"Julio M. Sanguinetti construyó un discurso de legitimidad de las fuerzas armadas y policiales, que con el caso Blanco queda muy descolocado"

 

 ¿Cómo explica usted las reacciones de los principales actores del gobierno de coalición, cuando se conoció el procesamiento del doctor Juan Carlos Blanco?

 El pronunciamiento de la Justicia genera una situación muy incómoda para los sectores políticos que acompañaron el voto amarillo. Desde la recuperación de la democracia hasta el presente, por la vía de acciones, del discurso, también por la vía de decisiones, han tratado de continuar la política de impunidad para los sectores fuertemente comprometidos con la violación de los derechos humanos durante la dictadura. En este caso puntual creo que el procesamiento de Blanco nos recuerda a los uruguayos que la dictadura fue cívico-militar. Esto quiere decir que desde el presidente constitucional que se convierte en dictador, Juan María Bordaberry, hasta su ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, hay un compromiso de parte de determinados sectores políticos y de políticos, tomados individualmente, que formaron parte del proceso de la dictadura.

 ¿Se puede decir que la sociedad uruguaya tenía resuelto el juicio sobre lo militar, pero no sobre lo civil?

 El tema de la faceta civil dentro de las políticas de amnesia que desde los discursos estatales se han ido construyendo intencionalmente en el Uruguay pos dictadura, fue tendiendo a desdibujarse y a no recordarse. Pero también es cierto que Juan Carlos Blanco fue senador por su sector del Partido Colorado, el pachequismo, a la salida de la dictadura. Y es cierto que existen fundamentalmente dentro del Partido Colorado, otros que también han logrado, en función de ese discurso construido por el Estado de amnesia y de impunidad, reciclarse en democracia y de alguna manera aparecer como demócratas de toda la vida. En este sentido el procesamiento de Blanco nos hace acordar de esas características cívicas de la dictadura. A diferencia de lo que fueron otros golpes de Estado en la región, en Uruguay el propio presidente fue quien devino en dictador. Por eso en este ángulo del análisis la incomodidad vuelve a focalizar el tema de la dictadura en ese aspecto de la participación de los civiles durante todo el proceso. En este sentido genera una incomodidad muy grande, fundamentalmente para el Foro Batllista, porque a la salida de la dictadura, con aquella elaboración que se llamó el Tercer Batllismo, se construyó por parte del doctor Julio María Sanguinetti un discurso de legitimidad de las Fuerzas Armadas en el proceso dictatorial, que con este caso de Juan Carlos Blanco queda muy descolocado.

 Con ese discurso ¿qué se propuso?

 Fue colocar el miedo generado bajo la dictadura por las políticas represivas y el terrorismo de Estado, en el presente democrático, sosteniendo que cualquier intento de reivindicación de los derechos humanos, cualquier intento de reivindicación sindical podría colocar al Uruguay al borde del abismo y por consiguiente podríamos retrotraernos al Uruguay de la crisis y a la implantación, nuevamente, de la dictadura.

 Uno tiene la sensación de que por el lado del sector militar hay bolsones nostálgicos, con poca incidencia en lo que es el discurso mayoritario de la sociedad, pero que el lado político es quien sustenta más el discurso del miedo. ¿Es así?

