Desclasificación de documentos

La iniciativa establece que, en principio, todos los documentos que elabora el Estado son públicos, salvo aquellos que expresamente el orden jurídico establece el secreto, como por ejemplo, el presumario en materia penal, y algún documento secreto de estrategia militar.

En el primer artículo se determina que todos los habitantes de la República tienen derecho a solicitar y recibir información. «Este derecho comprende la libertad de búsqueda y de investigación, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento».

En tanto, el segundo artículo establece que «cualquier persona podrá solicitar a los organismos estatales o personas públicas de derecho privado, nacionales o departamentales, que se le permita consultar o se le expida copia auténtica de los actos administrativos que hayan dictado y de los fundamentos que de ellos emanen, hayan sido éstos publicados o no».

En sala se aprobó un inciso referido a que en el caso de que la información «pueda afectar el derecho a la intimidad, sólo podrá ser solicitada por el titular de un interés directo, personal y legítimo».

Asimismo, se determina que «toda persona podrá solicitar a los organismos estatales o personas públicas de derecho privado, nacionales o departamentales, sin necesidad de mandato judicial, que se le permita consultar o se le expida copia auténtica de los documentos de cualquier naturaleza que obraren en poder de aquéllos, conteniendo información relativa al solicitante».

Defensa, DGI y Aduanas

En este caso, también se aprobó por mayoría en el plenario un aditivo que establece que «los ministerios de Defensa Nacional y del Interior, la Dirección Nacional de Aduanas y Dirección General Impositiva podrán negarse a proporcionar información con resolución fundada, dictada por sus jerarcas, cuando la investigación desarrollada por sus servicios refiera a conductas presuntamente ilícita cuya difusión pueda constituir una alteración del orden público, poner en riesgo los intereses de la población o frustrar el resultado de la misma».

Tal aditivo que surgió de parte del Ministerio del Interior hace referencia a que si se está estudiando, por ejemplo, una banda de narcotraficantes, no se pueda solicitar datos hasta que dicho análisis no se convierta en un sumario. Díaz Maynard, resaltó que tal modificación le «pareció razonable, porque el gobierno tiene derecho a mantener tales indagaciones en reserva».

También se sustituyó en sala el artículo 4 y se aprobó que «quedan exceptuados en lo dispuesto en los artículos precedentes la información asentada en bancos de datos públicos cuya divulgación pudiera poner en peligro o afectar el orden público interno, la defensa nacional o la política exterior de la república». Esta disposición comprende las bases de datos de los servicios de inteligencia policial, militar o de Estado y el servicio exterior.

Reserva caduca a los 30 años

El carácter secreto de los documentos no es eterno, sino que con el transcurso del tiempo los mismos se transforman en históricos y, por tanto, pueden ser revisados por cualquier persona. En tal sentido, en el artículo 6 del proyecto establece que la «reserva legal sobre cualquier documento público caducará a los treinta años de su expedición».

Entretanto, en Comisión se había resuelto por unanimidad eliminar del proyecto, el acceso a los documentos, actas e informaciones en poder de la Comisión Para la Paz, luego de diez años de la disolución de la misma.

El argumento fue que el integrante de la Comisión Para la Paz, Carlos Ramela, aseguró que dicha grupo de labor no posee documentos ni actas, por tanto, se resolvió en Comisión que «era inútil legislar algo que no existía».

El diputado Ruben Díaz (Foro Batllista) resaltó que cuando se legisla sobre este tipo de normas «más vale detenerse y recoger todas las opiniones», por lo cual lamentó que no se hubiera «recogido el punto de vista del subsecretario de Defensa Nacional, Roberto Yavarone, porque estas normas si no tienen amplio consenso y no se incorporan a la forma de actuar de la ciudadanía se transforman en normas controvertidas y controvertibles que no cumplen los fines para los cuales se crean».

Por su lado, el diputado Luis Lacalle Pou (Herrerismo) indicó que el Partido Nacional «apoyó y trabajó» en la iniciativa a lo largo de los dos años, resaltó la votación unánime del proyecto en Comisión. Agregó que si las instituciones estatales «no pueden decir hacia afuera lo que se hace adentro, es porque hay algo mal hecho».

Pablo Mieres (Nuevo Espacio Independiente) dijo que es un proyecto de ley de «gran trascendencia que tiene directa relación con la consolidación de la democracia y la valoración del derecho a la información de los ciudadanos en una relación tan asimétrica entre ellos y la administración». *