Legisladores de todos los partidos, excepto del Colorado, valoraron acción de la Justicia

En la víspera, el juez Eduardo Cavalli procesó con prisión por el delito de privación de libertad al ex ministro de Relaciones Exteriores durante la pasada dictadura, Juan Carlos Blanco por el caso del secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros y lo remitió a Cárcel Central.

Consultado al respecto, el senador Rafael Michelini, del Nuevo Espacio sostuvo que «confía en la Justicia en la medida que da todas las garantías del debido proceso al ex canciller, de un hecho absolutamente horroroso el cual terminó con la vida de la maestra Elena Quinteros».

«Naturalmente no sólo hemos bregado para que se sepa la verdad, sino que nos alegramos que la Justicia tomara el caso y actuara con toda la imparcialidad que ha demostrado. Hemos peleados porque el Estado Uruguayo y las Fuerzas Armadas reconozcan las violaciones de los derechos humanos más allá de nombres y apellidos», añadió el parlamentario.

Tiempo atrás Michelini responsabilizó, en un seminario ante el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), a las Fuerzas Armadas por la violación de derechos humanos en el Uruguay y citó algunos de los casos más notorios de esas operaciones.

 

«Una flor» y «un poco de paz»

Por su parte, el diputado Edgar Bellomo (Alianza Progresista) opinó que el caso Elena Quinteros constituye «uno de los episodios más dolorosos y vergonzosos de la época dictatorial no solo por el hecho en sí mismo, sino por lo que supuso en el ámbito internacional y que fue un desencadenante de la ruptura de relaciones con la hermana república de Venezuela».

«Además, no podemos pasar por alto implicancias y vinculaciones entre personeros de aquél momento nefasto con algunos partidos políticos en la actualidad», añadió el legislador encuentrista.

Por otro lado, resaltó que se atiene el dictamen emanado de la Justicia, y opinó que el mismo constituye «un paso positivo y un aliciente para seguir analizando responsabilidades que todavía deben seguir siendo investigadas.

«Esto es como depositar una flor en la tumba de María Almeida «Tota» Quinteros, y recordar que aún falta la de Elena», puntualizó.

Por su parte, el diputado Carlos González Alvarez (Herrerismo) también integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes expresó que «es un fallo judicial al cual hay que respetar, porque se habrán tenido en cuenta todos los elementos del caso. Es decir, si la Ley de Caducidad lo comprendía o lo amparaba».

«Tenemos que tener confianza en los Jueces en que actúen y si está bien realizado el procesamiento desde el punto de vista legal, va a poder traer un poco de paz a la gente que hace años está luchando por el tema», señaló el legislador nacionalista.

Alberto Scavarelli (Foro Batllista) componente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados prefirió no hacer comentarios «por el momento hasta que se conozcan los fundamentos del magistrado actuante, porque se trata de un tema muy importante y de trascendencia».

 

«Hacia el enfrentamiento»

Sin embargo, el diputado también forista, Ruben Díaz opinó que «se trata de una medida negativa, injusta y que no beneficia al país». Si bien señaló que respeta la autonomía del Poder Judicial y los magistrados que actuaron, resaltó que «tiene el derecho de opinar sobre las decisiones que se toman al respecto».

«Esto va contra toda la política que ha seguido el país en materia de pacificación y reinstitucionalización desde hace quince años. Además, el delito es muy discutible como así también lo es la constitucionalidad de la norma que se invoca, razón por la cual en la Justicia se darán instancia definitorias en etapas posteriores». Agregó: «Es un paso gigantesco hacia el enfrentamiento entre los uruguayos que nos conduce al proceso que ha tenido la consagración popular en la ley de Caducidad, creo además que es un acto de injusticia personal». Si bien resaltó que en su momento discrepó con el golpe de estado de 1973 y mantuvo con Juan Carlos Blanco «todas las discrepancias del caso», de todas maneras señaló que Blanco no «estuvo ni directa ni indirectamente vinculado a hechos donde se lesionara la integridad de las personas y es un hombre de bien».

En el mismo sentido, el diputado Daniel García Pintos (Fuerza Nueva Colorada) subrayó que el procesamiento de Blanco es «verdaderamente lamentable»

«Sigo teniendo el mismo buen concepto que he tenido siempre sobre Blanco como profesional del derecho que es, como ex legislador y ex canciller de la República. Por lo que ha sido una decisión producto de la enorme presión que hay en la sociedad uruguaya», opinó. El legislador afín al batllismo, Lista 15 añadió que en la actualidad «hay grupo pequeño de gente de extrema izquierda que está presionando enormemente sobre los tres poderes del Estado». *