La Cámara de Diputados aprobó la creación de la investigadora por la CND

En la víspera, la rama baja hizo lugar a la conformación de una Investigadora, por 55 votos en 72 legisladores presentes la que contó con el respaldo de todos los sectores, excepto del Partido Colorado, aunque sí acompañó el diputado Alejandro Falco (Batllismo, Lista 15), porque consideró que «no hubo una decisión partidaria al respecto». El grupo de labor partidario de investigación estará compuesto por nueve miembros y contará con un plazo de 120 días para pronunciarse.

La propuesta partió del diputado del Partido Independiente Pablo Mieres con el objetivo de indagar las razones por las que la CND «se sustrajo durante una década al contralor del Tribunal de Cuentas de la República».

Mieres denunció que en la memoria explicativa adjunta al balance cerrado al 31 de diciembre de 2001 «se reconoce explícitamente haber perdido el 63 por ciento del capital aportado, lo que significa una cifra de 70 millones de dólares».

«Sin embargo, el análisis de los restantes rubros del balance llevan a concluir que los 110 millones de dólares que integraron el patrimonio de la CND se han perdido en su casi totalidad, por lo que resulta imprescindible investigar cuáles son las causas que llevaron a este resultado patrimonial».

Para el parlamentario, la ausencia de auditorías sobre más de la mitad de las empresas en las que la CND había invertido dineros públicos es, particularmente, un hecho grave que merece investigación. Asimismo, otro objeto a estudio es «la forma en que se valoraban las inversiones realizadas por la Corporación en las empresas en las que había invertido». Consideró que es «irregular» perder todo el patrimonio.

El diputado Jorge Pandolfo (Espacio 90) opinó que los elementos aportados por Mieres fueron «contundentes y de gravedad», y agregó que la CND se ha apartado de los objetivos por los que fue creada.

Resaltó que el artículo 120 de la Constitución de la República «ampara al Parlamento a investigar sin limitaciones «lo que considere que debe ser investigado».

El legislador encuentrista resaltó que las Comisiones Investigadoras es una facultad constitucional de la que dispone cualquiera de las cámaras, sin restricción alguna.

Por su parte, Alberto Perdomo (Alianza Nacional) sostuvo que «cualquier iniciativa que tienda a la mejoría del instrumento, que otorgue un mejor marco jurídico, que evalúe su gestión después de 16 años de su creación, y que permita saber si hubo fallas», será acompañado por el Partido Nacional.

Asimismo, resaltó que desde la salida de la dictadura hasta hoy, el Partido Nacional, aún en su propio gobierno, «ha votado sistemáticamente en forma afirmativa toda solicitud de integrar cualquier Comisión Investigadora. Por tanto, es una tradición dentro de la colectividad habilitar una instancia de diálogo sería responsable y especializada».

El legislador entiende que es el Parlamento que «debe hacer el justo contralor de este tipo de organismos que son personas públicas actuando en el derecho privado y lo hacen con fondos y recursos que son de todos los uruguayos».

En tanto, que el diputado Nahum Bergstein (Foro Batllista) indicó que «existen razones legales insalvables para que pueda operar dentro de la ley, una Comisión Investigadora de tal naturaleza».

Resaltó: «La ley 16.698 que creó las comisiones investigadoras no incluye entre los organismos a investigar a las personas públicas no estatales. Por otro lado, la ley de creación de la CND establece que las facultades de control son del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Senadores ante la cual todos los años la CND envía sus memorias y estados contables». Por lo cual consideró que el contralor estaría circunscripto a la Cámara de Senadores la cual tiene dichas facultades.

Aunque agregó que se opone a la conformación de una Investigadora no sólo debido a los argumentos de «ilegalidad», porque el Parlamento tiene que «marcar la línea, sino también porque existen razones de conveniencia».

El legislador forista propuso recomendar al cuerpo la constitución de una Comisión Especial para legislar «tanto con relación a la facultad de las comisiones investigadoras como específicamente con las personas públicas no estatales».

Por su parte, el también legislador forista Washington Abdala resaltó: «Siempre los que los parlamentarios no se animan a decir, lo remiten remitiendo a la Justicia, con el daño en el medio del honor de mucha gente». *