Reabren expediente por bancarrota del Banco Comercial en los años 80

EDUARDO DELGADO

 

En conocimiento de la reapertura de la causa, familiares del denunciante Elías Ibrahim –ya fallecido– presentaron un escrito haciendo algunas consideraciones sobre el objeto del proceso. En ese sentido critican la actuación de la doctora Célida Basso –la fiscal que anteriormente llevó este expediente– quien pidió el archivo de los autos, y entre otros elementos señalan que desde 1990 la abogada que defiende al Banco Comercial S.A. en el juicio civil que Ibrahim inició paralelamente al penal es pagada por el Estado uruguayo. Desde 1990 el Comercial es propiedad de empresas vinculadas a los hermanos Carlos y José Röhm, quienes recientemente estafaron a la institución por una cifra millonaria en dólares.

Bajo el subtítulo Conclusión, en el escrito se expresa que «Resulta claro que existió la bancarrota del Banco Comercial. Quedó probado que por tal circunstancia, el denunciante de autos y, fundamentalmente, la comunidad toda, padecieron un grave perjuicio: fue un hecho público y notorio que el Estado tuvo que proceder al salvataje de la mencionada institución financiera, invirtiendo en ella una suma cuantiosa en millones de dólares».

«Quedó acreditada, en las actuaciones de la Investigadora Parlamentaria, que el Banco Comercial cayó en la bancarrota y que sus directores quedaron con sólidos patrimonios; es un hecho público y notorio que algunos de los mismos son titulares de verdaderos imperios económicos. Quedó probado que el Banco Comercial quebró y las famosas colaterales de los directores del propio banco, quedaron, también, con sólidos patrimonios. Quedó probado que hubo una concentración del crédito de la institución financiera de referencia en favor de familiares y de las empresas de los directores», indica.

Añade que «la bancarrota del Banco Comercial, sin duda, no se produjo por obra y gracia de extraterrestres. Cabe suponer que los directores denunciados alguna responsabilidad tuvieron en el asunto. Aún sin la contundente prueba de autos (así calificada por la señora jueza), por la simple lógica de los hechos y por el elemental método de uso habitual en indagatorias de esta naturaleza, resulta más que obvio que existe nexo causal, entre las ‘irregularidades constatadas’ y la bancarrota del Banco Comercial».

El juicio civil

En el escrito se destaca que «las acciones judiciales, tanto en el ámbito penal como en el civil, interrumpen obviamente los términos de prescripción extintiva» y se agregan datos sobre el juicio civil promovido por Ibrahim, pues «la información correspondiente al mismo contribuye a la labor del titular de la sede».

Este juicio civil ha seguido su trámite ininterrumpidamente, actualmente está radicado en el juzgado civil de 16º turno y las partes demandadas por Ibrahim son: Banco Central del Uruguay, Banco Comercial S.A., Juan Antonio Otegui, Eduardo Vargas Garmendia, Jaime Cardozo Saavedra, José Luis Pardo Santayana, Hugo Eguiluz Paullier, Eduardo Peirano, Ignacio Irureta Goyena y Eduardo Pons Heber. La estimación provisoria del monto de los daños y perjuicios que se reclaman es de 12 millones de dólares.

En este juicio civil es que la defensa de Banco Comercial S.A. de los hermanos Röhm es pagada por el Estado uruguayo. En el acuerdo por el que el Comercial fue vendido a los Röhm, una cláusula expresa que el Estado uruguayo se hace responsable de deudas que pudieran aparecer anteriores a la venta, como sería la de daños y perjuicios si Ibrahim gana el juicio que comenzó años atrás A raíz de ello es que desde hace 12 años el Estado uruguayo paga los honorarios de una abogada que defiende a Banco Comercial S.A.

«Llama la atención el mecanismo utilizado respecto al patrocinio de la institución financiera codemandada. En efecto, la abogada patrocinante de Banco Comercial S.A. es la doctora Nuri Rodríguez Olivera, pero, paga sus honorarios el Banco Central del Uruguay a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo (su retribución es mensual, según ha trascendido, por lo que, por este concepto, durante 12 años la referida institución ya ha abonado una suma importante)», se sostiene en el escrito sobre este tema. *