 Yo sostengo que si bien hay una participación cívico-militar en las características de la dictadura uruguaya, es muy cierto que el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura está básicamente sostenida en el Uruguay democrático por la clase política gobernante. Es que hay sectores de los partidos tradicionales que han hecho de esta política de encubrimiento un factor de legitimidad del sistema político recuperado. Ahí es donde está la gravedad de la situación. Yo creo que el ministro de Defensa Nacional y el ministro del Interior, no aparecen como tales, sino como ministros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Todos los ministros de Defensa y del Interior se han convertido desde la recuperación de la democracia, en los voceros de la corporación militar y policial, pero fundamentalmente en ser los ideólogos civiles de la recuperación de la legitimidad de las fuerzas armadas y policiales, después del proceso dictatorial. Incluso el caso de Elena Quinteros nos recuerda la participación policial bajo la dictadura: allí aparece el inspector Castiglioni, Bronzzini y otros. Desde el punto de vista de los esfuerzos que se hace en estos últimos años por sistematizar el discurso de la seguridad ciudadana y de convertir al policía en amigo de la sociedad y a la sociedad convertida en un policía, la rememoración de la participación policial en los actos de terrorismo de Estado es, de alguna manera, desligitimante del discurso de la clase gobernante respecto a las políticas de seguridad ciudadana. Yo creo que los ministros, en vez de representar un poder del Estado y actuar desde ese lugar, de alguna manera se convierten en los representantes civiles, tanto de las fuerzas armadas como de las policiales. Desde el punto de vista de la justificación política asumen aún más de lo que pudiera ser la inquietud militar o policial, la defensa corporativa de esos sectores. En el caso del ministro Yamandú Fau, este sostiene que el fallo del juez Cavalli puede generar, de alguna manera, una amenaza a la paz pública. Y allí hay como toda una tergiversación de lo que debería ser, en un Estado de Derecho, las jurisdicciones y los efectos de las resoluciones. Los ministros, si bien se escudan diciendo que en lo personal opinan de tal manera y que no interfieren en las labores de la Justicia, de hecho Fau y Stirling, este último con el tema carcelario, intervienen en los fallos de los jueces atacando los supuestos efectos que las decisiones de los jueces pueden acarrear hacia el conjunto de la sociedad. Por esta vía están atacando los propios fallos y la propia investidura de los jueces y del Poder Judicial. Si eso lo hiciera una persona, un ciudadano común, pudiera eso entrar dentro de la libertad de opinión que existe en el país, pero si eso lo hace un ministro de Estado, quiere decir que lo que opina el ministro personalmente importa poco. Lo que importa allí es el pronunciamiento que hace desde la investidura que le da el cargo de ministro, representante del Poder Ejecutivo, directamente involucrados con el tema de la defensa y de la seguridad interior. Esa opinión, por el solo hecho de que está dicha desde esos lugares, tiene la fuerza suficiente como para que lo que digan se convierta en realidad. No importa que la resultante de la resolución del juez produzca una amenaza a la paz pública, lo que importa es que las declaraciones del ministro sosteniendo eso está creando una amenaza a la opinión pública. De alguna manera estamos ante una inversión del planteo: la resolución de un juez que en definitiva interpreta y aplica la ley, termina siendo una potencial amenaza a la paz pública. En vez de ser la ley un instrumento garantista de la convivencia pacífica, legal, de los ciudadanos, esa actuación de juez haciendo cumplir la ley se convierte, por el solo acto de hacerlo, en una amenaza a la paz pública.

 Muchas veces ese discurso identifica lucha y movilización con las causas del golpe de Estado de 1973…

 Los que hemos estudiado la construcción del discurso del Estado en el Uruguay posdictadura, nos hemos encargado de establecer cómo ha sido ese mecanismo. El hecho de que cualquier acto de reivindicación social o estudiantil genere una amenaza a la paz pública, es un discurso que se ha estructurado desde el Estado y que va a cumplir 30 años. Ese discurso está estructurado sobre la base de una esquematización de las causas que nos llevaron al golpe de Estado. Fundamentalme
nte el ex presidente Julio María Sanguinetti ha sido el ideólogo de esta concepción sobre la base de la teoría de los dos demonios. Violentistas de un lado, violentistas de otro, intolerantes de un lado, intolerantes del otro, radicales de un lado, radicales del otro, nos han llevado  estoy como citándolos  al precipicio y a la dictadura.

 Hay cierta prensa que cuando quiere hablar de la maestra Elena Quinteros, primero le pone el mote de radical…

 Eso lo hacen para generar la identidad con ese discurso. La sistematización de este discurso, tan repetida por los distintos presidentes, aunque Jorge Batlle marca una excepción con esto, intenta generar un sentido común ciudadano, para que quien escuche la palabra radical o violentista, inmediatamente asocie determinado tipo de prototipos y de comportamientos, para identificarlos como potenciales enemigos o como irresponsables. Con eso reinstalan la idea de que por ese lado se va a terminar en la dictadura. Con esto se intenta quitarle las responsabilidades que tuvo el Estado, porque lo que Uruguay vivió, y se quiere olvidar, fue un golpe de Estado, fue un terrorismo de Estado. Con la intención de recuperar esa idea de neutralidad del Estado, es que no se le atribuye las responsabilidades que tuvo en el golpe cívico-militar y en el terrorismo de Estado.

 ¿Cómo ubica usted a la Comisión para la Paz dentro de este análisis?

