Serpaj cuestionó política económica del gobierno

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) criticó al gobierno de Jorge Batlle por aplicar una política económica que demuestra «inconsistencia y falta de solidez» y apuntar a «profundizar estructuralmente la pobreza de muchos y la riqueza de unos pocos».

Bajo el título «Un llamado a la responsabilidad del Estado», Serpaj expresa su certeza de que «el gobierno ha ido perdiendo credibilidad con su política económica», demostrando una «falta de sensibilidad» que «menoscaba los derechos humanos de la mayoría de los uruguayos».

La organización entiende que la política económica aplicada por los sucesivos gobiernos «se traduce en la conculcación de los derechos más básicos de gran mayoría de la población uruguaya, como son el derecho al trabajo, a la salud, a vivienda digna, a alimentación adecuada, a la educación, entre otros». Esta política «profundiza las brechas económicas y sociales» y es «impuesta por organismos internacionales que solamente exigen recortes de los gastos del Estado, aumento de precios y tarifas que golpean a la gente , sin reactivación de la producción para generar empleo y sin contemplar las desigualdades a través de políticas sociales».

Corrupción y marginación

La dirección de Serpaj encuentra «evidente» que el plan económico del gobierno «sólo conduce a la marginación social, al desempleo, a la emigración de miles de uruguayos, en definitiva a una crisis social sin precedentes y cuyas consecuencias son el menoscabo progresivo de los derechos fundamentales de los individuos».

Exclusión, marginación, desocupación, infantilización de la pobreza, hambre, inseguridad en las calles y aumento de la delincuencia son «formas de violencia» para la ONG, que destaca especialmente el rechazo de la sociedad a un proyecto que «conduce a la desintegración social en forma progresiva, a la desvalorización del ser humano, a la pérdida de los valores más caros, a la corrupción en sus múltiples expresiones que va desde el vaciamiento de los bancos hasta la corrupción de funcionarios del Estado, que desprestigian la función que cumplen y en muchos casos terminan procesados».

La pérdida de credibilidad del gobierno es un aspecto que preocupa a Serpaj, que reclama «señales de coherencia y verdadero compromiso» del nuevo ministro de Economía, Alejandro Atchugarry.

Respeto a la dignidad

Serpaj reclama que el Estado uruguayo cumpla con los derechos «inherentes a la condición humana e inalienables», en el entendido que los mismos deben ser concebidos «indivisibles e interdependientes, derivados de la dignidad humana. Es el Estado quien tiene la obligación ineludible de garantizar los derechos fundamentales de todos sus habitantes pues son los que hacen a la dignidad humana: el trabajo, educación, alimentación, salud, vivienda y seguridad social. Para garantizar estos derechos se deben implementar políticas económicas y sociales que combatan la desigualdad social, generen empleo y eliminen la pobreza, mientras esto no suceda se estarán menoscabando los Derechos Humanos de la gran mayoría de los uruguayos». *