Lupinacci, el embajador de la dictadura en Venezuela, hoy asesora al canciller Opertti

El último destino de Julio César Lupinacci en el exterior fue como embajador uruguayo en el Vaticano, donde estuvo durante cinco años y no fue renovado en ese cargo que pasó a ser ocupado por Daniel Pérez del Castillo, casado con María Peirano Basso (hermana de Dante, José y Jorge Peirano Basso, procesados por el vaciamiento del Banco de Montevideo y la operativa del Trade & Commerce Bank). Al regresar a nuestro país se jubiló, aunque es consultado por el canciller Opertti, a quien asesora en forma honoraria sobre diversos temas, fundamentalmente en su carácter de ex profesor internacionalista, materia de la que fuera docente antes de asumir cargos en la dictadura. En la actualidad concurre asiduamente a la sede del ministerio de Relaciones Exteriores y entre los temas en que asesoró a Opertti se encuentran el Tribunal Penal Internacional y cuestiones de límites (puentes, comisiones mixtas y binacionales, etc.).

Memorando sobre la entrega de «la mujer»

En 1976, cuando Elena Quinteros fue secuestrada de los jardines de la Embajada de Venezuela en Uruguay por fuerzas de seguridad, Julio César Lupinacci era el embajador de nuestro país en Venezuela. Tras conocerse el incidente que provocó las protestas de la sede diplomática venezolana y la posterior ruptura de relaciones entre ambos países hasta 1985, regresó en consultas a Montevideo.

Ya en Uruguay, Lupinacci participó en una reunión en la que también se encontraban los en ese momento canciller Juan Carlos Blanco, vicecanciller Guido Michelin y director de Asuntos Políticos Alvaro Alvarez. En dicha reunión se decidió la elaboración de un memorando sobre las ventajas y desventajas de entregar a «la mujer», refiriéndose a Elena Quinteros, recomendando devolverla y explotar publicitariamente el hecho.

En julio de 1976, el memorando mencionado fue analizado en reunión conjunta de Blanco, Lupinacci, Michelin y Alvarez con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los ministros del Interior (General Hugo Linares Brum) y Defensa Nacional (Dr. Walter Ravena) de la época. Los jerarcas militares expresaron a los funcionarios de Cancillería que Elena Quinteros no estaba detenida en ninguna dependencia y esa es la versión que la Cancillería sostuvo.

La Justicia dispuso el procesamiento con prisión del ex canciller y ex senador Blanco, como coautor de un delito de privación de libertad por la desaparición de Elena Quinteros, y ello pone sobre el tapete nuevamente las violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad de los civiles que colaboraron con la pasada dictadura militar. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado protege a militares y policías responsables de violaciones a los derechos humanos en el régimen militar, pero no es aplicable en el caso de civiles como Blanco y Lupinacci.

Los otros dos funcionarios de Cancillería que tuvieron activa participación en este caso, Michelin y Alvarez, ya no desempeñan funciones en esa secretaría de Estado.

Colaboración hacia un final presumiblemente trágico

En el fallo del juez Eduardo Cavalli, en que procesó con prisión a Blanco, hace referencia a la actitud que tomó y la que debió tomar el ex canciller, lo que parece trasladable al resto de concurrentes a la reunión donde se decidió sobre el destino de Elena Quinteros.

«Se considera que la realidad que asumió, la que puede asumir hoy y la que debió asumir siempre (Blanco), es que los mandos de la época habían procedido a la detención de la maestra y para ocultar el error forzado por Quinteros, debían negar que la tenían y hacer desaparecer cualquier rastro de ella».

«Dos vías tuvo el Sr. Blanco para elegir. La que optó fue cooperar a propagar la verdad formal que se le decía, colaborar con los captores e instruir al cuerpo diplomático para que salieran al mundo a decir que quienes mentían eran los funcionarios extranjeros». En ese sentido Cavalli agrega que «otro acto que supuso la colaboración con las personas que privaban la libertad de la Sra. Elena Quinteros lo constituye el libramiento de un comunicado de prensa el 6 de julio de 1976, por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores a su cargo, desvirtuaba hechos y atribuía responsabilidad en el episodio al embajador (de Venezuela) Ramos. Lo más relevante para el caso desde el punto de vista penal, es que la colaboración antes detallada, practicada en el Uruguay de 1976, suponía además, echar la suerte de la Sra. Elena Quinteros hacia un final presumiblemente trágico». El viernes 15 de marzo de 2002, Lupinacci declaró en el Juzgado en lo Penal de 1er Turno, entonces a cargo de la magistrada María del Rosario Berro, actualmente responsabilidad de Cavalli. *