Los Peirano desmienten disposición a pagar la mitad de las deudas

Las mismas fuentes indicaron que se sigue auditando el grupo de empresas con el propósito ya manifestado a los ahorristas de ofrecer en su momento una solución para comenzar a atender esas obligaciones.

Consultada al respecto, la abogada Hebe Martínez Burlé, quien representa a decenas de ahorristas del Banco de Montevideo, dijo que la versión del pago del 50% llegó a sus oídos pero que nadie en nombre de los Peirano le ha hecho comentarios sobre ello y que la considera muy poco probable.

La abogada informó que se reunió con el estudio Della Valle, quien representa también a decenas de ahorristas, y que nadie hizo contacto con ellos para pagar en nombre de los Peirano ni para negociar los créditos. Martínez Burlé añadió que viajará a Buenos Aires en representación de su estudio y el de Della Valle, para conocer la veracidad o no de que el Grupo Peirano va a pagar el 50% de lo que debe, o si alguien está comprando esos créditos de bancos que no se saben si van a ser liquidados o no.

Recurso en Paraguay

En tanto Jorge, José y Dante Peirano –procesados con prisión en Uruguay y procesados y prófugos en Paraguay en la causa que investiga irregularidades administrativas en el Banco Alemán– intentan anular un juicio en el que están en juego los bienes de la financiera Parapití, perteneciente al Grupo Velox en el país guaraní.

El escrito presentado por sus representantes legales en Paraguay argumenta que la demanda promovida por Cecilio Juan Fleitas sobre preparación de ejecutiva debía ser anulada por no haber sido notificados, conforme lo establece la ley.

«La notificación original en el presente juicio es claramente nula, por haber sido indebidamente practicada en un lugar que no es el domicilio de mis mandantes», expresa el escrito presentado por los abogados Juan Carlos y Daniel Mendoca, quienes destacan que esta situación pone a los hermanos Peirano en un estado de total indefensión.

Vista fiscal de la apelación

Por otra parte, el fiscal actuante en el expediente por el Banco de Montevideo y el Trade & Commerce Bank (TCB) Rafael Ubiría, evacuó la apelación presentada por la defensa de los procesados por este caso, ratificando su posición respecto a los delitos económicos por los que fueron procesados y volviendo a discrepar con el juez actuante, Pablo Eguren, en el delito de asociación para delinquir, por el que también fueron procesados los hermanos Peirano. «En el plano sustancial, este ministerio estima que de las actuaciones cumplidas hasta el presente, no surgen elementos probatorios que permitan sustentar la imputación prevista en el artículo 150 del Código Penal (Asociación para delinquir)». Señala el escrito del fiscal que «el llamado ‘corralito’ instaurado en la Argentina, el comienzo de una ‘corrida’ de depósitos en los Bancos de nuestro país, sumado a la deficitaria situación de las empresas del Grupo Velox, principalmente TCB, fueron los motivos que determinaron seguramente a los imputados a tomar las decisiones que llevaron al ‘vaciamiento’ del Banco de Montevideo, incumpliendo, claro está, en forma intencional normas bancocentralistas y disposiciones legales físicas allegadas, y vinculadas». Ubiría mantuvo su rechazo al pedido de excarcelación provisional presentado por Marcelo Guadalupe, indica que no puede concederse el beneficio excarcelatorio cuando la ley reprima el delito atribuido con mínimo de penitenciaria, o cuando se estima prima facie que la pena a recaer en definitiva será de penitenciaria. A entender del representante del Ministerio Público «la magnitud del injusto, y la alarma social que los delitos han generado», así como «la gravedad ontológica del reato y el grave perjuicio provocado a la economía del país, a su sistema financiero, y a multiplicidad de ahorristas sensiblemente afectados en su patrimonio, por las maniobras delictivas imputadas, lleva a este representante a mantener su oposición a la libertad provisional de Marcelo Guadalupe». *