Matilde Rodríguez: El gobierno de la época mandó asesinar a Michelini y a Gutiérrez Ruiz

 ¿Qué opinión le merece la reapertura del expediente judicial sobre los asesinatos de Zelmar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz?

 Hasta donde tengo conocimiento son acciones que se están realizando, que fueron autorizadas por el juez, de recopilación de investigaciones o de documentos en las distintas reparticiones del Estado, del Parlamento incluso, y de comunicaciones a los Estados Unidos en cuanto a documentación que se está desclasificando. Es reapertura del tema más que de un expediente mismo.

 ¿Usted estaba al tanto de la versión que se maneja de que en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) se votó por 4 a 2 asesinar a Michelini y Gutiérrez Ruiz?

 Sí, la he escuchado aunque no tengo idea de dónde viene la fuente. Pero por supuesto la he escuchado y la vi en la prensa.

 ¿Pero nunca supo el origen de esa versión?

 No conozco la fuente y no recuerdo que en el informe de la Comisión parlamentaria se manejara esa versión. Zumarán y Parteli la mencionaron como algo que habían oído ellos.

 En este caso, tras el desarchivo de la causa, los nuevos elementos que se buscan apuntan a los autores intelectuales de lo crímenes…

 Me parece interesante el sesgo tomado porque es en definitiva lo más importante, desde el momento que probaría la participación del Estado uruguayo de la época en estos crímenes.

 ¿Cuál fue en su momento la respuesta de la Justicia argentina sobre este caso?

 A nivel de la República Argentina se investigó, el episodio formó parte como tantos otros de los enjuiciamientos a las juntas militares por el fiscal Strasera. Hay indicios muy certeros de la presencia de ellos en Automotoras Orletti, y por lo tanto de las personas que actuaban en Orletti, tanto uruguayos como argentinos y la vinculación con algunos grupos argentinos conocidos, algunos represores conocidos de allá con los cuatro nombres que habitualmente manejamos acá, Gavazzo, Cordero y companía. Pero en Argentina nunca hubo investigación, como no podía ser de otra manera, porque no hay forma de investigar las participaciones políticas uruguayas. Yo nunca tuve conocimiento de eso, más bien son conclusiones que uno puede sacar por la importancia que esas muertes tenían para el gobierno uruguayo y no para el argentino.

 ¿Por la información que usted maneja los asesinos materiales fueron uruguayos o argentinos?

 No tengo la menor idea, realmente no lo sé.

 ¿Y los autores intelectuales?

 Los autores intelectuales tienen que ser uruguayos. Los autores intelectuales fueron del gobierno de la época, se supone que en esa reunión del Cosena estaban representados muchos de los gobernantes de la época y se sabe quiénes eran los integrantes del Cosena.

 Blanco debió haber sido juzgado en el año 90. ¿Qué reflexión le sugiere el procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco?

 El caso de Blanco es distinto desde el punto de vista de las pruebas. Tiene una investigación exhaustiva detrás de él y debió haber sido juzgado en el año 90, porque la Justicia tenía exactamente los mismos elementos que tiene hoy. Hay más voluntad en este momento evidentemente.

Pero ese es un caso sucedido en territorio uruguayo que implicó nada menos que el rompimiento de relaciones con Venezuela, y que apenas asumió el gobierno democrático  yo creo que a exigencia del restablecimiento de relaciones con Venezuela  se hizo una investigación exhaustiva cuando el canciller era Enrique Iglesias y la investigadora María del Luján Flores. Esos elementos probatorios son los que hoy han servido para el procesamiento. No estamos en esas condiciones con respecto al caso nuestro, por ahora.

Pero la acción de la fiscal y el juez, promoviendo esas investigaciones en distintas reparticiones del Estado, con lo que el Parlamento mandó a la Justicia, y la información pedida a Estados Unidos donde en este momento se está probando con la desclasificación de documentos cómo había funcionado el operativo Cóndor, obviamente está relacionado con este episodio.

Podría pasar que lleguemos a tener la información para acusar a los autores intelectuales, por lo tanto yo creo que la investigación judicial va en el sentido correcto. *