Poder Ejecutivo aprobó nueva reglamentación de trasmisión y distribución de energía eléctrica

El Poder Ejecutivo aprobó por decreto los reglamentos que regirán el funcionamiento de los servicios públicos de trasmisión y distribución de energía eléctrica, según los principios consagrados en el marco regulatorio del sector (Ley N° 16.832).

Los decretos establecen normas que regulan los precios y la calidad en los servicios de transporte de la electricidad a través de líneas de alta, media y baja tensión –desde las centrales de generación a los centros de consumo– y consagran el libre acceso a las redes por parte de los generadores y grandes consumidores. El objetivo de las nuevas reglas es incentivar la eficiencia en el servicio brindado en condiciones de monopolio natural.

Por otra parte, en los próximos meses la UREE aprobará un Reglamento de Calidad en el que se fijarán los estándares de calidad requeridos, sanciones para el caso en que éstos no sean cumplidos por el distribuidor y compensaciones para los usuarios.

En este caso también se establecerá un régimen de transición con metas de calidad crecientes hasta llegar al punto objetivo.

Libre competencia

La Ley N° 16.832 abrió a la libre competencia la generación y comercialización de electricidad (que dejó de ser servicio público) y creó un mercado mayorista de energía eléctrica en el que actuarán generadores, distribuidores, grandes consumidores y comercializadores. La trasmisión y la distribución de electricidad, en cambio, mantienen sus características de monopolio y de servicio público y están a cargo de UTE. La tarifa de los consumidores finales –clientes del distribuidor– es un precio regulado compuesto por los costos de las compras de energía, los cargos por el uso de la red de transporte y la remuneración que percibe el distribuidor por su actividad. Esta última es conocida como el Valor Agregado de Distribución Estándar (VADE), los costos en los que incurriría una empresa eficiente de referencia por brindar el servicio en las mismas condiciones que UTE, más una utilidad razonable.

El VADE será determinado en base a un estudio contratado por UTE y supervisado por la UREE que se encuentra en proceso. El resultado será un informe de acceso público. *