Abreu y Scaglia discrepan con el planteo de fusionar directorios de UTE y Ancap

Uno de los aspectos que generó mayor polémica fue el relacionado con el artículo 12 del proyecto que se refiere a que el Poder Ejecutivo, con anterioridad al 1º de marzo de 2005, solicitará a la Cámara de Senadores la venia correspondiente para designar miembros comunes en los Directorios de Ancap y UTE.

En ese sentido, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Doreen Javier Ibarra (Frente Izquierda de Liberación) expresó su «sorpresa», ya que «ni el ministro ni los presidentes de Ancap y UTE pudieron contestar ante la Comisión qué sucederá con la fusión de ambos directorios como así lo plantea la Rendición de Cuentas».

El legislador encuentrista sostuvo que se desconoce si esa propuesta significa «eliminar a los dos directorios y nombrar uno solo para ambos entes, mantener los directorios y que alguno de los directores de esos entes se complementen y formen un tercer directorio, o si lisa y llanamente significa liquidar ambos directorios».

«El ministro dijo que él también estaba confundido y que, por tanto, no podía explicar ese aspecto. Pero tampoco lo pudieron explicar ni Sanguinetti ni Scaglia, por lo cual manejamos la posibilidad de citar nuevamente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o al Ministro de Economía y Finanzas, AlejandroAtchugarry», aseguró Ibarra.

Tanto Abreu como Scaglia coincidieron en que debería mantenerse la autonomía absoluta de cada Ente Autónomo para de esa manera poder competir con mayores posibilidades con la actividad privada.

«Autonomía»

Sobre la fusión de los Entres, el ministro Abreu sostuvo que «es importante analizarlo desde el punto de vista jurídico, comercial e institucional».

Aunque agregó: «Queremos que los Entes del Estado se integren en forma más dinámica a la actividad comercial, pero teniendo en cuenta, además, una autonomía relativamente razonable.

Esto quiere decir que la autonomía, se dé no sólo desde el punto de vista jurídico sino también técnico que se mantenga y que pueda trabajarse más en conjunto porque tenemos que coordinar la acción de los organismos del Estado en función de las políticas de carácter general».

Por otra parte, Abreu consideró que a su cartera no la afectan tanto los recortes porque «tiene una limitación clave por el tema inversiones ya que solamente ejecuta y dirige políticas. Es casi una unidad ejecutora con menores recursos. En ese sentido tenemos 400 funcionarios».

«Planteamos un reclamo respecto del Fondo de Desarrollo y Defensa Comercial que estaba pendiente, y que el Ministerio de Economía y Finanzas no liberó los fondos que son presupuestales. Pero no hay mayor problema con el tema de los recortes, porque somos más ejecutores y programadores de políticas que en temas de inversiones y manejos de recursos», señaló el secretario de Estado.

También se discutió en Comisión el artículo 147 de la Rendición referido a que Ancap no podrá financiar pérdidas de sus actividades de Cemento Portland y Alcoholes, utilizando resultados de sus otras áreas de negocios. Por lo cual, el Ejecutivo plantea instruir al Directorio del ente para que presente «un informe con el diagnóstico actual de las actividades comerciales deficitarias, sus alternativas y proyecciones de funcionamiento futuro».

En ese sentido, Jorge Sanguinetti planteó ante la Comisión que la idea del Directorio es que en caso de la persistencia de pérdidas pasen esas áreas de actividad al derecho privado.

Aunque, según el diputado Ibarra, «eso no está reflejado en artículo, el cual simplemente dice que el ente Ancap no puede colaborar con esas áreas de actividad, lo que quiere decir liquidar del día a la noche la producción del Cemento Portland o los Alcoholes. El primero de ellos ha dado pérdidas por la baja sustancial de la actividad en la construcción, y el segundo por las malas asociaciones que se hizo con la Empresa Morgan que originó una deficiente gestión».

Por otra parte, el diputado José Amorín Batlle (Batllismo, Lista 15) sostuvo que las negociaciones para aprobar la Rendición ya han comenzado a entablarse con el Partido Nacional y que la intención del gobierno es aprobar el proyecto una semana antes de que culmine el plazo constitucional, aproximadamente el 8 de agosto próximo.

Por su lado, el diputado herrerista Ricardo Berois afirmó que la Rendición tiene aspectos discutibles y que uno de los tragos amargos con los cuales los nacionalistas no estarían de acuerdo se refieren al retiro obligatorio de los funcionarios públicos a los 65 años de edad, y a los artículos referidos al Banco Hipotecario del Uruguay. Asimismo, indicó que el condicionamiento del Ejecutivo a las partidas para las intendencias generará división en su colectividad política. *