Huidobro a favor de promover una denuncia penal por negocios de Ancap en Argentina

Paralelamente, la comisión que se reunió el lunes, recibió una petición del ex presidente del ente, Eduardo Ache, y del ex director Juan Andrés Mora a los efectos de asistir al grupo parlamentario a dar su versión sobre los emprendimientos del ente de los combustibles en la vecina orilla.

La Comisión investigadora ha recibido en tres oportunidades al directorio de Ancap encabezado por Jorge Sanguinetti para entender en las denuncias formuladas por el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) respecto a la inconveniencia para la administración y el país de estos negocios realizados.

«Adelanté conclusiones mías en base a los estudios que hice sobre los materiales que ya nos proporcionaron. En ese sentido, adelanté la condena política y la honda preocupación por el futuro de este socio», manifestó el parlamentario.

Por otra parte, Fernández Huidobro también indicó que en sus conclusiones está «la necesidad de una legislación para impedir o controlar que las cosas no vuelvan a pasar y queremos tener el asesoramiento jurídico pertinente porque estamos evaluando realizar una denuncia penal por los documentos que tenemos entre manos».

El legislador fundamentó su postura en que «desde el comienzo mismo, la contratación de una consultora directamente implicada e involucrada en la empresa que íbamos a comprar, porque era su principal acreedora, porque se entrecruzaban entre ellas y la empresa que íbamos a comprar, personalidades de jerarquía, y por lo tanto muy mal asesorados íbamos a estar desde el principio».

Fernández Huidobro se refirió a «la aparición desde ese momento de un conjunto de empresas fantasmas de cuya existencia, origen, hasta hoy hay brumas». En ese sentido, indicó que algunas de estas empresas estaban domiciliadas en Bermudas, pero sin embargo tenían utilidades por U$S 100 millones.

Otro de los elementos manejados por el parlamentario alude a «los problemas de los pleitos pendientes con la Dirección General Impositiva (DGI)».

«Se trata de un conjunto de luces amarillas en los semáforos de la atención que para cualquier inversor en el mundo hubiera sido de por sí alarmante», señaló.

Recordó que la empresa a la cual se contrató (Socimer) resultó ser estafadora de uno de los más grandes escándalos financieros de España, una empresa domiciliada en Islas Caymán. Esto fue en el año 1998 y lamentablemente hoy tenemos reminiscencias de esos problemas porque los conocemos en carne propia con repercusiones también en la misma República Argentina».

«O sea que contratamos como asesora para saber dónde teníamos que invertir a una empresa de estafadores vinculada a su vez a la empresa que íbamos a comprar y luego que compramos la empresa, el descubrimiento de asuntos graves y por otro lado del vaciamiento de esa empresa durante el transcurso de las negociaciones y a posteriori también, por la friolera de U$S 23 millones», señaló.

Para el legislador del MPP «es un vaciamiento delictivo; hay una denuncia penal grave que involucra a todos los directivos anteriores y posteriores, o sea también a los uruguayos, por U$S 23 millones».

Señaló además que existió «un despilfarro de dinero uruguayo que sobrepasó la cifra de U$S 200 millones, que es el ojo de la cara que nos tocó esta aventura de la que todavía estamos metidos, y por eso nos preocupa que es lo que pasa de ahora en adelante». *