
Varios legisladores de la coalición de izquierda han reclamado en la interna frenteamplista por la escasa reacción ante el dictamen del Tribunal de Cuentas que destaca vicios de todo tipo en el proceso de licitación para la construcción, por concesión de obra, de un nuevo aeropuerto internacional.
Contactos entre legisladores establecidos en las últimas horas, permiten adelantar que existe una posición mayoritaria de marcar fuertes diferencias con el gobierno del doctor Jorge Batlle en los aspectos económicos y en la administración de los bienes del Estado. Fuentes frenteamplistas destacaron a LA REPUBLICA que una cosa es respaldar la actitud del Presidente de la República de investigar la suerte de los detenidos desaparecidos y otra sostener la polÃtica económica de su gobierno.
Los legisladores sostienen que el dictamen del Tribunal de Cuentas es lapidario en contra del proceso de licitación, y que por la transparencia de la gestión pública se deberÃa anular todo el proceso.
Las fuentes explicaron que se ha hecho publicidad errónea sobre el fallo del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, se ha dicho que el organismo de contralor “no observó” la licitación. Sin embargo, senaló un vocero frenteamplista, el Tribunal sólo puede observar cuando el Estado realiza un gasto, lo que no ha sucedido en este caso, y en los procesos de licitación sólo puede efectuar un dictamen. “Y en este caso, el dictamen fue categórico contra el proceso licitatorio”, subrayó la fuente.
El tema de la licitación de la terminal aérea será analizado el próximo lunes en la Mesa PolÃtica del Frente Amplio, pero se descarta que se trasaladará la responsabilidad de manejar el tema a la bancada de Diputados.
El martes se reunirán los coordinadores de los diferentes sectores del Encuentro Progresista para abordar el tema. Por ejemplo, el diputado de Asamblea Uruguay que ha trabajado en el tema los últimos cuatro anos, Brum Canet, ha sostenido que este “es un tema preocupante”. Subrayó que si bien la resolución de la licitación está en manos del gobierno, “el tema es ya una cuestión de Estado, por cuanto la concesión a privados de la principal terminal aérea por 25 o 30 anos supera los próximos 5 o 6 gobiernos”. Canet insiste en que el gobierno “debe conversar esta decisión con todos los partidos y asegurarse el mayor respaldo polÃtico posible”. “Creemos que estamos en una etapa de diálogo y hay que dialogar, pero hay que resolver pronto”.
Sin embargo, un sondeo en todos los sectores permite adelantar que existe una amplia mayorÃa para establecer un plazo en espera de que el Ejecutivo anule totalmente la licitación. En caso contrario, se llamarÃa a Sala al ministro de Defensa.
Después de trabajar en solitario el tema, el diputado Canet solicitó en la bancada la conformación de una comisión para estudiar las diferentes alternativas. Asà se conformó una comisión que integra junto a los diputados Guillermo Alvarez, José Bayardi, Jorge Orrico, VÃctor Rossi y Doreen Ibarra. Seguramente de lo que decida esta comisión saldrá la resolución de la bancada.
Debido al feriado de turismo, los máximos órganos de conducción de la coalición de izquierda sólo se reunirán la próxima semana. Pero los contactos iniciales, apenas conocida la resolución del Tribunal, apuntan a establecer un plazo para que el Ejecutivo anule la licitación. Ese plazo vencerÃa mucho antes de las próximas elecciones municipales. De lo contrario, se interpelará al ministro de Defensa, Luis Brezzo.
Para concretar la interpelación, la primera de esta administración y que establecerá un récord por el escaso tiempo transcurrido desde que asumió el nuevo gobierno, el Encuentro Progresista no necesita llegar a acuerdos con ninguna fuerza polÃtica.
La Constitución establece que para llamar a Sala a un ministro se necesita un tercio de los votos de la Cámara en que se presente el planteo. En cualquiera de las dos cámaras, la coalición de izquierda supera en votos ese lÃmite. Tiene 12 senadores en 31, y 40 diputados en 99.
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