Banco Central confirmó que no autoriza al Comercial pago de intereses de eurobonos

Desde diferentes sectores se advirtió al Estado que enfrentará «innumerables juicios» debido a que esos papeles entran en default. No obstante, el equipo económico no lo considera así.

Paralelamente, trascendió en la víspera que el grupo Soros, interesado en la compra de las acciones del Banco Comercial, habría intentado contactarse ayer directamente con el presidente, Jorge Batlle, para formalizar una negociación ya que consideran que en el Ministerio de Economía y Finanzas «no los atendieron».

Eurobonos

De Brun compareció en la víspera ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes con la finalidad de aclarar las cifras existentes sobre el endeudamiento interno.

Durante la reunión, el diputado Arturo Heber Füllgraff (Línea Nacional) interrogó a De Brun, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió LA REPUBLICA, sobre los fundamentos de la institución para no autorizar al Banco Comercial a pagar los intereses de una serie de eurobonos que vencieron el pasado 15 de noviembre.

El jerarca del BCU señaló que «el tema de las obligaciones negociables del Banco Comercial como del Banco de Montevideo y como la situación general de los ahorristas de las instituciones involucradas en los bancos suspendidos, ha sido la principal preocupación del equipo económico».

En lo que tiene que ver con el manejo de los activos, «se trata de crear un sistema que, de acuerdo con las restricciones crediticias que vive el país, genere una administración de esas carteras lo más prudente posible, a fin de no forzar situaciones que, por un cobro apresurado de los créditos, agudice los problemas de crédito que vive la economía», añadió.

En tanto que, por el lado de los ahorristas de las instituciones, «se procura provocar una situación que dentro de los problemas que cada uno de los bancos tiene, se pueda lograr la mayor recuperación posible de las inversiones hechas por los ahorristas y por el propio Estado en los casos que así se efectúe. Por eso, el tratamiento de las obligaciones negociables no puede quedar desligado de lo que se va a plantear para todos los ahorros y pasivos que estas instituciones financieras tienen», sostuvo De Brun.

También afirmó que no se autorizará al Banco Comercial a pagar los intereses de una serie de eurobonos «porque los bancos suspendidos no están en condiciones ni patrimoniales ni de liquidez como para responder por sus obligaciones, e implicaría un trato discriminatorio respecto de otros acreedores de la institución entre ellos depositantes que no están cobrando sus intereses».

Indicó que si estas instituciones hoy abrieran sus puertas, «con toda seguridad, en pocos días se quedarían sin los recursos necesarios para poder funcionar y, además pagar los compromisos financieros a que se encuentran obligados. Por esa razón están en esa situación».

«Por esto, no podemos tomar una decisión respecto a estas obligaciones negociables que sea incoherente con la estrategia que se plantea para la reestructuración de estas entidades en el marco de renovación del sistema financiero», agregó el jerarca.

Asimismo, reconoció que es «consciente de todas las repercusiones que esto implica, como así lo fue en el caso del Banco de Montevideo».

Más adelante acotó: «Si como consecuencia del contrato hay que pagar 100 millones de dólares a los accionistas, eso es algo que no depende de estas obligaciones negociables; va a ocurrir en cualquier instancia o decisión que se tome finalmente respecto del Banco Comercial, y el gobierno uruguayo llevará a esa instancia de negociación con los accionistas la tranquilidad de que en el marco de ese contrato hizo todo lo que pudo para cumplir con sus obligaciones».

Acciones judiciales

Ante las afirmaciones de De Brun, Heber expresó que estaba «sorprendido», y aclaró que hablaba de los bonos del Banco Comercial y no de los del Banco de Montevideo, exigibles desde el momento en que el Estado lo intervino.

El legislador nacionalista sostuvo que el documento firmado por el ex ministro de Economía Alberto Bensión en febrero del año pasado, «por el cual el Estado recibe 100 millones de dólares con destino al Banco Comercial, establece como obligación para el Estado la capitalización, el fortalecimiento del patrimonio, la liquidez, y el mantenimiento de las relaciones técnicas del Banco, es decir, que siga funcionando».

«Si el BCU prohibe al Banco Comercial pagar los intereses, naturalmente está incumpliendo ese contrato y, por lo tanto, los 100 millones de dólares que los accionistas extranjeros del Banco Comercial prestaron bajo ciertas condiciones, también se hacen exigibles», añadió.

Según Arturo Heber la voluntad de exigibilidad de tal monto de dinero de los accionistas extranjeros «hasta ahora no se ha visto». Aunque aseguró que el pasado miércoles el BCU recibió una carta enviada por ellos solicitándole «el pago de los intereses que permitía el pago de los intereses del Banco Comercial. Si esto no se lleva a cabo, es un buen antecedente para iniciar las acciones judiciales correspondientes». El legislador agregó que el próximo lunes «empiezan los juicios en Inglaterra contra los accionistas, y ellos derivarán contra el Estado, porque la carta que enviaron al Banco Central en el día de ayer es el inicio de decir: «Yo les dije que pagaran; no me dejaron pagar; no soy responsable. Responsable es quien no dejó pagar».

Deuda sostenible

Por otro lado, De Brun expresó a la prensa que la deuda externa es «sostenible a largo plazo» y que se están haciendo los flujos de capital correspondientes para el próximo año a pesar de la concentración de vencimiento durante el año 2003 y no se pronunció sobre las iniciativas para renegociarlas.

En otro orden, negó que negó que el Banco de Montevideo haya otorgado créditos durante la suspensión, y agregó que solamente se cumplió con un acuerdo de diciembre con una empresa de la construcción de la que es accionista el ingeniero Ruperto Long.

Endeudamiento interno

Por su parte, el diputado Martín Ponce de León (Vertiente Artiguista) quien convocó a De Brun ante la Comisión parlamentaria con el objetivo de que el jerarca brindara una información «definitiva» sobre cuál es la estructura del endeudamiento al consumo de las familias ya que existía información proveniente del propio organismo bancario, «parcial y contradictoria, la que oscilaba entre 650 y 1.240 millones de dólares».

En ese sentido, el presidente del BCU reconoció que el endeudamiento interno en la actualidad, es decir, lo que hoy deben las familias al sistema bancario privado y Banco República es «921 millones de dólares».

El crédito al consumo en el sector privado pasó del 5 por ciento de la cartera, en la década de los años 80, a ser el 25 por ciento el pasado año. En tanto, el crédito en dólares en el BCU, para el rubro vivienda, sin contar al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), es de 150 millones de dólares.

Asimismo, De Brum sostuvo que poseía datos sobre endeudamiento de todo el sistema privado y del Banco República, pero no del BHU ya que su Directorio «se niega a brindar información». *