Referéndum: Corte Electoral se expide en una semana

Hay mayoría para admitir que el referéndum es jurídicamente viable y también alcanzan las firmas, al tiempo que ya se sabe que la concurrencia a las urnas sería el 1º de diciembre. Sin embargo, el presidente del organismo, Carlos Urruty, pidió una semana de plazo para estudiar la documentación. Si bien el ministro Wilfredo Penco pidió que la Corte sesionara hoy o, a más tardar, mañana para dar tiempo al análisis de la discusión, su postura obtuvo únicamente el apoyo de Washington Salvo. El resto de los ministros respaldó a Urruty y pasó el tema para el miércoles próximo.

En la sesión de ayer, Penco señaló que «en el Parlamento se está procesando un proyecto de ley derogatorio de las normas». A su entender, la Corte «no puede eludir su pronunciamiento, ya que eso sería una falta de consideración hacia los cientos de miles de ciudadanos que firmaron para que se concretara el referéndum».

Pronunciamiento obligado

Una comisión representativa de la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional se concentró ayer frente a la Corte a partir de las 16 horas, en reclamo de un pronunciamiento. La dirigencia de la agrupación responsable de reunir más de 700.000 firmas considera que «el ejercicio de este mecanismo de la democracia directa no admite más dilatorias». Carlos Coitiño, presidente de la Comisión, dijo a LA REPUBLICA que sus integrantes continuarán concentrándose en la calle Ituzaingó todos los miércoles «hasta que la Corte fije la fecha para el referéndum». Las manifestaciones son impulsadas por la dirigencia del Sindicato de Antel (Sutel), quienes reclaman que la Corte actúe «con la responsabilidad que le impone la Constitución de cumplir su rol».

El ritmo acelerado de estudio de la derogación de los artículos 612 y 613 del presupuesto a nivel parlamentario, preocupa a la Comisión de Defensa del Patrimonio.

Coitiño indicó que la derogación dejaría «un vacío en el texto» al no contemplar la vuelta a la vigencia de la antigua Carta Orgánica de Antel, que regía previamente a la presentación del presupuesto por parte del gobierno de Jorge Batlle. Este vacío legal motivó al Encuentro Progresista y al senador Rafael Michelini a oponerse a la derogación de los artículos el martes, cuando la misma fue aprobada en el Senado con los votos de blancos y colorados.

Coitiño asegura que la Corte «de cumplir. La ley de derogación no está vigente pero sí lo está la voluntad de más de 700.000 firmantes. Vamos a seguir insistiendo. Cuando termine proceso de promulgación de la ley estaremos recién en condiciones de evaluar su significado pero ahora, la Corte debe pronunciarse». *