Fiscal italiano interrogó a Firmenich, Félix Díaz y Laura Anzalone por uruguayos desaparecidos

 

Constituido en las oficinas del juez Baltasar Garzón en Madrid, el fiscal italiano Giancarlo Capaldo recabó esta semana nuevos testimonios sobre los casos de desaparición de 13 ciudadanos ítaloamericanos, en el marco de un proceso que lleva el Tribunal de Roma contra el general Augusto Pinochet y el Plan Cóndor que aplicaron las dictaduras del cono sur en los años setenta.

Capaldo, fiscal titular del procedimiento penal iniciado en junio de 1999, viajó a Madrid para interrogar a seis testigos: los uruguayos Laura Anzalone y Félix Díaz, el ex capitán de la Armada argentina Adolfo Scilingo, el ex dirigente montonero Mario Firmenich, el soldado Claudio Scagliusi, detenido en Madrid a la espera de un pedido de extradición, y un extremista de derecha italiano, también preso en España. Ninguno de ellos en calidad de acusados.

Los seis testigos de Capaldo

En el procedimiento penal Nº 8823/99-R «contra Pinochet Augusto y otros (Operación Cóndor)», el fiscal Giancarlo Capaldo lleva tres años de una intensa investigación que ha derivado en el pedido de captura del dictador chileno y el encausamiento de otros ochenta militares, entre los que se encuentran los nombres de media docena de uruguayos.

Félix Díaz y Laura Anzalone son dos ex militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) quienes, luego de ser secuestrados en Buenos Aires y presos en el centro clandestino «Automotores Orletti» en junio de 1976, colaboraron con sus represores y lograron sobrevivir. Ambos fueron trasladados clandestinamente a Uruguay y liberados en diciembre de ese año. Fueron interrogados por los casos de Bernardo Arnone, Gerardo Gatti, María Emilia Islas y Pablo Recagno.

Adolfo Scilingo, cuyo testimonio permitió conocer varios casos de represión de la dictadura argentina, testimonió sobre la situación de los ítaloargentinos Logoluso y Landi, detenidos en Asunción y trasladados a Argentina en mayo de 1977. El caso tiene relación con el de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde, también detenidos en Paraguay, viajaron en el mismo vuelo clandestino hacia Buenos Aires.

El ex líder montonero Eduardo Firmenich, como el militar Claudio Scagliusi, fueron consultados por los casos de los militantes montoneros Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas. Firmenich entregó a Capaldo un documento titulado «El Pacto del Cono Sur», donde se describe la información que la organización tenía sobre la represión militar. Scagliusi era miembro del Batallón 601 de inteligencia del Ejército y marido de Silvia Tolcinsky, sobreviviente de la llamada «contraofensiva» de los Montoneros.

El sexto testigo de Capaldo es un extremista de derecha italiano, cuyo nombre no ha sido proporcionado, quien arribó a la sede del juzgado de Garzón con las muñecas esposadas y una fuerte custodia. Se le interrogó sobre la participación de ciudadanos italianos en los operativos de represión del llamado Plan Cóndor.

«Capítulo uruguayo del Cóndor»

El caso de los desaparecidos ítalorrioplatenses de la Operación Cóndor, se inició el 9 de junio de 1999, cuando un grupo de familiares de desaparecidos uruguayos de ascendencia italiana presentaron una denuncia ante los tribunales de Roma, con apoyo de las organizaciones Serpaj, PIT-CNT y Familiares de Detenidos Desaparecidos, apoyados por la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos. La denuncia implicó la apertura de un «capítulo uruguayo» en el juicio contra el general Augusto Pinochet y el Plan Cóndor que había iniciado el ministerio de justicia italiano, que ya ha integrado a 80 represores en el denominado «registro de los averiguados». Entre ellos, además de Pinochet figurarían los argentinos Videla y Massera, el paraguayo Stroessner y los uruguayos Julio César Vadora, José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, y Julio Silveira.

La justicia italiana permite defender a sus ciudadanos también cuando éstos se encuentran fuera del país, según lo que establece el artículo 8 de su Código Penal («la ley italiana perseguirá todo delito político cometido o sufrido por un ciudadano italiano en territorio extranjero») y los encausados pueden ser condenados a cadena perpetua y requeridos internacionalmente por Interpol.

El procedimiento judicial que continuó este miércoles en Madrid, se encuentra en la fase de instrucción y se mantiene en condición de «secreto», aunque al salir del juzgado el propio Firmenich declaró a la prensa que en su testimonio «recordé los casos de compañeros secuestrados en Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Bolivia y otros, donde actuaron elementos represivos argentinos».

El fiscal Capaldo ya ha realizado otras «rogatorias» junto a la justicia de países de América Latina, Europa y magistrados de Estados Unidos, y se espera que efectúe nuevas acciones, antes de solicitar al juez instructor que «pase a juicio» a las personas incluidas en la lista de averiguados y acusarlos por los delitos que entienda que existe suficientes pruebas.

El proceso puede derivar en un juicio oral ante una corte compuesta por tres jueces de profesión y 10 jurados populares que examinarían las pruebas del fiscal, de la parte civil y de la defensa.

En Italia, es posible un juicio en ausencia del acusado, a quien pueden sentenciar sin que comparezca. *