"No intervenimos de oficio"

La Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, o Anticorrupción, requiere de una disposición judicial para actuar ante un hecho presuntamente delictivo, lo que hasta ahora «felizmente para el país» no ha ocurrido, desde su creación a fines del año pasado, sentenció Balsa.

«No intervenimos de oficio, ni recibimos denuncias. No obstante, tenemos algunas otras funciones en el campo de las medidas preventivas, como es la recepción de las declaraciones juradas», señaló.

«El órgano tiene carácter de asesor y no investigativo. Eso significa que todo el proceso de la investigación, información, la dirección del proceso le corresponde al juez. Y dentro del régimen vigente, le corresponde la acusación al fiscal. Nosotros actuamos como peritos. Es decir, tenemos que estar preparados para poder asistir al juez y si cabe, realizar una investigación bajo dirección del juez». Balsa recordó que, inicialmente, el Poder Ejecutivo, en 1996, envió al Parlamento un mensaje y proyecto de ley que creaba «un órgano de nivel superior con determinadas facultades de investigación», denominado Comisión Nacional de Transparencia Pública. «Se presentaban las denuncias ante la comisión, ésta las calibraba y en el caso de que llegara a considerar que estaba en condiciones de ser definido un eventual delito en ese caso, terminaba su actuación y lo ponía a consideración del juzgado». «El Parlamento entendió en cambio, tras un debate extenso, que la función jurisdiccional tiene que estar bajo la dirección de un magistrado. Entonces, toda la dirección del proceso y la investigación se hace sobre la base de la disposición del juez, la orden y las garantías del juez». La Junta, según se estableció, constituye un órgano del Estado que actúa en el ámbito del Poder Ejecutivo. Constituye un cuerpo con «independencia técnica», aunque la designación y destitución de sus funcionarios corre por cuenta del Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores. Balsa sostuvo que este aspecto es «bastante singular: es el único órgano del Estado que es designado por el Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros. Sus miembros deben ser precalificados por el Senado, por una mayoría bastante exigente: en el caso nuestro, tras la evaluación del Senado nuestra designación fue aprobada por unanimidad, lo cual nos genera una inmensa responsabilidad».

Respecto a la supeditación al Poder Ejecutivo, el jerarca expresó que «la Junta no puede recibir ningún tipo de instrucciones». «Cuando asumí el cargo dije clara y públicamente que lo asumíamos con la independencia de no recibir instrucciones. Lo dije públicamente, esa es una función inherente al cargo y no entenderíamos poder ejercer nuestra actividad de una manera diferente». El presupuesto asignado a esta oficina asciende a un 1.300.000 dólares para este ejercicio. No obstante, el nivel de ejecución ha sido hasta el momento muy bajo: «Los primeros tres meses tuvimos gastos de funcionamiento cero», dijo.

La Junta comenzó a funcionar en forma provisoria en el Edificio Libertad. A partir de marzo se instaló en un edificio sobre la calle Sarandí de Montevideo, aledaño a la Plaza Matriz. Inicialmente funcionó en un despacho del Edificio Libertad. La oficina tiene una dotación de cinco funcionarios, además de los tres integrantes de la Junta y aspira a completar una plantilla de una veintena.