Anuncian campaña de firmas para enjuiciar al dictador Bordaberry

 

Este día el abogado Walter De León y la señora Lille Carusso, así como los integrantes de la Comisión de Familiares asesinados durante la dictadura, presentarán ante la Suprema Corte de Justicia una acusación contra Bordaberry por el delito de atentado a la Constitución.

Pero además pretenden que esa acusación sea acompañada por decenas de miles de uruguayos por lo que comenzaron esta semana una campaña para recoger las firmas de todos los que estén de acuerdo con el juzgamiento del sátrapa.

Ya han estampado su firma todos los integrantes del Secretariado del PIT-CNT, pero anuncian su apoyo a la recolección diferentes personalidades de los más diferentes ámbitos, así como centenares de ciudadanos que ayer bloquearon los teléfonos de la 1410 apenas se enteraron de la propuesta.

Según la presentación judicial a la que LA REPUBLICA tuvo acceso, «en 1973 Bordaberry dio un golpe de Estado, disolvió el Parlamento y creó un Consejo de Estado Constitucional».

Agrega que el Código Penal, en el capítulo Delitos contra la Patria, artículo 132, establece que «será castigado con diez a treinta años de penitenciaría, y de dos a diez años de inhabilitación especial, aquel ciudadano que por actos directos pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por el Derecho Público interno.

Este delito prescribe a los 20 años, según el artículo 117 del Código Penal. Pero tiene una pena igual que el más grave y cruel de los homicidios.

Pese a esto, existe abundante jurisprudencia reconociendo la interrupción del cómputo de la prescripción durante el período de dictadura (1973-1985), ya que juristas, jueces y fiscales concuerdan con que no existía justicia durante ese período.

Por lo tanto el delito de Atentado a la Constitución está plenamente vigente.

Al tratarse de un civil no se aplican los alcances de la Ley de Caducidad. Además, según el artículo 239 de la Constitución en el juzgamiento de los individuos infractores de la Carta Magna, tiene competencia originaria y exclusiva la Suprema Corte de Justicia.

Estos juicios, según la Constitución «de cualquier modo serán públicos».

El documento que se pondrá a consideración del Poder Judicial establece además otros aspectos para promover la investigación y juzgamiento de Bordaberry.

«Antes de la dictadura la deuda externa ascendía a 564 millones de dólares y al finalizar la misma alcanzaba a los 4.900 millones de dólares». Otro aspecto tiene que ver con asesinatos y desapariciones de militantes políticos ocurridos durante el año 1972, antes del golpe de Estado.

Los demandantes sostienen que «es muy difícil elegir testigos, para demostrar un hecho notorio como el golpe de Estado dado en Uruguay en junio de 1973. Pero creemos imprescindible la presencia en la sede de los integrantes del gobierno de la época, sobrevivientes, quienes apoyaron el golpe y quienes se opusieron, como ministros, parlamentarios, comandantes en jefe de las tres armas, así como periodistas, familiares de opositores, sin dejar de lado la propia experiencia de los miembros del Tribunal, muy rica por cierto».

Sin embargo se reservan el derecho de «ampliar las pruebas y proponer testigos, en la medida que el Tribunal o las circunstancias lo requieran». Los detalles de la campaña, así como los lugares donde se recogerán las firmas serán anunciados en los próximos días. *