La columna de Sherlock

Unos nacen con estrella y otros estrellados

* –Tengo para usted una información que quizás le interese.

-¿Es buena?

-Más contratos de obra…

-Uff, es un tema remanido… pero dele, escucho.

-Se trata de contratos de tres ingenieros realizados por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas.

-¡Pero! Lucio había dicho que no habría más contrataciones en su cartera. ¿Cambio de parecer?

-Mire lo que tengo. Los ingenieros Luis Rolando Focco, Ponciano José Torrado y Martha M. Solliazzo, vienen siendo contratados por ese Ministerio desde 1993, con una remuneración para cada uno de 2.500 dólares más IVA por mes, adjudicándoseles durante algún período un adicional del 10% para «imprevistos».

-¿Se tratará de técnicos calificados?

-Claro que sí, tan calificados como muchos otros. Uno trabaja en las obras de la Ruta 1 y en los puentes entre Empalme 3 y Colonia, y los otros en el nuevo puente sobre el río Santa Lucía, el de la Barra y sus accesos.

-Entonces son calificados.

-No lo niego, pero esta información hay que conocerla. En setiembre de este año, cuando se resuelve la pesificación de los contratos, pasan a ganar $ 57.875 más IVA cada uno.

-Todavía no me ha dicho nada importante… Esa cifra tampoco es tan espectacular. Claro, pero no la ganamos ni usted ni yo.

-Es que junto a la modificación de sus remuneraciones, que fueron llevadas a pesos, se establece que seguirán en funciones hasta que finalicen las «obras». Y la interpretación que hace Lucio y su Ministerio al entrar en vigencia la «megaconcesión», es que el plazo de los contratos se extenderá por un período de tiempo que cubrirá todo el lapso que cubre la ejecución de las obras de la «megaconcesión».

-¿Las de la «megaconcesión»? Pero esas obras son permanentes, no tienen cronograma de terminación.

-¿Vio? Mientras la coalición de gobierno establece un régimen especial para la generalidad de los funcionarios públicos, estos ingenieros son contratados por un plazo indeterminado. Por nueve años cobraron cifras muy por encima de la media y ahora, por muchos años más, tienen asegurada una remuneración que hoy la mayoría de los empleados públicos ni siquiera sueña.

-¿Cómo ocurre esto?

-Estos contratos comenzaron durante el gobierno de Lacalle, siguieron en el de Sanguinetti y ahora, nuevamente, son refrendados, durante el gobierno de Batlle. Además, le digo, otra cosa que es sorprendente. En la documentación que llegó al Tribunal de Cuentas no figura ninguna persona contratada en 2001 en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y hay otra perla más…

-No me abrume con tanta información…

-Uno de los ingenieros de que hablamos, además, viene siendo contratado por el Banco Hipotecario desde diciembre de 1990. Si entendemos que fue contratado en el MTOP en 1993, podemos concluir que este técnico cobra simultáneamente dos remuneraciones, aunque ello se prohíba a cualquier funcionario público de «a pie»

-Pero, dos contratos… ¿le parece que es posible?

-Ese ingeniero es un legalista y fue sensible. Cuando en octubre de 1993 fue contratado por el Ministerio, del que era funcionario, renunció a su cargo en la Dirección de Vialidad, que ocupaba como «servidor público».

-¿Blanqueó su situación para cobrar las dos remuneraciones y los dos IVA?

-Claro, evitó una incompatibilidad que no es nueva.

-¿Qué dice?

-Le recuerdo que hay un ministro de la Corte Electoral que está contratado a través del PNUD para realizar el estudio del nuevo sistema jubilatorio, cobrando simultáneamente el monto y su remuneración como ministro.

-Eso debe ser el reflejo de la fidelidad partidaria. De una militancia denodada al servicio del país.

-Si usted lo dice.

 

Fraccionamiento del gasto, una práctica multiplicada

* -¡Usted dio una información incompleta!

-¿De que está hablando?

-En su columna informó sobre las pocas licitaciones que figuraban como realizadas y elevadas al Tribunal de Cuentas.

-¡Claro! Dije que el año pasado fueron elevadas tres por la Presidencia de la República, dos por el Poder Legislativo, una del Banco Central, dos del Banco Hipotecario y una por el Banco de Seguros.

-¡Se acuerda de memoria de cada detalle! Pero, ¿usted sabe que esas cifras irrisorias se dan por una razón que se llama «fraccionamiento del gasto»?

-Explíquese.

-Desde siempre se han establecido montos mínimos. Los últimos que conozco son los fijados en setiembre de 2000, por debajo de los cuales se pueden realizar compras directas, llamados a precios, etc. El grueso de las compras del Estado se realizan por ese mecanismo. Si hay que comprar una partida de papel que supera el monto mínimo, para evitar el trámite en el Tribunal de Cuentas, se fracciona el gasto y se compra el mismo papel en dos o tres veces.

-¿Usted conoce esos montos mínimos? ¿Están establecidos por el Tocaf?

-Tengo cifras aproximadas. Para los organismos públicos, creo que la cifra tope es de $ 1.054.000, mientras que para los Entes Autónomos (comerciales e industriales), es de $ 6.324.000.

-Claro, son montos bastante altos. Fíjese que los organismos públicos deben informar sobre sus licitaciones mayores de 40 mil dólares y los entes las que superen los 230 mil dólares. Con ese dinero se puede comprar mucha cosa y evitar la fiscalización del Tribunal.

-Tiene razón, quizás son montos demasiado altos. Por una razón de transparencia, ¿no cree que habría que reducirlos?

 

Una interpelación que se viene y es fácil

* -Vio que la gerencia del Banco de Previsión Social no cumple con la reciente ley por la cual se deben seguir pagando las pensiones y jubilaciones en el edificio central de Colonia y Fernández Crespo.

-Es que la señora Myra Tebot posee un carácter fuerte. Quizás les asista razón a quienes afirman que tiene mayor poder que los directores del BPS. ¿Será verdad?

-Eso no lo sé, pero la verdad es que no se cumple con lo establecido por esa discutida ley.

-¿Y?

-Se imagina usted si el senador Rafael Michelini, o Marina Arismendi o Manuel Núñez, para sólo nombrar a algunos, plantearan una interpelación del ministro de Trabajo y Seguridad Social por este asunto.

-¿Qué quiere decir?

-Que en esa interpelación no habría que hablar mucho. Solamente plantear una pregunta.

-¿Cuál?

-¿Se cumple con esa ley o no?

-El ministro, objetivamente, tendría que decir que no.

-¿Y?

-Que estarían dados, en tan sólo un minuto, los extremos para que las explicaciones del ministro sean consideradas como «no satisfactorias».