Extienden actuación para Investigadora

 

El plazo inicial del cual disponía la Comisión Investigadora era hasta el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, durante la pasada sesión del grupo legislativo de investigación se acordó extender su actuación, en principio, hasta el 20 de diciembre.

Los miembros de la Investigadora se reunirán el próximo lunes en horas de la mañana para recibir al doctor Eduardo Rocca Couture, en su calidad de ex presidente del Banco la Caja Obrera. En tanto, que en horas de la tarde recibirán a ex jerarcas de la misma institución financiera quienes se desempeñaron antes de la gestión conjunta con el Banco Montevideo.

Posteriormente, el lunes 2 de diciembre comparecerá nuevamente el actual directorio del Banco Central del Uruguay y el jueves 5 hará lo propio el ex directorio de dicha entidad financiera, presidido por César Rodríguez Batlle

En tanto, el ex Ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión concurrirá ante la Investigadora, el jueves 12 de diciembre.

Si bien la Comisión está llegando a su etapa final, el diputado Raúl Sendic (Movimiento 26 de marzo) consideró que si es necesario una nueva prórroga para presentar los informes finales, se solicitará habilitación para que la Investigadora se reúna nuevamente en marzo y no durante el receso parlamentario.

Por otro lado, se resolvió realizar consultas jurídicas a abogados constitucionalistas, uno en representación de cada sector político, para resolver si la Comisión debe aceptar el acuerdo de confidencialidad establecido en el documento de capitalización del Banco Comercial.

Dos meses de actuación

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 2 de octubre el informe de la Pre Investigadora para hacer lugar a la conformación de la Investigadora con el objetivo de indagar el accionar del sistema financiero, con la única oposición del diputado forista Ruben Díaz.

El 7 de octubre pasado, los legisladores de la Comisión deciden solicitar documentación, con un plazo no mayor a las 48 horas, al Banco Central del Uruguay (BCU), Tribunal de Cuentas de la República (TCR), Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y Tesorería General de la Nación.

Por su lado, el 18 de octubre, el directorio del BCU admitió que deben realizarse correcciones en el marco reglamentario ya que la legislación vigente no permite actuar como para evitar algunos de los hechos ocurridos en la crisis que sufrió el sistema financiero uruguayo en el primer semestre del año.

Asimismo el 20 de octubre, la doctora Nuri Rodríguez Olivera, catedrática de Derecho Comercial, presentó ante la Investigadora la denuncia que formuló en su momento ante el juzgado Letrado de Primera Instancia en lo civil de 7º Turno sobre «la nulidad del contrato de compraventa de acciones del banco Caja Obrera».

Alega que el Decreto-Ley Nº 15.322 no permitiría a un banco comprar acciones de sociedades anónimas. Dicho contrato se celebró entre el BROU y la CND por una parte y el Banco Montevideo por otra.

Un día después, el ministro de Tribunal de Cuentas, Ariel Alvarez denuncia que el Ministerio de Economía comunicó al órgano de contralor, recién en agosto pasado, los detalles de las transferencias de fondos en carácter de anticipo financiero, sin imputación presupuestal, que realizó entre mayo y julio pasado a favor de determinadas instituciones financieras.

En tanto, las autoridades del Banco República reconocen, el 24 de octubre pasado, que el banco «no tuvo una intervención directa en la compraventa del Caja Obrara, pero que naturalmente firmó la compraventa del 19,8 por ciento de las acciones del mismo».

El 7 de noviembre concurrió ante la Investigadora, el Ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, quien admitió que no existen suficientes controles por parte del BCU sobre el sistema financiero en general

Cuatro días después, la decisión del contador Jorge Xavier -interventor nombrado por el BCU al frente del Caja Obrera- de no autorizar a al contador general del Caja Obrera, Dionisio Brizuela y el asesor jurídico, Leonardo Goicoechea a comparecer ante la Investigadora desencadenó el rechazo de los legisladores de todos los sectores políticos.

Posteriormente, el 18 de noviembre, Xavier señaló que el grupo Peirano tuvo una incidencia significativa en el deterioro del Banco Montevideo, aunque no fue el único, y advirtió que es necesario mejorar los controles sobre los conglomerados económicos reclamando legislación al respecto.

Las ex autoridades del Caja Obrera, por su lado, coinciden en que desde el punto de vista jurídico nunca se concretó la fusión de los bancos Caja Obrera y Montevideo a pesar que la misma se produjo de hecho. *