Fiscal Guianze rechazó el pedido de excarcelación para el ex canciller Blanco

Fuentes judiciales informaron a LA REPUBLICA que la fiscal penal de 2º Turno Mirtha Guianze, entregó al juez penal de 1er turno Eduardo Cavalli su vista respecto del recurso de reposición y apelación presentado por la defensa de Juan Carlos Blanco, y también sobre el pedido de excarcelación del ex canciller. Las mismas fuentes indicaron que la representante del ministerio público mantuvo la misma posición que expresara en el pedido de procesamiento de Blanco por el delito de privación de libertad en la desaparición de Elena Quinteros, posición con la que coincidió el magistrado Cavalli al procesar con prisión al ex canciller dictatorial.

Ahora es turno del juez Cavalli el responder a los recursos planteados por la defensa de Blanco, dándose por seguro que también mantendrá su postura, por lo que la apelación será trasladada a un tribunal de apelaciones para que decida si mantiene la sentencia de primera instancia o la revoca.

Blanco fue procesado el viernes 18 de octubre como coautor en el delito del privación de libertad en el caso de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, ocurrido hace 26 años.

Ielsur

En tanto, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), criticó en un comunicado las declaraciones formuladas por los ministros de Defensa, Yamandú Fau, y del Interior, Guillermo Stirling, sobre la resolución del juez Cavalli.

Ielsur recordó que el magistrado «carga sobre sí la salvaguarda de la tutela en el goce y ejercicio de los derechos inherentes a todos los habitantes del país» y que de la lectura de la misma «no surge ningún elemento de que la persona procesada haya sufrido menoscabo o arbitrariedad», respecto a las garantías procesales.

A la vez, consideró «imprudente y peligroso para un Estado de Derecho, donde está consagrada la separación de poderes, que integrantes del Poder Ejecutivo efectúen manifestaciones públicas destinadas a crear un estado de animosidad contra la actuación del Poder Judicial».

En este sentido recordó que «las opiniones públicas de integrantes de los poderes del Estado siempre deben estar dirigidas a mantener y preservar el Estado de Derecho y la independencia y separación de poderes.

Y que, por tanto, si quienes tienen la responsabilidad de la conducción de los destinos del país, abandonan principios consagrados constitucionalmente, existen riesgos ciertos de sostenimiento del Estado democrático».

Por último, sentenció que «a la vez que valoramos el derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental en el desarrollo de la democracia, consideramos que también es nuestro deber como institución, llamar a la reflexión y mesura y condenar las declaraciones públicas realizadas cuando éstas presentan visos de enfrentamiento entre poderes del Estado».

El comunicado fue firmado por el presidente del Ielsur, doctor Jorge Pan, y su director ejecutivo Martín Prats. *