancos Comercial, Montevideo, Caja Obrera y creación de uno nuevo, presentado ayer por el ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchu
garry.

No obstante, en las primeras impresiones algunos dirigentes señalaron el hecho positivo de la realización de la reunión. Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) dijo a LA REPUBLICA que la forma de la presentación del borrador evidencia un cambio respecto al período anterior, especialmente por la receptividad de Atchugarry a los planteos encuentristas. Como ejemplo del nuevo clima comentó la aceptación del ministro a los cuestionamientos que se hicieron en la conversación, al futuro papel de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) en el nuevo banco.

El secretario de estado admitió que necesitaba de una figura jurídica para establecer la nueva sociedad anónima y que por eso recurrió a la CND, pero si se encontraba algo mejor, estaba dispuesto a considerarlo. Entre las críticas a la Corporación se le señaló el descaecimiento de la imagen pública de la misma.

Para Payssé, el texto del anteproyecto indica una «buena solución» dentro de lo que se podía hacer, pues de la otra alternativa sería la liquidación lisa y llana.

En cambio, el diputado de la Alianza Progresista, Víctor Rossi, sostuvo que el tema está muy verde, tratándose de una mala propuesta de resolución, aunque la misma sea obligada. Rossi admitió que la indecisión respecto al futuro de los tres bancos suspendidos «hace daño», pero, también que la alternativa debe ser un buen camino, pues está en juego buena parte del país.

Manuel Núñez, el senador socialista, sostuvo que tras una exposición larga y compleja, el anteproyecto tiene «muchos pro y muchos contra» y un grado importante de incertidumbre. Uno de los tantos temas a analizar, añadió, es el esquema de formación de una S.A. , al igual que se hizo con la megaconcesión. También, el hecho de que las acciones del nuevo banco se venderán, en el proceso de reprivatización, en subasta pública.

El gerenciamiento a través de una empresa internacional (que podía ser la ING Consulting) es otro de los items críticos del nuevo banco.

Entre los aspectos positivos, los dirigentes encuentristas indicaron la decisión de que el Estado no haga más capitalización que los mil millones de dólares que ya entregó como asistencia, aunque como forma de facilitar la viabilidad del «Nuevo Comercial» se hará cargo de las carteras pesadas o incobrables.

De todas formas, el EP-FA esperará al proyecto definitivo, pues este no tiene fundamentación, cifras de respaldo y falta definir si habrá seguro de depósitos.

Sin embargo, Atchugarry despejó la incógnita del interregno entre la liquidación de los tres bancos y la creación del nuevo banco, a través de la creación de un «Fondo de recuperación de activos», donde tiene el prioridad aquel que posee los pasivos. En este caso sería la nueva institución que tendrá los depósitos reprogramados de los bancos hoy suspendidos.

El economista Carlos Viera señaló que la complejidad de la iniciativa requerirá de cierto tiempo para un estudio en profundidad, aunque adelantó que el anteproyecto plantea una «instrumentación jurídica nueva», genera «limitaciones» que no estaban planteadas y también «incertidumbre» para los ahorristas.

«Por ejemplo, ahora se genera incertidumbre para los ahorristas acerca de qué proporción van a capitalizar sus ahorros. En lo que tiene que ver con la reprogración de los depósitos no va a ser voluntaria sino compulsiva, y no en los plazos establecidos sino en otros que surjan del proceso de liquidación. El ministro dijo que estaría en el orden no mayor del 30%».

«A nuestro modo de ver, la iniciativa necesita de un estudio a fondo. No abro todavía un juicio de valor», señaló. *