Defensa de Blanco insistirá en la muerte de Elena Quinteros para atacar delito imputado

Los abogados de Juan Carlos Blanco se notificaron el viernes del auto de procesamiento de su defendido. Ahora disponen de cinco días hábiles para interponer los recursos correspondientes contra la sentencia del juez Eduardo Cavalli.

Fuentes cercanas a la defensa de Blanco aseguraron ayer que el escrito con el pedido de revocación y apelación en subsidio será presentado a más tardar el jueves.

Los abogados del ex jerarca entienden que, aunque el juez no lo reconozca, en el caso «no hay privación de libertad porque la persona está lamentablemente fallecida».

En el escrito, los letrados argumentarán que a 26 años del secuestro de la maestra Elena Quinteros y a 17 años de vida democrática, es imposible pensar que todavía haya alguna persona recluida en manos de las Fuerzas Armadas o de la Policía. Por consiguiente, según la teoría de la defensa, no se puede sostener que existe un delito de privación de libertad.

Empero, el juez Cavalli en su sentencia sostiene que aun cuando la muerte de la maestra Elena Quinteros resulte probada, esa hipótesis, «más que exculpatoria, podría agravar seriamente la responsabilidad del indagado».

De todos modos, agrega, que «a decenas de meses de gobiernos democráticos y de la vigencia del artículo 4 de la ley de caducidad, no se ha esclarecido el punto».

Por esa figura delictiva, el canciller de la dictadura militar fue procesado con prisión, en la causa que se le seguía por la desaparición de la maestra. El delito se castiga con una pena de uno a nueve años de prisión.

Blanco fue canciller entre 1972 y 1976, años en los que se produjo el mayor número de desapariciones de uruguayos en Uruguay y Argentina.

Durante el juicio, el funcionario del gobierno de facto dijo: «Por más que insistan de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de norte a sur, la verdad es ésa, no tuve absolutamente nada que ver y el que diga otra cosa miente».

«Chicana»

Raúl Olivera, de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, recordó ayer en declaraciones a CX 14 radio El Espectador, que por el caso Elena Quinteros hay «cuatro o cinco causas presentadas en 1985″. Esta en particular se presentó en el año 1991, cuando se conoció la existencia de un memorando secreto que mandó elaborar el hoy procesado Juan Carlos Blanco y se instaló en el Parlamento una Comisión Investigadora que analizó las implicancias de Juan Carlos Blanco en estos hechos. El Parlamento determinó, por mayoría, que el ex canciller y en ese momento senador colorado, no tuvo responsabilidad. Frente a eso, tanto los senadores como los diputados del Frente Amplio en aquel momento llevaron la denuncia a la Justicia Penal, recordó Olivera.

El dirigente sindical señaló que lo paradójico de la situación es que el tema está relacionado con lo que definió como una «chicana» del Ministerio de Defensa. Olivera aseguró que «intentaron darle largas a un recurso de amparo de Tota Quinteros, pidiendo material a varias dependencias públicas».

«Digo que es una chicana porque, en realidad, lo que se estaba discutiendo ahí no era si se había hecho algo o no con relación a Elena Quinteros, sino si Tota Quinteros tenía derecho a saber qué había pasado con su hija. Dentro de esas causas que finalmente van al juzgado, nosotros encontramos esa que estaba mal archivada, que era la dirigida contra Juan Carlos Blanco. Tota plantea el desarchivo. Luego, cuando estaba enferma y sabía que le quedaban pocos meses de vida, nos solicita a mí personalmente y a Milton Romani que firmemos junto con ella la denuncia y que continuemos con la denuncia penal contra Juan Carlos Blanco», dijo.

Olivera dijo que hay otros responsables de la desaparición de Elena Quinteros.

«El resto de los integrantes del Cosena, las jerarquías militares de aquel momento y los militares que de alguna manera estuvieron identificados que participaron en el secuestro de Elena Quinteros, los responsables del Batallón de Infantería Nº 13. Todas esas personas, de alguna manera, son los responsables en última instancia del secuestro y la desaparición de Elena Quinteros», afirmó.

Olivera recordó que el documento clave en este caso estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores: «Juan Carlos Blanco, el ex embajador en el Vaticano Lupinacci y otros dos funcionarios de alta jerarquía dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores elaboraron un documento analizando las alternativas que tenían con Elena Quinteros, en ese momento prisionera, si entregarla o no entregarla. Ese marco es lo que establece la responsabilidad actual de Juan Carlos Blanco, que fue quien ordenó como máximo jerarca del Ministerio de Relaciones Exteriores la elaboración de ese documento». El representante del PIT-CNT aseguró que los documentos desclasificados por Estados Unidos sirvieron sólo para dar un marco general a la situación de Juan Carlos Blanco. *