Ley de Urgencia: el senador quincista responde a sindicatos

Atchugarry: "No sé si es inconstitucional o no"

«Nos asombra que se diga que se va a estar en contra de que se bajen tributos y que se va a estar en contra de que se bajen los gastos superfluos. Me asombró, pero cada cual sostiene su punto de vista», dijo y agregó: «Por primera vez en 50 o 60 años, y pese al déficit muy grande que hay, el gobierno no aplicó el clásico ajuste fiscal de aumento de impuestos. Por el contrario.

La Ley de Urgencia baja los impuestos en el caso del agro y habilita al gobierno a bajarlos en otros sectores».

Como informó LA REPUBLICA en su edición del lunes, la Sala de Abogados de la Mesa Sindical Coordinadora de los Entes Públicos había calificado a la Ley de Urgente Consideración como «inconstitucional» por contener disposiciones que afectaban los presupuestos y la autonomía de los entes, así como disposiciones que requerirían de mayorías especiales, y no de una aprobación por mayoría simple.

Los sindicatos denunciarán públicamente el proyecto a través de movilización que ocurrirán a partir del de mayo. Según los sindicatos, la iniciativa, recién enviada al Parlamento, «se ampara en los mecanismos constitucionales de urgente consideración para ocultar la intención del gobierno blanco y colorado de privatizar y tercerizar servicios públicos». En respuesta al planteo sindical, el senador jorgista dijo no saber si la ley violenta la Constitución, pero pareció justificar su aprobación porque agradaría a la población.

«Los abogados del PIT-CNT dicen que es inconstitucional que el gobierno pueda bajar los impuestos. Yo no sé si es o no inconstitucional pero creo que toda la población está de acuerdo en que, si se puede, se bajen los impuestos», comentó en declaraciones a CX22 Radio Universal.

La Ley de Urgencia contiene disposiciones que prevén rebajas en aportes patronales a costo de Rentas Generales, además de disposiciones que habilitan al Poder Ejecutivo a intervenir en los presupuestos de los entes pero excluyen al Poder Legislativo. Otras disposiciones, también cuestionadas, alteran los cometidos esenciales de empresas públicas como AFE, UTE o la Administración Nacional de Puertos.

Atchugarry agregó: «Si hay déficit y vamos a rebajar los impuestos, vamos a tratar de cortar un poquito los gastos».

«Nadie es mago. Si no se aumenta el impuesto, tratemos de bajar los gastos», ilustró.

Sostuvo además que con la eventual aprobación de la Ley «el gobierno queda facultado para llamar al ente tal y decirle mire: tiene que rebajar a la mitad los gastos de publicidad o de viajes o de autos».

Agregó que la norma «es totalmente constitucional porque no se lo obliga al ente».

«Se le dice: mire, para mí, usted no puede gastar más de esto, en diez días me contesta si está de acuerdo o no. Si está de acuerdo, fantástico, ahorramos, bien para el país, la producción y la gente que trabaja.

Si el organismo dice que va a gastar lo mismo, bueno, lo único que dice el artículo es que se estará a las facultades que la Constitución otorga al gobierno, que entre otras cosas, si hay una resolución que dice que se gasta un millón de dólares en publicidad, el gobierno puede suspender esa resolución de un Directorio que no le haga caso».

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje