Adeom inicia acciones judiciales en reclamo del convenio salarial

La iniciativa –aprobada por unanimidad– será puesta a consideración del plenario de delegados, que se reunirá mañana viernes a las 18.00 horas en la sede de Adeom. Eduardo Arbes, vocero del gremio, dijo anoche a LA REPUBLICA que la medida está decidida, aunque faltan ajustar detalles con abogados.

El gremialista indicó que en realidad habrá dos tipos de acciones: una presentada por Adeom y otra por los funcionarios municipales. Arbes explicó que al mismo tiempo, se mantendrán todas las medidas gremiales y se realizará una campaña de difusión y denuncia de eventuales «gastos indebidos» de la administración.

El secretariado ejecutivo del PIT-CNT, por su parte, se reunirá entre hoy y mañana en forma extraordinaria para analizar la situación de Adeom.

La denuncia del convenio salarial firmado en diciembre del año pasado implica que los trabajadores comunales pasarán dos años con un único reajuste del cuatro por ciento y que en la última administración municipal los aumentos se han vuelto anuales. En abril del año pasado, los municipales recibieron el último ajuste cuatrimestral por IPC. En agosto, cuando les correspondía un nuevo aumento, la administración les comunicó que no podría darlo, por lo que se comenzó a negociar el convenio que finalmente se firmó en diciembre. Sin aumentos, el reajuste recién se dio en abril de este año y fue de poco más del cuatro por ciento, que era lo que había aumentado el IPC en el período.

En octubre de este año nuevamente la administración comunicó que no podía pagar el reajuste y denunció el convenio, resolviendo unilateralmente un reajuste del 10% en marzo y otro del 9,74% en abril del año próximo, con lo que se concreta un año más sin reajustes para los trabajadores municipales.

Resolución retroactiva

El director del Departamento Jurídico de la Intendencia de Montevideo (IMM), Adolfo Pérez Piera, manifestó que la denuncia del convenio salarial por parte de la comuna «está vinculada a la imposibilidad de pago que ya se planteó en setiembre». El jerarca explicó que «no se trata de una rescisión» sino de una resolución, por lo que su efecto es retroactivo y los trabajadores no tendrían derecho a cobrar el reajuste de octubre aunque se presenten ante la Justicia.

En ese sentido, recordó que la administración anunció desde setiembre que no podría pagar el aumento y dijo: «No se adoptó resolución antes porque estábamos negociando. Desde aquel momento quedó claro que no se podría pagar». A la negativa del sindicato de aceptar una renegociación se sumaron las agresiones durante la huelga que, según Pérez Piera, «enturbiaron gravemente el relacionamiento entre ambas partes» y obligaron a denunciar formalmente el convenio. Esta decisión fue adoptada por el intendente Mariano Arana con el respaldo unánime del gabinete. Más allá de las diferencias partidarias dentro del Encuentro Progresista, el gabinete mantuvo una posición única y ninguno de los directores presentó otras alternativas a la denuncia. Para Pérez Piera, resulta evidente que «se cerraron todos los caminos. Antes de generar una deuda por incumplimiento, hubo que denunciar el convenio». *