Interpol Chile pidió interrogar a militares uruguayos vinculados al ex agente Berríos

Radaelli, capitán de contrainteligencia del Ejército, era el propietario del chalet de Parque del Plata, Eduleo, donde Berríos denunció haber sido secuestrado, en noviembre de 1992. Casella, también oficial de contrainteligencia y con fuertes vínculos con Chile, fue quien tuvo a su cargo la «custodia» de Berríos, desde su huida de Chile en 1991. El 23 de febrero de 1993, fungió como edecán del dictador chileno Augusto Pinochet, durante su última visita al Uruguay.

Para fundamentar el pedido, los policías chilenos esgrimieron un convenio de cooperación policial suscrito entre ambos países.

El equipo policial fue enviado por la Justicia de ese país, que investiga las causas del homicidio ocurrido en Uruguay a mediados de 1993.

Ayer, nueve años después de la ejecución y tras varios años de idas y venidas, el cuerpo del ex agente fue sepultado en el Cementerio General de la capital trasandina.

El convenio indica que se pueden tomar declaraciones en otros territorios, siempre que no se violen las normas y reglas que rigen en cada país.

El tema está a estudio de la fiscal y el juez actuante en este expediente, Nancy Hagopián y Alvaro González (ambos de la ciudad de Pando), quienes deberán resolver si el convenio policial en que fundan su solicitud los chilenos es aplicable y no viola la legislación vigente.

Por otra parte, desde Chile llegó en las últimas horas la respuesta a un exhorto enviado por la Justicia uruguaya, conteniendo los testimonios de los militares chilenos que también habrían participado en el homicidio de Berríos y que fueran reclamados por la fiscal Hagopián.

Cabe recordar que tiempo atrás y en respuesta a un pedido de cooperación de la Justicia de Chile, fueron recabados en Montevideo una serie de testimonios a diversos testigos, solicitándoles el reconocimiento de fotos, con el fin de conocer si algunas de las personas que participaron de la operación en que fue asesinado Berríos eran oficiales de la Inteligencia chilena. Tanto Casella como Radaelli, ya habían declarado ante la Justicia uruguaya por su presunta participación en los hechos. Empero, la Fiscalía entendió que de la investigación no surgían elementos de convicción suficientes que permitan responsabilizar a las personas que fueron indagadas, entre ellos, ambos militares, con relación a la muerte de Berríos, y archivó sin perjuicio el expediente. Meses atrás, la causa fue reabierta a partir de la aparición en Chile de información que vinculaba a militares chilenos con el asesinato del ex agente.

Cuatro personas en el funeral

En tanto, en Chile sólo cuatro personas asistieron ayer al funeral de Berríos. Sólo su entorno familiar, además de su abogado asistieron a las exequias realizadas en el Cementerio General de Santiago. Su viuda Gladys Schmeisser señaló que con esta fecha se había cerrado un capítulo y que confiaba en que se va a aclarar e identificar a quienes fueron los autores de los disparos que le quitaron la vida a su marido.

«Habrá justicia, yo creo», manifestó la mujer. El abogado defensor, Tomás Ehrenfeld, afirmó que Berríos fue asesinado en Uruguay cuando estaba decidido a regresar a Chile y prestar declaraciones ante la Justicia. «El quiso presentarse a la Justicia a declarar. Estaba arrepentido, el arrepentimiento siempre es una respuesta a la gracia de Dios. Es la respuesta a la oferta de salvación de Dios. Por ello, tengo la certeza de que todos sus pecados han sido perdonados», señaló. El profesional manifestó su convencimiento de que «muy pronto habrá novedades» en el proceso que se sigue para determinar a los responsables de la muerte de Berríos. Al ex agente de la DINA se le sindica como el autor del letal gas sarín aplicado a opositores a la dictadura de Augusto Pinochet y que tras inhalarlo morían de un infarto cardíaco.

Berríos huyó de Chile en 1991 a raíz de una citación judicial que le pedía comparecer en el proceso por el caso Letelier. Su rastro se perdió en Uruguay en 1993, cuando en un oscuro incidente, denunció ante la comisaría de Parque del Plata de Montevideo que militares del Ejército chileno lo mantenían secuestrado y le impedían regresar a su país.

Aunque su cuerpo apareció en 1995, la Justicia uruguaya sólo en 1997 certificó su muerte, caratulándola posteriormente como «homicidio». Sus restos llegaron a Chile en marzo de 2002 y el martes último, la jueza autorizó que los restos fueron entregados a su familia. *