 Me parece que el informe de la Comisión para la Paz, en lo que tiene que ver con la conclusión, con las documentaciones, va en dirección muy diferente a lo que ha sido este discurso dominante y a los voceros de este discurso. En el caso de los detenidos-desaparecidos la Comisión comprueba su fallecimiento, pero allí no aparece esa noción de violentismo y de grupo armado que le quiere atribuir como causal de la dictadura, ese discurso del Estado. Esto es así porque allí parecen fundamentalmente luchadores comunistas. *

 

La memoria de la resistencia

 A iniciativa del diputado Víctor Rossi y de toda la bancada de legisladores del EP-FA, el Parlamento votó una ley en la que se establece que todos los 30 de noviembre serán un día festivo, donde el Estado tendrá que exhibir los símbolos patrios, recordando el plebiscito de 1980 que impidió la institucionalización de la dictadura. ¿qué piensa de esta iniciativa?

 El plebiscito de 1980 y las conmemoraciones que se han hecho y que se hagan, de alguna manera vuelven a colocar los ejes sobre un dato fundamental del proceso de la dictadura y de la salida hacia la democracia. Es el papel de la resistencia y de la lucha clandestina en el enfrentamiento a la dictadura. porque de alguna manera lo que se convirtió en momento fundacional, parecería ser la ley de caducidad. y de alguna manera ese acto fundacional, de esa mala conciencia de la democracia recuperada, implica una omisión, un debilitamiento de la presencia del factor de la lucha, del factor de lo popular en el proceso de caída de la dictadura y de la recuperación de la democracia. El plebiscito de 1980 y las conmemoraciones que se hacen en torno a él, reinstala ese hecho en la memoria de los uruguayos. La iniciativa del diputado Rossi y su aprobación por el Parlamento es la institucionalización de la memoria popular en el imaginario de los uruguayos. Es importante recuperar la memoria sobre ese pasado reciente y no sólo a nivel de biografías personales, no sólo a nivel de memorias de grupo, sino también a nivel del conjunto de la sociedad. Para lograr la recuperación de esa memoria social todo es importante, pero importan mucho aquellas medidas que tiendan a institucionalizar el recuerdo sobre determinados hitos salientes de la lucha contra la dictadura, caso del plebiscito de 1980 y la participación popular dentro del mismo. En este sentido yo creo que este tipo de conmemoración desde lo simbólico, está recordándonos lo que ha sido el factor de lo popular en la resistencia, debilitamiento y caída de la dictadura cívico-militar. *

 

El golpe, tres décadas después

 El año que viene se cumplen 30 años del golpe de Estado. Tengo entendido que usted y otros investigadores, a nivel de la Universidad, están preparando una serie de actividades. ¿Es así?

 Nosotros creemos que si bien la Ley de Caducidad clausuró la parte de actuación de la Justicia y penalización, con respecto a la violación de los derechos humanos bajo la dictadura, la ley reavivó las posibilidades de que desde otros ámbitos de la sociedad se haga un esfuerzo muy grande, a los efectos de recuperar la historia y la memoria sobre el pasado reciente del Uruguay. En este sentido los ámbitos universitarios, las distintas organizaciones de la sociedad civil, los distintos centros de estudio, tenemos un compromiso muy importante por lo que es nuestra especificidad, que no es el hacer política dentro de este debate. Es recuperar desde la investigación histórica, lo que ha sido ese pasado reciente, aportando los elementos de verdad, de reconstrucción histórica, de conclusiones, para que Uruguay no pueda transitar, realmente, por ningún otro proceso crítico o violentista que pueda desembocar en consecuencias que nosotros no deseamos. La reinstalación permanente de este discurso del Estado respecto a que cualquier acción que se sale de tono o que no entra dentro de lo que el poder define como políticamente correcto, es causal de riesgo y de potencial degeneramiento del orden democrático en un orden dictatorial.

El esfuerzo que tenemos que poner es en encontrar las claves profundas de por qué en Uruguay se generó, en determinada época, un proceso de enfrentamiento de tal magnitud que en provocó todo lo que conocemos. Nuestro compromiso está puesto desde el presente con aquel pasado, a los efectos de recuperar partes de las verdad histórica de ese pasado y no como parte de la instrumentalización y como parte de la manipulación del pasado, para generar efectos de dominación, de subordinación disciplinada de los ciudadanos al discurso y las decisiones del Estado. *