Bajos salarios, falta de controles y los políticos favorecen la corrupción

El informe fue realizado en cumplimiento del convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República, y para el cual trabajaron los polítólogos Gerardo Caetano, Daniel Buquet, Daniel Chasquetti y Rafael Piñeyro.

Del documento, que se hará público este jueves a las 19.30 horas en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República, se desprende que el tema ha tenido su pico mas alto de tratamiento en los medios de comunicación durante el bienio 1995 – 1996.

El informe indica que en el período comprendido entre 1993 y el 2001 se encontraron 4.963 artículos de prensa vinculados al tema de la corrupción. En los primeros dos años el nivel fue bajo y rondó los 100. En 1999 la cantidad pasó a 999 y al año siguiente se registró el punto mas alto al llegarse a los 1970 artículos. Por lo que queda claro que la corrupción como cuestión central en la agenda pública irrumpe en los años 1995 y 1996. Posteriormente se observa un período de lento descenso de la notoriedad del tema, para ingresar en una etapa donde su tratamiento se acerca a los niveles históricos y se llega a que en el 2001 las notas llegan a 139.

También se realiza en este informe un relevamiento en el Poder Judicial a fin de determinar cuantos casos de corrupción fueron denunciados, cuáles delitos tipificados y cuántos ameritaron procesamiento y sentencia.

El peculado (apropiación de dineros u objetos públicos) es el más frecuente entre los delitos cometidos en Uruguay, pues representa algo más del tercio del total de los procesamientos. Con un peso relativo similar sobre el total de sentencias, aproximadamente un 15%, aparecen delitos de fraude (engaño en actos o contratos de la administración en beneficio propio o ajeno), concusión (abuso del cargo a partir de la inducción, transferencia o promesa a un tercero, de dineros públicos y otro provecho) y abuso de funciones (abuso de su cargo con el fin de cometer y ordenar un acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de particulares). Estos cuatro delitos suponen el 60% del total de procesamientos con sentencia y representan las prácticas de corrupción más frecuentes en nuestro país. En segundo plano se encuentran los delitos de soborno (inducción a un funcionario público a cometer delitos), cohecho calificado (retardar u omitir un acto a cambio de un beneficio), y usurpación de funciones (ejercicio de funciones indebidas). Finalmente, aparece un tercer grupo de delitos con un número de procesamientos relativamente menor: usurpación de título (uso indebido de un título), cohecho simple (beneficio de un particular por el simple cumplimiento de la función pública) y revelación de secretos (revelado de información del Estado a terceros).

Otro capítulo del informe se refiere a las observaciones del Tribunal de Cuantas de la República (TCR). Se indica que la información proporcionada por este organismo, a través de sus memorias anuales, permite observar la evolución de las irregularidades en la ejecución de los recursos públicos. Si bien éstas no tienen por qué estar asociadas a prácticas corruptas, conforman la categoría de transacciones del Estado donde parte de estas conductas se pueden llegar a desarrollar. En consecuencia, es relevante determinar su distribución, sus volúmenes y su frecuencia para los diferentes organismos de la administración.

Se constató durante este estudio que entre los 1997 y 2000 el Estado uruguayo tramitó 3.372 licitaciones, de las cuales 1.092 fueron observadas por el TCR, Esto demuestra que el 32% de las licitaciones hechas por el Estado -en tres de cada 10- el gasto no se ajustó a las normas legales. Si nos fijamos en los montos, se licitaron aproximadamente U$S 3.297,4 millones y se observaron U$S 855,2 millones, un 29%. Estas cifras dan un panorama de la magnitud de las irregularidades en los procesos licitatorios en el Uruguay.

Para este estudio, se recurrio a realizar encuestas a funcionarios, usuarios y empresarios. Consultados estos sobre que factor favorece más la corrupción destacan dos elementos: los bajos salarios y la falta de controles. Y entre los tres grupos encuestados existe casi el mismo porcentaje en torno a que el mayor factor es la influencia de los políticos. Se indica que la distribución de las respuestas de los usuarios y los empresarios en este caso muestra diferencias significativas con las obtenidas de los funcionarios. Los porcentages coinciden de forma aproximada solamente en la atribución de los fenómenos de corrupción a «la influencia de los políticos». Los usuarios se concentran más que los funcionarios en la opción que reconoce a los bajos salarios como el factor que más favorece a la corrupción, mientras que los empresarios se ubican de forma opuesta, apoyando esta opción de forma marginal. La inexistencia de controles adecuados muestra un comportamiento inverso, quedando notoriamente rezagada a un segundo lugar para los usuarios en tanto aparece como la causa principal para los empresarios. A su vez los usuarios dan mayor importancia a la complicidad de los superiores y relegan al último puesto a la poca idoneidad o vocación de los funcionarios, mostrando que confían en los funcionarios más que ellos mismos, pero al mismo tiempo desconfían más de sus superiores. *