Magistrados y el presidente de la SCJ rechazaron cuestionamientos al juez

«La Asociación de Magistrados del Uruguay por este medio lamenta y rechaza enérgicamente los agravios emitidos a la persona del juez Dr. Eduardo Cavalli, vinculados a su intervención en las actuaciones de público conocimiento, sin efectuar pronunciamiento alguno sobre los aspectos jurisdiccionales y mucho menos políticos, vinculados a la causa.

Reitera, en igual sentido de comunicados anteriores, su respeto a la libre divulgación del pensamiento y a la crítica que la opinión pública puede y debe ejercer sobre sus autoridades, pero entiende que los términos en que ésta se realiza no debe transcurrir por el camino de la descalificación personal».

El presidente de la Asociación de Magistrados, Eduardo Borges, manifestó que «en este momento nosotros pretendemos señalar lo relativo al agravio personal a la figura del juez, sin pronunciarnos sobre otros aspectos. Las personas que ejercen un cargo público, como los magistrados, y máxime en decisiones de esta envergadura, siempre van a ser criticadas. Siempre van a haber opiniones a favor y en contra. Pensamos que en eso consiste el derecho a la libre expresión del pensamiento, que es una emanación directa del principio de libertad, regulado por nuestra Constitución, de manera que sobre ese aspecto no tenemos ningún comentario en particular».

Burgueño en Ultimas Noticias

Por otra parte, el vespertino Ultimas Noticias publicó ayer declaraciones del presidente del Instituto Artiguista del Uruguay del coronel (r) Regino Burgueño, en el que expresa que la fiscal Mirtha Guianze fue detenida en 1969 por gritarle asesino al entonces presidente Jorge Pacheco Areco y que su esposo es un ex guerrillero, que en 1976 fue detenida por la Dirección de Inteligencia cuando «se allana su domicilio y se encuentra profusa documentación marxista, del Partido Comunista y de un movimiento denominado Obrero; el 14 de noviembre fue internada en el marco de las medidas prontas de seguridad» y «en 1980 es destituida de sus funciones en la Fiscalía». Según Burgueño, Guianze está casada con «José Jorge Alvariño Barrera; fue integrante del MLN, detenido el 15 de mayo de 1972 y procesado».

El coronel (r) Regino Burgueño tuvo bajo su mando directo, durante la dictadura, a la denominada «Operación Morgan», como se conoció a la ofensiva militar desatada sobre todo contra el Partido Comunista, los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

Consultada por LA REPUBLICA, Guianze -quien es la presidenta de la Asociación de Fiscales- prefirió no hacer comentarios sobre la nota del vespertino.

Consultados otros fiscales integrantes de la asociación que los nuclea, expresaron que si bien Guianze por su carácter de presidenta prefirió mantener un perfil bajo en un tema que la implica, analizan el responder a los dichos de Burgueño.

Guillot: Pobre del juez que se sienta presionado

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Gervasio Guillot, minimizó los comentarios de los ministros del Interior y Defensa por el procesamiento de Blanco y reivindicó la independencia del Poder Judicial. «De ninguna manera puede haber afectado el espíritu del juez y pobre del juez que se sienta presionado por las declaraciones que formula un ministro de Estado. Pobre del juez que se sienta presionado por eso, porque entonces no habría justicia. Es de la esencia de un Estado de derecho democrático la independencia absoluta de un magistrado en todas las materias», dijo Guillot a la radio El Espectador.

A su vez, el presidente de la Corporación Judicial recordó que así como la decisión de Cavalli tuvo detractores, «hubo sectores que le hicieron un panegírico». Añadió que hay una cuestión de «oportunidad y conveniencia» de hacer declaraciones públicas sobre determinados temas. «El momento de hacerlas o no queda en la conciencia de cada uno».

PS y CP cuestionan a los ministros

En esferas políticas el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista (PS) emitió una declaración ante el procesamiento de Blanco y las repercusiones públicas que el hecho ha tenido, compromete «su absoluta y acérrima defensa de las instituciones republicanas y de la independencia del Poder Judicial y expresa su solidaridad a los magistrados actuantes».

El comunicado asevera que «la campaña de agravios y calumnias desatadas contra el juez y la fiscal a través de artículos de prensa serviles a los nostálgicos del terrorismo de Estado denota un actitud de grave intolerancia e irrespetuosidad hacia el orden jurídico».

«Todos los hombres y mujeres uruguayos de cualquier partido, que frente a la barbarie del golpismo militar coincidimos en la lucha por la libertad y la democracia, vemos con preocupación cómo todavía hoy miembros del Poder Ejecutivo pretenden cuestionar políticamente decisiones del Poder Judicial y toleran a quienes buscan erguirse amenazantes sobre el Estado de Derecho, único garante de la convivencia pacífica y democrática», añade.

«Esta campaña sigue a otra ya iniciada meses atrás por connotados integrantes del partido de gobierno advirtiendo sobre la posible necesidad de que las fuerzas armadas intervengan para enfrentar desbordes sociales que podrían ocurrir como consecuencia de la atroz situación de pobreza y miseria en que han hundido a nuestro pueblo».

Concluye la declaración indicando que «ante ello la dirección del Partido Socialista señala ante la opinión pública el claro sentido inconstitucional e ilegal de esas afirmaciones y espera que el gobierno despeje como es su deber todo tipo de amenazas sobre la regulación del orden interno y sobre las garantías individuales e institucionales».

Por otra parte, el secretariado ejecutivo de la Corriente Popular también emitió una declaración en que señala que las decisiones emanadas del Poder Judicial deben ser respetadas, que la decisión del juez Cavalli «genera en quienes sentimos hondamente valores humanistas una sensación de alivio moral y de reparación espiritual por entender que la misma nos dignifica como ciudadanos y dignifica a la comunidad nacional, y quiebra la impunidad hasta entonces vigente de uno de los más atroces y aberrantes delitos».

La declaración deplora reacciones políticas y periodísticas que no respetan los fallos del Poder Judicial y pretenden agraviar a los magistrados actuantes, repudiando en particular «la actitud de dos ministros de gobierno que invocan a la sociedad que no representan en sus pensamientos ni en sus sentimientos, para defender posiciones que ni siquiera consideran la propia Ley de Caducidad a la que permanentemente apelan». *