"Alto costo de la aventura y poca diligencia de los bienes estatales" impulsan envío a la Justicia

Así se establece en el informe, al que accedió LA REPUBLICA, donde se manifiesta que «las acciones u omisiones cometidas conforman un cuadro de grave irresponsabilidad para la administración de los bienes del Estado, que ya ha tenido un costo millonario para el país».

En la evaluación de los parlamentarios del EP-FA se sostiene que «si tenemos en cuenta que las maniobras contra SOL denunciadas en la Argentina han contado, según la propia denuncia, con el conocimiento y la complicidad de directores y jerarcas, todo ello obliga a esta comisión a solicitar que los antecedentes reunidos sean remitidos a la Justicia Penal».

«Todo este proceso desnuda la falta de controles reales existentes en nuestra legislación para emprendimientos de este tipo», agregan.

En ese sentido, «el ejemplo de los negocios de Ancap en Argentina debe hacernos tomar conciencia del importante monto que pueden alcanzar estos asuntos, montos que pueden superar con creces las cifras que se le otorgan a varios incisos del Presupuesto Nacional».

Según los legisladores encuentristas, «para la gestión de estas empresas en las que invierte el sector público se designan directores sin venia parlamentaria. En ellas se desarrolla una gestión de la cual apenas si se rinde cuentas y en estas condiciones los resultados no pueden ser buenos, o si lo son es por milagro».

Por tanto, «en determinadas áreas sujetas a competencia, la gestión del Estado debe adquirir una capacidad de maniobra, una flexibilidad que el derecho público no siempre brinda, pero consideramos que es imprescindible plantearla en condiciones adecuadas de seguimiento y fiscalización». El EP-FA estima que «el contralor no puede obstaculizar la gestión, pero sí debe garantizar al conjunto social que dicha gestión se desarrolla en forma honesta y eficiente. Esta comisión no ha contado con el tiempo suficiente para elaborar propuestas concretas, pero sí puede afirmar la necesidad de que se mejore la legislación existente al respecto, en particular dándole al Parlamento mayor capacidad de control».

Directorio mintió

De los informes analizados «surge claramente que el Directorio de Ancap elevó al Parlamento respuestas a pedidos de informes en los que no declaraba la verdad acerca de las pérdidas sufridas por las inversiones en la República Argentina. Ello constituye un gravísimo hecho de violación de disposiciones constitucionales, y puede también implicar otras responsabilidades vinculadas con el deber de decir verdad en documentos oficiales».

Preguntas sin respuestas

Según los senadores encuentristas, «del análisis realizado en la Comisión investigadora quedan sin respuesta varias interrogantes: ¿por qué se descartaron otros mercados vecinos, limitándose a la Argentina la única posibilidad de expansión regional?».

Otras interrogantes son: ¿por qué se decidió como única vía posible de acceso al mercado argentino la asociación con una distribuidora que no tuviera refinería propia?; ¿por qué se eligió a Socimer como «consultora global» a pesar de su condición de acreedor importante de SOL?; ¿Por qué se estableció un sistema de honorarios que estimulaba claramente un informe favorable?».

Por otra parte, pregunta «por qué se desoyeron las observaciones de otros informes críticos (Deloite, O’Farrell) que poseía Ancap sobre la empresa Solpetróleo? ¿Por qué se concretó la asociación con una empresa que vendía predominantemente gas-oil, cuando el excedente de Ancap es mayoritariamente de naftas?, y ¿por qué se pagaron las acciones a un precio muy superior a su cotización en el mercado?».

Socimer

Otro de los puntos sostiene que «se seleccionó un consultor (Socimer) al que se le instrumentó un pago de honorarios estimulante de una conclusión favorable, que tenía un interés directo en la concreción de la sociedad ya que era acreedor importante de Solpetróleo, y que además concretó, en España y en otros países, fraudes millonarios».

«Con el asesoramiento de expertos en estafas internacionales, Ancap se asoció con empresarios que incluían a delincuentes. Los resultados no podían ser otros que los obtenidos: una continua y creciente pérdida económica, sin fin en el horizonte cercano, lo que determinó en un breve lapso a nuestra empresa pública a impulsar el proceso de escisión-fusión y luego a formular denuncia penal».

Para el EP-FA, «se puede argüir que la red de distribución de combustibles en la República Argentina puede resultar útil en un nuevo proyecto de expansión regional, pero se debe admitir que el costo de la inversión realizada es varias veces superior al relativo valor de los activos adquiridos». *