Megaconcesión: Batlle y Atchugarry debieron intervenir para zanjar diferencias con AFAP

Luego de un año y medio buscando concretar el megaproyecto, el gobierno se encontró con dos dificultades finales que podrían haber retrasado el inicio de obras en carreteras y puentes: por un lado si las AFAP pueden intervenir en este tipo de inversión, y por otro la rentabilidad que éstas obtendrían ingresando en el proyecto.

Una vez que la megaconcesión se aprobó en el Parlamento, a fines de setiembre, el Poder Ejecutivo disparó los mecanismo para comenzar inmediatamente con las obras. Para ello  y mientras se espera que en marzo de 2003 la Corporación Nacional para el Desarrollo subaste el 100% de las acciones de la megaconcesión  se buscaron distintos mecanismos de prefinanciación.

La Corporación Andina de Fomento (CAF) aportará 25 millones de dólares. Además, la CND obtendrá fondos para el proyecto a través de un crédito del Banco República de 12 millones de dólares y de una emisión de obligaciones negociables por 10 millones de dólares en la que intervendrían las AFAP. A su vez, el Estado aportará 5 millones de dólares este año, y 17,5 el próximo.

Sin embargo, y según afirmaciones del ministro de Transporte Lucio Cáceres, surgieron dificultades con las AFAP que plantearon dudas en cuanto a la rentabilidad.

«La megaconcesión tiene ‘investment grade’ (grado de inversión) y tienen dudas», dijo ayer Cáceres, quien se mostró muy molesto por la situación a la salida del acuerdo con el Presidente.

«Hace más de un año que impulsamos esto; lo hemos hecho porque entendemos que es la única forma de preservar el patrimonio que el país tiene, y veo con dolor el riesgo que se plantea de que si no se hacen inversiones esto se cae», afirmó el jerarca.

A la vez que destacó la confianza de la CAF en el proyecto, Cáceres cuestionó a «otros organismos de financiamiento que normalmente trabajan para el país» que ahora plantean «dificultades».

«Espero que esto se solucione y de acá a quince días empiecen a trabajar las máquinas, y que empiece a ser el elemento dinamizador de toda la economía del país y de todo el Interior. Hoy hay una situación regional que hace tener reservas en la toma de decisiones, pero aquí, los uruguayos que estamos, estamos jugados a este país, y la forma de jugarse a este país es echar para adelante y darnos cuenta que demorar en tomar decisiones es estar en contra de lo que es la reactivación».

El ministro de Economía, Alejandro Atchugarry se reunió ayer con representantes de las AFAP y fuentes oficiales confiaron en que «habrá acuerdo».

Alejamiento

Cáceres señaló la importancia de la obra, advirtiendo que de lo contrario peligra el normal funcionamiento de rutas como la 3, la 5 y la 9. «Pueden terminar como carreteras de balastro», aseguró.

El malestar de Cáceres alcanzó un nivel tal que llegó a evaluar la posibilidad de alejarse del Ministerio. Sin embargo, luego aclaró que hace 33 años que acompaña al presidente Batlle, y «en momentos de dificultad del barco no hay que bajarse, y vamos a seguir ayudando y apoyando, a pesar de estas señales de dificultad».

Para Cáceres es imperioso que los trabajos comiencen en unas dos semanas. Explicó que la maquinaria del Ministerio trabaja diez días al mes y aseguró que al día de hoy ni siquiera hay gasoil para funcionar. Fuentes oficiales comentaron ayer que el principal problema está «prácticamente solucionado» luego que Batlle conversara con las autoridades del Banco Central para superar la principal dificultad: si es que las AFAP pueden participar de esta manera en la inversión. El informe del Departamento Jurídico del Central sería favorable, según comentaron las fuentes.

«Lucio está ansioso, y es comprensible, pero estamos seguros que antes de fin de mes las obras se ponen en marcha», afirmó un integrante del gobierno.

La megaconcesión comprende trazados, refuerzos, ensanches, reparaciones, construcciones que abarca 1.272 kilómetros de carreteras, y casi tres kilómetros de puentes. El costo total de las obras es de 100 millones de dólares, y los inversores obtendrán ganancia a través del cobro de nuevos peajes. El gobierno prevé crear 3.500 puestos de trabajo con este emprendimiento. *