AFE le debe sólo a Tacuarembó 700 mil dólares y el INDA hace seis meses que no paga

Intendencias denunciaron virtual default del Estado

Los jefes comunales plantearon el tema el miércoles pasado en una reunión con la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja. Allí reclamaron que el gobierno nacional aplique un régimen de compensación de deudas con las comunas y rechazaron radicalmente el artículo 150 de a Rendición de Cuentas, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a retenerles las partidas si tienen atraso en el pago de los entes estatales.

Atrasos constantes

Entre los atrasos del gobierno central se citó el caso de AFE, que según el intendente de Tacuarembó, Eber Da Rosa, «no paga la contribución inmobiliaria a las Intendencias desde hace años» y tiene una «deuda monstruosa. Me animo a decir que solo a la Intendencia de Tacuarembó le debe alrededor de 700.000 u 800.000 dólares».

El INDA, por su parte, tiene un atraso de seis meses en los pagos, lo que implica que «en lo que va del año 2002 no ha transferido parte de los recursos para la compra de productos alimenticios».

El intendente de Soriano, Gustavo Lapaz, dijo a los diputados que en el caso de las partidas de Casinos, que están atrasadas hace más de un año, «la Tesorería General de la Nación es la que nos dice que el dinero no está disponible». Sobre este punto el intendente de Treinta y Tres, Wilson Elso Goñi, agregó que «desde que el apostador paga hasta que nosotros recibimos el dinero, el expediente baja, sube, sube y baja. El año pasado se nos dio un pequeño adelanto pero prácticamente a todos se nos debe el año entero. Además, se nos deben seis meses de este año. Esa es la realidad y cada vez que recibimos los pesos, valen menos».

¿Unitarios o federales?

El 28 de mayo pasado las Intendencias no llegaron a tiempo a pagar sus aportes en el Banco de Previsión Social (BPS) porque la partida del gobierno nacional para complementar esos aportes no llegó a tiempo. El directorio del organismo no brindó plazos especiales y las comunas debieron pagar multas y recargos. El intendente de Lavalleja, Herman Vergara, señaló a la comisión legislativa que Uruguay «es un Estado unitario, no federal. No nos parece razonable que si el gobierno central nos está adeudando una partida por concepto de aportes al BPS nosotros tengamos que pagar multas, recargos e intereses de mora al mismo Estado por no haber recibido de ese poder central una determinada partida». Para solucionar esta situación el Congreso solicitó a los legisladores que estudien la posibilidad de aplicar un régimen de compensaciones con la condición que dicha compensación tenga validez si es a solicitud de los intendentes y no del MEF. En ese sentido, se oponen radicalmente al artículo 150 de la Rendición por considerar que las partidas que el gobierno central transfiere a las comunas corresponden a los departamentos «igual que la contribución inmobiliaria o la patente de rodados».

Posiciones dispares

Los diputados Arturo Heber y Doreen Javier Ibarra respaldaron la postura de los intendentes, mientras que el forista Ruben Díaz fue el único asistente a la reunión que cuestionó el planteo.

Heber reconoció que «no puede ser que las Intendencias tengan que pagar pero no les paguen. Tenemos que buscar una solución que no signifique matar a las Intendencias». Doreen Ibarra, por su parte, coincidió con el Congreso en que el artículo 150 implica «una interferencia en la libre administración de los gobiernos departamentales. Inclusive hay pautas que indican que estaríamos ante una inconstitucionalidad».

En una posición opuesta, Ruben Díaz cuestionó que «compensaciones de este tipo tengan que hacerse a partir de las opiniones de los intendentes» y reclamó la presentación del estado financiero de las comunas. Si bien admitió la existencia de las partidas del gobierno central, apuntó que no sería «bueno constatar que los fondos de que disponen (las comunas) a través de recursos que se generan en el propio departamento han ido sistemáticamente disminuyendo y han pasado a tener una mayor dependencia financiera de la administración central, que cada vez tiene que brindarles mayor asistencia». *

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