El Partido Colorado vuelve a agitar el fantasma del fin de la institucionalidad
Como si se tratara de una remake de la campaña de 1989 a favor del voto «amarillo» que ratificó la Ley de Caducidad, el gobierno puso sobre la mesa una vez más el valor de la tranquilidad del país, para rechazar la idea de continuar con el procesamiento de figuras vinculadas a la dictadura.
Ayer, tras reunirse con el presidente Jorge Batlle, fueron dos ministros colorados e integrantes del Foro Batllista -sector liderado por Julio María Sanguinetti, conductor, en el 89, de la campaña por la papeleta amarilla- quienes se mostraron preocupados por la posibilidad de que «reabrir viejas heridas» pueda quebrar la paz del país.
Tanto el ministro del Interior, Guillermo Stirling, como el de Defensa, Yamandú Fau, sostuvieron en el hall del Edificio Libertad, que esa preocupación no es sólo del gobierno, sino que también incluye al resto de la sociedad. La idea fue avalada plenamente por el presidente Batlle, dijeron fuentes oficiales.
Por lo tanto, ayer, quedaron de lado los argumentos jurídicos presentados el lunes por el gobierno, haciendo hincapié en el informe que la Comisión para la Paz presentará en los próximos días sobre los desaparecidos durante la dictadura, incluido el caso de Elena Quinteros. Para Carlos Ramela, uno de los miembros de la Comisión, los desaparecidos que no pudieron ser encontrados deben ser declarados muertos. En tanto, desde los grupos en defensa de los Derechos Humanos se afirma que «la muerte no se declara, debe comprobarla el Poder Judicial». Cabe recordar que Blanco fue procesado por «coautoría de privación de libertad» y no por homicidio, último punto que aún no fue comprobado por la Justicia.
Anoche, el presidente Batlle y Ramela analizaron este tema, y el informe preliminar final de la Comisión para la Paz, que sería presentado la semana próxima.
Pero ayer, el tema central expuesto por el Poder Ejecutivo fue el alerta por el mantenimiento de la tranquilidad. «Esta iniciativa, esta decisión judicial, reabre un camino que nosotros pensábamos, y la inmensa mayoría del pueblo uruguayo pensaba que estaba cerrado», dijo Stirling.
Para el jerarca, hay «grupos minoritarios» interesados en «generar» enfrentamientos que «abre un capítulo de interrogantes muy importante». Por su parte, el ministro Fau sostuvo que «el estado de situación es de absoluta normalidad y lo que existe es una preocupación, no exclusiva del gobierno sino de la sociedad, en el sentido de que no se produzcan hechos o situaciones que puedan contribuir a alterar la vida pacífica del país, que la ha venido elaborando con consensos tan importantes durante tantos años».
Según Fau, de esa preocupación por el mantenimiento de la tranquilidad, se habló el domingo pasado en su casa en una reunión con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y con los presidentes del Círculo y Centro Militar. Fau buscó restar trascendencia, sin embargo, a ese encuentro: «¿Es un hecho distinto que el ministro de Defensa se reúna con los comandantes?», se preguntó. No obstante aseguró que, al igual que la sociedad, la «preocupación» de las Fuerzas Armadas es mantener la paz y la tranquilidad. Además, rechazó la idea de que los militares quieran dar una señal de «amenaza» planteando sus dudas. «Nuestra preocupación es que algunas situaciones reabran debates, generen situaciones que el país ya vivió, que nos retrotraigamos 26 años atrás para poder hablar de cosas que en su momento se hablaron, y que fueron resueltas», manifestó el ministro. Evitando referirse directamente a lo resuelto por la Justicia en el caso Blanco, Fau dice que quiere «contribuir a salvaguardar un conjunto de valores de vida pacífica y tolerante que el país ha ido experimentando y que no lo queremos perder. En esto expresamos un sentido muy extendido en la sociedad uruguaya», insistió. El jerarca explicó que no se trata de que en este momento existan amenazas a la seguridad del Estado, sino a la vida pacífica del país: «Lo que el Uruguay vive es algo invalorable, ha resuelto los problemas como pocas sociedades lo han resuelto y los hechos nos han demostrado que lo resolvió bien. Lo que queremos que esos hechos que se resolvieron bien, no se vean alterados». «Si reabrimos debates que están cerrados, si generamos polémicas que el país no quería tener, puede haber una actitud de comprometer esta vida pacífica y tolerante que tenemos».
Fau fue consultado varias veces si él, desde el viernes -día del procesamiento de Blanco- hasta el martes había registrado algún hecho inusual que alterara la paz pública. El ministro dijo que no se produjo ningún hecho violento «porque hay una reacción democrática y colectiva, en el sentido que no se quiere que se altere esa paz, y transmitir la preocupación es un aporte y una contribución a esa paz». Fau señaló como otro hecho importante desde que Blanco fue encarcelado, «la atención que ustedes mismos (los periodistas) le dan a estos hechos, (colocando) en la agenda del debate temas que no estaban, y estos temas que fueron en el pasado de desencuentro, podrían volver a serlo si abrimos ese debate, por tanto lo que ratificamos es la necesidad y conveniencia de que no descuidemos un propósito superior: seguir viviendo en paz». *
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