Batlle reanuda tratamiento del proyecto de pacificación

En el primer caso, se encuentra la denominada ley de pacificación, que el mandatario está elaborando al más alto nivel, con participación especial del secretario de la Presidencia, Raúl Lago.

El alto funcionario coordina además con los titulares de distintos ministerios aspectos de una posible redacción que sería remitida al Parlamento, según algunas previsiones, sobre fines del próximo mes de mayo.

La iniciativa, eventualmente, podría contar con el respaldo de la oposición, concretamente el Encuentro Progresista, para lo cual se verificarán nuevos contactos entre los doctores Carlos Ramela Regules, que representa a Batlle en las conversaciones, y Gonzalo Fernández, que actúa en nombre del presidente del Encuentro Progresista-Frente Amplio, Tabaré Vázquez.

De acuerdo con lo indicado a LA REPUBLICA, la próxima semana el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Alvaro Alonso, continuará analizando el proyecto de ley que le dará cobertura a centenares de ex presos políticos o exiliados durante el régimen militar.

Se asume que el proyecto que se elevará en este sentido será en primera instancia similar al presentado en el Senado (aunque no aprobado), incluidas las modificaciones realizadas por el cuerpo.

Las fuentes consultadas indicaron también que el Poder Ejecutivo aguarda que en el trámite legislativo se introduzcan en proyecto de ley otra serie de modificaciones que determinen que la iniciativa se convierta «en una norma lo más universal posible».

Se pretende que al igual que lo que ocurriera en la ley de restitución de funcionarios públicos, esta ley reconozca los períodos de cárcel o exilio, como anos efectivamente trabajados en la actividad privada, determinando el reconocimiento respectivo del Banco de Seguridad Social.

La deuda que se generaría con el BPS estaría a cargo de Rentas Generales, por lo cual podrían realizarse operaciones de mutua compensación.

Otros dos cuerpos legales

La referida ley de pacificación tendría también otros dos cuerpos legales. Uno referente a los detenidos desaparecidos, y la declaración de fallecidos, y el otro relacionado a la compensación que otorgaría el Estado a los familiares de los mismos.

El primero de estos cuerpos, se dijo, no sería una norma de carácter general. Por el contrario, para su redacción el gobierno esperaría el resultado de la investigación que el Presidente de la República ordenó realizar y que, como primer logro, determinó que se le proporcionara información sobre la nieta del poeta Juan Gelman. No obstante, este aspecto es uno de los más delicados, ya que dentro de la nómina de desaparecidos hay por lo menos cinco ninos quienes, se presume, aún estén con vida. De acuerdo con lo indicado «es imprescindible la inclusión en la referida norma legal de algunos datos concretos que sólo pueden surgir del resultado de la referida investigación». Sobre el punto se mantiene una estricta reserva, indicando la fuente consultada que tanto el presidente Batlle como sus colaboradores más inmediatos, no han dado ninguna indicación sobre este aspecto de la norma legal. Lo único que se conoce es que la misma tendría que ser apoyada por el Consejo de Ministros y que se buscaría para la misma el acuerdo tanto de los «familiares de las personas desaparecidas como de la oposición política».

En ese cuerpo de la llamada Ley de Pacificación se incluirían datos precisos de la información lograda, ya que «una ley de este tipo es un paso fundamental para lograr lo que pretende Batlle, y no es posible declarar a alguien muerto en forma genérica».

Otro «cuerpo» de la ley estaría vinculado a la «compensación» que otorgaría el Estado nacional a los familiares de los desaparecidos, iniciativa estrechamente vinculada con el anterior cuerpo legal. Este tema es de muy difícil resolución, indicándose que se están barajando al más alto nivel diversas fórmulas, incluso teniendo en cuenta legislaciones producidas en el exterior ante situaciones similares. En estos momentos –se dijo– se está analizando una normativa que se está aplicando en la República Argentina.