"La decisión judicial rompe el ancla establecida por la Ley de Caducidad"

El abogado del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Guillermo Paysée, dijo a LA REPUBLICA que el procesamiento del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco  por coautoría de un delito de privación de libertad en la desaparición de la maestra Elena Quinteros  es un hecho auspicioso, que «abre brechas en el esclarecimiento de la violación a los derechos humanos, en el período de facto. Además es un hecho que hace bien al sistema democrático».

Para Paysée la actuación de la Justicia en el caso, es demostrativa de la independencia de dicho poder y prueba que es el ámbito para avanzar en esos aspectos, ya que el sistema político se muestra cerrado a cualquier modificación de la Ley de Caducidad. En su opinión, la decisión judicial rompe el ancla establecida por dicha ley y permite vislumbra un camino a la investigación y la Justicia, que parecían cerrados.

El procesamiento de Blanco, añadió, muestra que las pruebas contra el ex canciller son muy importantes, pues pese a la negativa de aquel, el juez encontró motivos para su procesamiento. En cuanto a las posibilidades de que el ex funcionario aporte indicios sobre el paradero de los restos de Quinteros, Paysée no cree que de sus dichos surja alguna pista al respecto.

Finalmente, el abogado de Serpaj recordó que están pendientes varias denuncias, entre ellas las presentadas contra el ex dictador Juan María Bordaberry por el asesinato de ocho comunistas en la seccional 20 del PCU, en 1972. También, contra el coronel Manuel Cordero por apología del delito, cuando en un reportaje en el semanario Búsqueda justificó la tortura y manifestó su disposición a repetirla, si las circunstancias, a su entender, lo exigieran. *