Seis militares chilenos fueron procesados ayer por la muerte del químico Berríos
La decisión fue adoptada por la titular del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago de Chile, Olga Pérez, y encausa como autores materiales del asesinato a los mayores en retiro Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, quienes estaban detenidos desde la semana pasada.
El domingo 13, la jueza chilena Olga Pérez ordenó la detención de los acusados por el asesinato. Los oficiales del Ejército chileno Silva y Torres fueron, durante años, los principales encargados de la custodia del ex dictador Augusto Pinochet. Ambos fueron reconocidos en rueda de presos el lunes 14 por un médico y un suboficial de la marina uruguaya, a quienes la jueza hizo viajar a Montevideo «ante la manifiesta falta de colaboración del gobierno uruguayo», según dijo. (Ver nota aparte).
El único militar en actividad sometido a proceso es el capitán Pablo Rodríguez, acusado de obstrucción a la Justicia.
También por obstrucción a la Justicia, la magistrada Pérez decidió procesar al ex director de la dirección de inteligencia del ejército (DINE), general Hernán Ramírez, y al suboficial en retiro Raúl Lillo. Como encubridor fue sometido a proceso el también ex director del DINE, general en retiro Eugenio Covarrubias.
El caso Berríos volvió al primer plano noticioso luego que la revista Siete+7 entrevistó a uno de los procesados (al que no identifica) quien afirma que la DINA -la policía secreta del ex dictador Augusto Pinochet- pensó envenenar las aguas que abastecen a Buenos Aires en medio de la crisis pre bélica chileno-argentina por el Canal Beagle, en 1978.
La Justicia chilena está investigando ahora el uso del gas sarín en la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, en enero de 1982, por una misteriosa infección luego de una operación quirúrgica menor. Frei acababa de romper con el régimen y estaba negociando un frente opositor con el sindicalista Tucapel Jiménez, quien también se había distanciado de Pinochet y fue degollado al mes siguiente. La operación fue ejecutada por la inteligencia del Ejército chileno, la DINE.
Según la revista, Berríos fue sacado desde Chile a Uruguay y no a la Argentina para evitar que sus conocimientos sobre armas químicas cayeran en manos de militares de Buenos Aires.
Pinochet dejó la presidencia en 1990 y al año siguiente el juez Adolfo Bañados ordenó la captura de Berríos. Pero Pinochet seguía siendo comandante en jefe del Ejército, cuyo auditor había infiltrado el tribunal. De ese modo el ex dictador ordenó que salieran de Chile los funcionarios que el juez investigaba: el capitán Luis Arturo Sanhueza Ross, alias «El Huiro» o Ramiro Droguett Aranguiz, el mayor Carlos Herrera Jiménez y Eugenio Berríos. El 29 de octubre de 1991, Berríos llegó a Montevideo. Junto con Herrera fue alojado en un departamento en Rambla República del Perú 815 de Montevideo, cuyos alquileres fueron pagados por el teniente coronel de inteligencia del Ejército Tomás Casella. Herrera Jiménez viajó a Buenos Aires, donde fue detenido. Casella mudó entonces a Berríos a otro departamento en la calle Buxereo 117, en Pocitos, con otro acompañante: el teniente coronel Mario Enrique Cisternas Orellana. Lo frecuentaron durante casi un año los oficiales chilenos Pablo Marcelo Rodríguez, Torres Gacitúa y Silva Valdés y los uruguayos Eduardo Radaelli y Wellington Sarli Pose.
También un agente civil de inteligencia incorporado por Pinochet a la DINE. Berríos «comenzaba a evidenciar hastío y a insistir en que lo mejor era regresar a Chile y entregarse a la justicia». Durante unas semanas lo tranquilizaron organizando una visita a Montevideo de su esposa, con quien Berríos se reunió en un hotel. Tal vez alentado por ella, el 9 de noviembre de 1992 Berríos llamó a su amigo Emilio Rojas, agregado cultural chileno en Montevideo.
Rojas comunicó lo sucedido al coronel Emilio Timmermann, agregado militar en Uruguay.
Berríos hizo un último intento. El 11 de noviembre llamó al cónsul Federico Marull, le dijo que estaba retenido contra su voluntad y le pidió ayuda para regresar a Chile.
Luego de sus contactos con la embajada, Berríos no volvió a sentirse protegido y el 15 de noviembre se escapó y solicitó protección en una casa vecina habitada por un oficial de la Marina retirado, quien lo condujo hasta la Seccional 24 Parque del Plata de la Policía.
Tres años después, el 13 de abril de 1995, el cadáver de Berríos fue encontrado en la playa del Pinar con dos balas de Magnum en el cráneo, atado de pies y manos y dentro de una bolsa amarrada con una soga.
Los restos de Berríos fueron entregadas hace dos semanas a su esposa, Gladys Schmeisser, quien pudo darles sepultura tras una larga tramitación en Uruguay y en Chile.*
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