Rubio planteará que se convoque al Parlamento al ministro de Defensa
El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) planteará en la comisión de Defensa Nacional que se convoque al ministro Yamandú Fau para explicar los alcances de sus dichos sobre la resolución judicial del procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco.
«Estamos muy extraordinariamente preocupados porque hemos visto manifestaciones públicas de distintos ministros y otros miembros del gobierno, todas coincidentes en el sentido de generar una especie de alarma pública a partir de la resolución de procesamiento del doctor Juan Carlos Blanco por parte de la Justicia», expresó el senador Rubio.
El parlamentario agregó que «hablar como en algún caso se ha hecho de que podría verse afectada la convivencia o la paz, me parece una verdadera exageración».
«En realidad acá lo único que afecta la convivencia y la paz entre los uruguayos es la situación de extraordinaria pobreza que estamos padeciendo, que vulnera todo el límite admisible», manifestó.
Rubio dijo temer que estas apreciaciones signifiquen «un reflejo antidemocrático» porque que «la sorpresa provoque ese tipo de reacciones, no es bueno, y de persistir este tema de declaraciones va a ser necesario, lo que plantearemos el lunes en la bancada de senadores, que se convoque al ministro de Defensa a los efectos de saber qué alcance le da y cuál es su actitud en este problema, qué tipo de reuniones ha sostenido en su casa o en otros lugares sobre este asunto con jerarcas militares y cuál es la postura del ministro de Defensa».
Según el legislador, «sería muy malo para Uruguay que frente a una decisión que el Poder Judicial adopta en el marco de la independencia de poderes se vaya creando un clima y un ambiente que directa o indirectamente con o sin intención de ella procure condicionar las decisiones del Tribunal de Apelaciones que es ante cual ahora se sigue el procedimiento».
«Siempre interpretamos de acuerdo con dictámenes jurídicos de los profesionales que nos merecen el mayor respeto en cuanto a su autoridad en la materia, que la ley de caducidad amparaba algunas situaciones pero no amparaba cualquier situación, sino a situaciones en que el ilícito era perpetrado por funcionarios policiales o militares equiparados o asimilados que además que hubieran actuado ejecutado órdenes impartidas por los mandos, que hubieran mediado móviles políticos y que no mediara un propósito de provecho económico», sostuvo.
Agregó Rubio que «esto tiene larga historia política y parlamentaria en Uruguay.
En consecuencia, si el tema se retoma a partir de fines de 2001 a nadie debe de sorprender que haya un pronunciamiento judicial para una situación no amparada por la Ley de Caducidad, donde además habría un delito continuado porque la situación no ha terminado». *
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