Programa periodístico argentino denunció irregularidades en la embajada de Uruguay

El material periodístico, que se emitió anoche, incluyó entrevistas breves a cuatro personas, presentadas como «ex funcionarios» de la embajada, y a un abogado, experto en derecho internacional, así como una «cámara oculta» en un local que figuraba como proveedor de impresoras a la embajada y que, según el programa, jamás existió. También hace referencia al resultado de auditorías realizadas por el Estado uruguayo a la embajada en los últimos años.

Las denuncias involucrarían las gestiones de los ex embajadores Juan Raúl Ferreira, Adolfo Díaz Estapé y al actual, el doctor Alberto Volonté. No obstante, sobre el ex candidato presidencial, advirtió que cuando asumió la jefatura de la misión de Las Heras y Ayacucho, comprobó a través de una auditoría que «su nueva casa no estaba en orden. Se había argentinizado».

A lo largo del programa -que en el 2001 fue premiado con el Martín Fierro en el rubro investigación- los periodistas argentinos reprodujeron varias veces la expresión del presidente Jorge Batlle a la cadena Bloomberg: (Los argentinos) «son unos ladrones del primero al último».

Sobre el final, un movilero intentó sin éxito una entrevista con el embajador uruguayo Alberto Volonté y el canciller Didier Opertti, quien el martes concurrió a Buenos Aires a entrevistarse con su par argentino, Carlos Ruckauf, ante el diferendo energético planteado entre ambos países.

Empero este último, ante la insistencia del periodista, admitió que los funcionarios de la embajada «requieren indudablemente tener una cobertura de seguridad social» e informó que el tema será asumido en nuestro país por el Banco de Previsión Social. También reveló que este tipo de situaciones se plantea en otras misiones uruguayas en el exterior, por ejemplo, en Ginebra. A su vez, ante la pregunta concreta «¿hoy los empleados de la embajada están en negro?», Opertti respondió: «Debo decirle que si algo está en negro, son los anónimos que el señor embajador ha recibido».

En el programa, rotulado como un caso de «impunidad diplomática», se hace referencia a una millonaria evasión previsional a raíz del pago «en negro» a funcionarios, a actitudes «autoritarias» del actual embajador Alberto Volonté, y a quejas del vecindario por ruidos molestos que provienen de la sede diplomática. También se denuncia el «alquiler ilegal» a particulares argentinos de oficinas o dependencias de la embajada.

Ante la gravedad de las acusaciones LA REPUBLICA intentó contactarse ayer, varias veces, con el embajador Volonté, así como con distintos jerarcas de la Cancillería. Ninguno de los llamados telefónicos fue respondido.

Testimonios

La ex empleada de la embajada Edith González, que trabajó 21 años en la sede sin realizar aportes, dijo al programa estar «absolutamente segura que el gobierno uruguayo sabe que la Embajada Argentina aquí paga en negro».

Omar Calabria, presentado como un ex chofer de la legación durante quince años, quien inició un juicio laboral contra el Estado uruguayo, sostuvo que «son miles de pesos o de dólares que se evaden».

El abogado Julio Varela Armin, en tanto, sostuvo que «Uruguay se estaría sustrayendo de la ley en este punto, y estaría colocándose en un acto de ilegitimidad, que de ninguna manera puede ser amparado».

Otra ex empleada, Mónica Esteche, afirmó que «primero hay que mirar la casa de uno antes de opinar de la casa ajena», y agregó: «yo aparecí en la seguridad social cuando comencé a trabajar fuera de la embajada; ahí existí para el Estado o en aportes, antes no existía». A Adelina López, la tercera ex funcionaria entrevistada, le parecía «rarísimo estar trabajando en una embajada en negro».

Según el abogado, la «evasión previsonal en la embajada uruguaya en Argentina no es un problema actual». Allí, agregó, «existen algunos argentinos, algunos con más de dos décadas de antigüedad, que no solamente no han tenido aportes previsionales, sino que no gozan de ningún tipo de cobertura, ni en el territorio nacional, ni en el extranjero, en este caso Uruguay».

Los periodistas hicieron referencia también a «rendiciones de gastos truchas» y citaron para ello el resultado de una de las auditorías, en la que se comprobó la desaparición de 700 objetos de valor de la embajada. Sin especificar fecha alguna, refirieron a una boleta de la empresa Fany SA, sin número de IVA, firmada por el embajador Adolfo Díaz Estapé. Allí se justificaba un gasto de mil dólares en cuatro impresoras. «Puntodoc» fue hasta la dirección que figuraba en la factura con una cámara oculta y comprobó que la empresa no existía.

«Con facturas sin nombre de empresa se justificaron cientos de gastos y durante 7 años se evitó rendir cuentas a la Cancillería», afirmó uno de los periodistas. Con otra cámara oculta, Puntodoc puso en evidencia el alquiler de oficinas de la embajada a empresas privadas, mediante una simple entrevista a un portero de la misión.

La ex empleada Edith González aseguró que entre los pisos octavo y noveno funcionaron varias oficinas privadas y hasta un estudio de abogados, que gozaban de «inmunidad diplomática».

Otros testimonios, acusan a Volonté de actitudes «autoritarias», por despedir a algunos funcionarios y de ser el responsable de organizar ruidosas fiestas. *