El gobierno ratificó que los militares no están obligados a declarar ante la Justicia

Para el subsecretario de Defensa, Roberto Yavarone, este hecho está enmarcado en la Ley de Caducidad, «en virtud de que este episodio del año 72 se inscribe dentro de lo que fue la lógica de los hechos de ese momento: había un guerrilla instalada, violenta. entendieron que quedaba comprendido dentro de la ley todos aquellos episodios que históricamente formaron el período».

En declaraciones a radio El Espectador, Yavarone opinó que el juez debería consultar al gobierno si este hecho se inscribe o no en la Ley de Caducidad. En uno de los artículos «se le otorga (al Poder Ejecutivo) una competencia muy clara y específica que es determinar acerca de si algunas situaciones están o no comprendidas en la ley.

El Poder Ejecutivo tiene esa competencia, y debe ejercerla, de forma que el juez deberá consultar al Poder Ejecutivo si se trata o no de un hecho comprendido en la ley». Por este tema, concurrirá hoy a declarar la secretaria general del PCU, la senadora Marina Arismendi.

Exhaustiva indagatoria

El juez penal de 10º turno Rolando Vomero, dispuso la citación de todas las personas que aparecen mencionadas en el expediente militar referido a los asesinatos de ocho militantes comunistas y un militar en la Seccional 20 del Partido Comunista, ocurridos en 1972.

El magistrado Vomero viene realizando una exhaustiva indagatoria por este caso, habiendo tomado testimonio a familiares de los muertos, sobrevivientes, funcionarios y vecinos. Entre quienes declararon se encuentra el ex granadero Julio Stella, testigo de lo sucedido y que en 1996 declaró a LA REPUBLICA que el asesino de siete militantes comunistas y del capitán Busconi fue el mayor Humberto Rivero. Tras haber obtenido el expediente de la Justicia Militar sobre el caso, Vomero decidió citar a las personas que aparecen mencionadas en el mismo.

El expediente judicial por los asesinatos de la Seccional 20ª del Partido Comunista fue archivado por el juez Vomero a pedido del fiscal actuante Enrique Moller, quien consideró que existió obediencia al superior de los efectivos que participaron del operativo y que al haber fallecido el entonces ministro de Defensa, general Magnani, no cabía una investigación. En el escrito archivando el expediente, Vomero aclaró que a su entender era necesario hacer una indagatoria y que por encima del ministro de la época había otra autoridad.

Posteriormente, fue presentada una ampliación de denuncia por parte de los familiares de los militantes comunistas asesinados (que contó con el respaldo de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos, de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, y de más de 150 firmas de senadores, diputados, sindicalistas y personalidades de la cultura) solicitando el desarchivo del expediente relativo a los asesinatos en la Seccional 20 y que «se lleven adelante los actos necesarios para el esclarecimiento de la responsabilidad, en los homicidios y a efectuar denuncia de presunta responsabilidad en concepto de coautor del señor Juan María Bordaberry».

Tras analizar este pedido el fiscal Moller solicitó que se realice la indagatoria, a lo que el juez Vomero hizo lugar y comenzó a reunir material y tomar declaraciones. Fuentes judiciales informaron a LA REPUBLICA que uno de los últimos testimonios que el juez Vomero realizará en esta etapa de la indagatoria será el del ex presidente dictatorial Juan María Bordaberry. *