Banco Central pretende que la Justicia procese al periodista Samuel Blixen

La noticia fue difundida por el programa «Plan B» de 1410 AM LIBRE.

La pretensión se sustenta en las informaciones publicadas en el referido semanario, de autoría de Blixen, acerca de una serie de retiros de depósitos realizados por varios dirigentes políticos colorados y algún blanco, en los días previos a la aprobación del último ajuste fiscal y cuando se mencionaba insistentemente la posibilidad de implantación de «un corralito» en el sistema bancario uruguayo.

Después de una exhaustiva investigación ordenada por el Banco Central, se acusó a un funcionario de una institución, que el periodista no identificó, como presunta fuente de Blixen, aunque tal extremo aún no ha sido fehacientemente probado.

Pero las autoridades del BCU consideran que el periodista también contribuyó a revelar el secreto bancario y habría violado el artículo 25 del decreto ley 15.322 que obliga a mantener el secreto para todas las operaciones de carácter financiero.

El caso está radicado en el Juzgado montevideano a cargo del magistrado Homero Da Costa, quien se negó amablemente a confirmar o desmentir la noticia «porque la investigación está comprendida en el secreto de presumario». Sin embargo sí confirmó que su Juzgado no ha recibido ninguna denuncia al respecto del periodista.

Pero las fuentes bancocentralistas que aceptaron hablar con LA REPUBLICA dijeron que «se pretendía que la Justicia tomara de oficio la denuncia contra el periodista», aunque no explicaron por qué no la presentaba el propio BCU.

Cabe señalar que públicamente ningún jerarca del Banco Central responsabilizó al periodista por la difusión de la información sino que destacaron la responsabilidad de los funcionarios bancarios que la hubieran facilitado.

La polémica por las acción de tres legisladores del Partido Colorado (Daniel García Pintos, Ruben Correa Freitas y Ronald Pais) y el asesor del Ministerio de Economía, Isaac Alfie, que retiraran fondos en los días previos a la votación del ajuste fiscal, se centró en la violación del secreto bancario y no en la posibilidad de que los jerarcas manejaran información privilegiada.

Los banqueros advirtieron rápidamente sobre la violación del secreto bancario y alertaron que la reiteración de este tipo de hechos afecta la salud y credibilidad del sistema, y señalaron que la celeridad con que se actúe para identificar a los responsables y evitar que esta situación se repita.

A su vez el Banco República inició una investigación para ubicar al o los responsables del suministro de información.

Según un informe de la calificadora internacional Standard & Poor’s a mayo de este año los retiros de depósitos del sistema financiero alcanzaron 1.400 millones de dólares. *