Formalmente, la IMM denunció ayer el convenio salarial con Adeom

Los integrantes de la administración esperan que la denuncia formal del convenio no implique una nueva huelga, ya que confían «en la responsabilidad de los funcionarios, que se han reintegrado todos a sus tareas».

El director del Departamento Jurídico, Adolfo Pérez Piera, indicó que no habrá sanciones administrativas a quienes cometieron agresiones durante la huelga pasada hasta que se expida la Justicia Penal y señaló que los días de huelga serán descontados «probablemente en dos meses», aunque ese tema está a estudio. También se están analizando los planteos de quienes argumentan que quisieron entrar a trabajar pero no pudieron hacerlo por los piquetes. En esos casos, la comuna pagará los sueldos pero «analizando cada caso porque es un tema muy delicado».

Ruptura «unilateral»‘

Los directores de Recursos Humanos, Ejecución Presupuestal y Personal de la comuna, Hyara Rodríguez, Enrique Cabrera y Cristina González, informaron ayer a la dirección de Adeom la decisión adoptada por el intendente Mariano Arana. El jefe comunal firmó el viernes pasado una resolución dictaminando que se deja sin efecto el convenio y que los trabajadores recibirán una partida única de mil pesos en noviembre, un diez por ciento de incremento salarial en marzo y un 9.74 por ciento en abril. Esta última parte está condicionada a «la evolución de los ingresos propios y reales de la IMM».

El secretario general de Adeom, Eduardo Arbes, advirtió que el sindicato tiene «vías administrativas y judiciales» a seguir ante la ruptura «unilateral» del convenio y dijo que hay «un gremio atrás que sigue respaldando. Nosotros creemos que el gremio se mantiene firme y fuerte y que fue digno cuando rechazó la propuesta» de la administración.

A partir de hoy se suspenderá nuevamente la realización de horas extra «como rechazo a una decisión unilateral que denuncia un convenio».

División en el gabinete

La decisión de Arana de denunciar oficialmente el convenio provocó divisiones dentro del gabinete. Los representantes del Partido Socialista, entre los que se encuentra la directora de Recursos Humanos, Hyara Rodríguez y el director de Descentralización, Ernesto de los Campos, querían mantener el convenio. Arana resolvió mantener la postura de los integrantes de su gabinete, como la secretaria general, María Julia Muñoz perteneciente a la Vertiente Artiguista y el director de Jurídica, Adolfo Pérez Piera del Partido Demócrata Cristiano.

La resolución de Arana establece que «las negociaciones tendientes a la reconsideración de la cláusula de ajuste salarial han fracasado» y enfatiza que «en el marco de la huelga se generaron múltiples y graves incidentes, provocados mayoritariamente por los piquetes instalados en los alrededores del Palacio». El intendente entiende que con estas agresiones «se incumplieron las cláusulas de relacionamiento previstas en el convenio y en sus acuerdos antecedentes», lo que provocó una «ruptura virtual del mismo».

La falta de «una plataforma de entendimiento razonable» llevó a Arana a denunciar el convenio. En su resolución, el intendente se basó en «las razones de fuerza mayor expresadas en los considerandos que anteceden y en la violación a las cláusulas del debido relacionamiento que se verificó durante el conflicto, antes que se generara ningún incumplimiento por parte de esta administración».

Denuncia formal

Pérez Piera indicó que la denuncia del convenio se limita a «dejar sin efecto formalmente lo que era ya una ruptura virtual del acuerdo». Destacó que la administración mantendrá los beneficios que se habían establecido en el convenio al margen de las cláusulas de ajuste salarial. Esto incluye la extensión del seguro de salud, mejora de la partida de útiles y realización de un estudio de mejorar de gestión.

El criterio aplicado por la administración para resolver los ajustes fue, según Pérez Piera, brindar los aumentos salariales «posibles». Desde su punto de vista, esto no implica una ruptura en el diálogo con el gremio sino que es «la salida lógica y natural al impasse que se había planteado con el bloqueo de las negociaciones. Si hubiera habido otra voluntad por parte de la asamblea de Adeom hubieran continuado las negociaciones pero en estas circunstancias la IMM aplica las medidas que considera que corresponden».

El jerarca destacó que la posición de la administración es «de diálogo».

«Si el gremio viene con planteos razonables, o aunque no sean razonables, estamos dispuestos a conversarlos en cualquier momento. Lo que pasa es que no podemos quedar en la situación de parálisis que estábamos después de la asamblea». *